El repliegue de los intocables: Confesiones a las puertas de «SeNaSa 2.0»
Un análisis de pasillo, leyes y números que no cuadran.
Santo Domingo. – En los pasillos del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se respira un aire denso, de ese que precede a las tormentas judiciales. La brisa trae un murmullo persistente que ya no se puede ocultar: el andamiaje defensivo de uno de los casos de corrupción más estrepitosos de los últimos años empieza a desmoronarse por dentro.
Cinco de los diez imputados en el desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) han decidido colgar los guantes de la inocencia. Ante el peso aplastante de las pruebas que custodia la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), han optado por la vía del pragmatismo judicial: el juicio penal abreviado. En buen dominicano, admitir la culpa antes de que el mazo del juez Deybi Timoteo Peguero caiga con toda la fuerza del código penal.
Lo que comenzó como una acusación por una estafa de 15,000 millones de pesos ha tomado un tinte todavía más dramático. Las auditorías y el rastreo financiero de la Pepca han empujado la aguja del taxímetro de la corrupción hasta superar los 19,000 millones de pesos.
Para ponerlo en perspectiva, no estamos hablando de un desvío administrativo menor; hablamos de una estructura que presuntamente drenó de manera sistemática los fondos destinados a la salud de los dominicanos más vulnerables entre los años 2020 y 2025.
Los Cargos en el Expediente: La Pepca no se ha guardado nada. El menú acusatorio incluye coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.
El desplome del frente de defensa no es casual. El juego de fichas comenzó a moverse cuando imputados como Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo decidieron cantar temprano frente al tribunal. Admitieron sin rodeos el pago de sobornos para aceitar la maquinaria controlada, según el expediente, por el exdirector ejecutivo de la entidad, Santiago Marcelo Hazim Albainy. ¿El premio a su confesión? El beneficio de esperar el juicio bajo el cobijo del arresto domiciliario, lejos del frío cemento de la cárcel de Las Parras.
Este espejo es el que hoy miran con atención los otros cinco encartados que buscan desesperadamente un pacto similar. El calendario corre en su contra:
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30 de julio: Esta es la fecha marcada en rojo. El juez Deybi Timoteo Peguero revisará de manera obligatoria las medidas de coerción de quienes hoy duermen en Las Parras. Llegar a esa vista con un preacuerdo firmado bajo el brazo es la diferencia entre la libertad condicional y seguir tras las rejas.
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La cúpula en el banquillo: El cerco se estrecha sobre las figuras principales de la presunta red, encabezada por Hazim Albainy junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez.
Si alguien pensaba que con este grupo se cerraba el capítulo, se equivoca. Fuentes ligadas a la investigación confirman que el Ministerio Público no tiene intenciones de detenerse. Bajo la dirección de la procuradora de corte Mirna Ortiz, la Pepca ya cocina la secuela de este expediente bajo el nombre clave de «SeNaSa 2.0».
Esta nueva fase promete no limitarse al retrovisor de la historia reciente. Las pesquisas apuntan a que los tentáculos de la red podrían rozar a actores vinculados al presente del organismo de salud estatal.
La estrategia de la procuraduría parece clara: usar las confesiones de los cinco «arrepentidos» de hoy como el combustible necesario para encender los motores de la investigación del mañana. El caso SeNaSa apenas comienza a mostrar sus verdaderas dimensiones, y en este juego de tronos judicial, salvar la piel individual parece ser la única regla de sobrevivencia que queda en pie.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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