Carlos Marquez Cabrera /
El diagnóstico financiero de la República Dominicana presenta una de las contradicciones más aberrantes del sistema económico regional.
Por un lado, nos encontramos ante una ciudadanía cuyo comportamiento de pago es impecable: los informes de la Superintendencia de Bancos confirman de manera sostenida que la morosidad general del sistema financiero apenas ronda un histórico 1.8% a 2.1%.
Esto significa, en términos matemáticos absolutos, que más del 98% de la cartera de crédito en el país se cobra puntualmente y al día.
El trabajador, la clase media, el profesional y el pequeño comerciante dominicano hacen malabares presupuestarios para no caer en el incumplimiento.
Sin embargo, en el extremo opuesto de esta balanza de disciplina social, el sector bancario responde a este comportamiento ejemplar con una de las estructuras de crédito de consumo más caras, opacas y extractivas de toda América Latina: el negocio de las tarjetas de crédito.
Mientras los manuales de finanzas tradicionales sostienen que las tasas de interés deben calcularse en función del riesgo del deudor, la banca múltiple dominicana aplica una lógica diametralmente opuesta.
Con una cartera de financiamiento mediante tarjetas de plástico que ya supera holgadamente los 180,000 millones de pesos activos, las entidades financieras imponen tasas ponderadas anuales que oscilan entre el 50% y más del 70% efectivo, sin contabilizar la cascada de penalizaciones acumulativas.
No existe justificación técnica ni prudencial que valide semejante nivel de rendimiento en un mercado donde la morosidad es prácticamente inexistente.
Lo que presenciamos no es una gestión prudente del riesgo, sino la institucionalización de una renta usurera que extrae liquidez de los hogares para inflar los balances de utilidades de un oligopolio bancario súper concentrado.
El verdadero engranaje de esta trampa no reside únicamente en la astronómica tasa nominal, sino en la arquitectura de costos ocultos y métodos de cálculo diseñados para perpetuar la deuda del usuario:
A diferencia de otros sistemas financieros más avanzados, la fórmula de cálculo aplicada en el país suele computar los intereses no sobre el saldo pendiente real tras un abono, sino sobre la totalidad del balance generado desde la fecha de corte. Este mecanismo anula el esfuerzo del ciudadano que realiza pagos parciales significativos, cobrándole intereses por un dinero que ya devolvió al banco.
El negocio del «pago mínimo»: Diseñado bajo una estructura algorítmica que apenas amortiza una fracción insignificante del capital, el pago mínimo cubre primordialmente comisiones e intereses acumulados.
Las estadísticas del sector revelan que más del 60% de los tarjetahabientes recurrentes cae en la rutina del pago mínimo. Un usuario que consuma 50,000 pesos y limite su abono a esta opción requerirá hasta dos décadas para liquidar la deuda inicial, habiendo pagado en el trayecto más de cuatro veces el valor del consumo original.
La cascada de cargos y seguros obligatorios: A las comisiones por emisión, renovación anual y cobros automáticos por avances de efectivo —que imponen penalizaciones inmediatas desde el segundo cero— se le suma la imposición de polizas de seguro de pérdida, desempleo o sobregiro.
Estos cobros representan un flujo constante de miles de millones de pesos en ingresos extraordinarios para los bancos, sin que exista una contraprestación real o una opción clara de libre elección para el cliente.
Las consecuencias de esta distorsión trascienden la esfera individual y golpean de lleno la competitividad de la economía nacional.
Cuando una porción sustancial del ingreso mensual de las familias se destina a amortizar los intereses usureros de las tarjetas, se produce una contracción automática del consumo en el comercio local, se anula la capacidad de ahorro y se asfixia el microemprendimiento.
Asimismo, en sectores estratégicos como el turismo interno y los negocios de base, el uso del plástico se convierte en una doble tijera: por un lado, paraliza el poder de compra del visitante nacional y, por el otro, castiga al pequeño restaurante, al artesano o al hotelero con comisiones por uso de punto de venta (POS) que van del 2% al 5% por transacción, reduciendo sus ya ajustados márgenes de beneficio.
Es imperativo que la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos asuman una postura firme, valiente y comprometida con el interés público.
No basta con publicar cuadros comparativos de tasas de interés como si se tratara de un mero ejercicio académico; la autoridad reguladora tiene el deber de intervenir un mercado notoriamente distorsionado.
Se requieren reformas normativas urgentes que fijen topes razonables y vinculados a la Tasa de Política Monetaria para el crédito de consumo, eliminen el cobro de comisiones sobrecomisionadas y transparenten por ley el método de cálculo del saldo adeudado.
La inclusión y la digitalización financiera no pueden seguir sirviendo de fachada para la expropiación silenciosa del salario dominicano.
Proteger el bolsillo de quien cumple a tiempo no es un favor ni una concesión especial; es un acto elemental de justicia económica, un requisito para el desarrollo del comercio y la única vía para garantizar la equidad social en la República Dominicana.
