Por: Melania Emeterio R.
Por fin ya República Dominicana tiene un nuevo Código Penal. Fue así como se puso punto final a la vigencia del pasado Código, con el cual convivimos por largo tiempo, pues databa del año 1884. Después de varias décadas de esfuerzos y pausas, ya se arribó a su promulgación, y darle paso a su necesaria aplicación, o entrada en vigencia. Aun faltan asuntos derivados de la aprobación de algunas modificaciones tardías que fueron sugeridas, pero la nueva ley ya es un hecho.
Como ocurre casi siempre, frente a la sustitución de lo viejo por lo nuevo, ahora estamos en el momento de los vaticinios e inconformidades de quienes no están a gusto con lo que finalmente ocurrió. Personas hay que entienden que es un Código Penal moderno, otras, en cambio, hasta hablan de retroceso. Pero todo esto pasará, y en definitiva ya hay que asumirlo como una realidad. Todo esto, de seguro, ira tomando su forma en el tiempo, y vendrá la adaptación.
Conforme a los comentarios de especialistas en la materia, ya han trascendido algunos de los componentes de esta ley penal. Por ellos se sabe que hay varios delitos nuevos, y otros con penas aumentadas. Están ahí también los delitos tecnológicos, los cuales constituyen un aspecto importante dentro de la novedad. Con este tipo de delito ya han sido perjudicadas muchas personas. Lo que mayor discusión, inconformidad, y confrontación han generados antes de la puesta en vigencia, son los delitos referentes a la libertad de expresión.
Ahora lo que corresponde de inmediato es impulsar un proceso amplio y riguroso de capacitación. Seguramente ya debe estarse dando en todo el personal responsable de la administración de justicia, aquellos que la aplican, y los agentes que tienen como misión perseguir el delito. Igual tiene que suceder con las y los profesionales del Derecho, pues son quienes seguirán asumiendo la defensa, tanto de víctimas como de victimarios. Además de esa capacitación para esos especialistas, hay que pensar por igual en lo que necesita con urgencia la ciudadanía dominicana, pues cada día se la ve más abocada a la comisión de delitos.
El pueblo, por razones diversas, necesita ser capacitado y orientado sobre el nuevo Código Penal. Con frecuencia se cree que solo, quienes han estudiado la carrera de Derecho son las únicas que deben conocer las leyes. En ese sentido hay que desmitificar ese credo, pues las leyes son para aplicarlas a todo el universo social, sin importar conocimiento o desconocimiento sobre estas.
La puesta en vigencia del Código Penal, de parte de las organizaciones sociales y políticas, no debe pasar por desapercibida. Para fines de capacitación se deben convocar: organizaciones comunitarias, gremiales, políticas, religiosas, colectivo de trabajadoras del hogar, los ayuntamientos y cualquier otro colectivo. Para formar la conciencia preventiva del delito, deben implementar, lo más rápido posible, programas de educación y orientación sobre esta normativa. No nos referimos a una jornada, o a un taller. Nos referimos a una capacitación amplia con carácter permanente. La prevención del ilícito es sabia y atinada, y mucho más en esta ocasión donde hay nuevos delitos y acumulación de las penas, y a cualquiera se le aplicará.
Nunca como ahora se torna más urgente y oportuno trabajar para la prevención del delito. La educación ciudadana debe enfocarse en esto. Son muchas las personas, y grupos de ellas que cometen delitos quizás por ignorancia, o a lo mejor porque, al no recibir consecuencias, se han habituado a esa práctica. Entonces, hay que educar, a todos los niveles, sobre esta situación. También pueden existir personas o grupos de ellas que suponen que lo que están haciendo no puede como llevar una sanción drástica como la prisión o multa. Para prevenir circunstancia que se salen de nuestro control habitual, es esencial prevenir en base a conocimientos.
Si en el país ha habido descuido en la prevención de ciertos males, ojalá que frente el nuevo Código Penal se rompa ese esquema. Es esencial educar sobre esta normativa mediante una campaña que proyecte las bondades, y adelantos que tiene, así como aquello que resulta una amenaza drástica. Para facilitar la campaña masiva, el mismo Congreso Nacional debería hacer grandes tiradas ejemplares, y entregarlas a los sectores populares. Se deben buscar iniciativas que faciliten el abaratamiento de este documento esencial, para que cualquiera pueda tenerlo en manos. En este momento no se trata de que se tenga conocimiento de la ley completa, pero si de asuntos esenciales que toquen los aspectos que más inciden en la comisión de ilícitos de parte de muchos dominicanos y dominicanas de todas las edades y condición social.
