A primera vista, un decreto de rutina para ordenar la zafra 2026-2027; tras bambalinas, un severo ajuste de tuercas del Poder Ejecutivo para evitar el desabastecimiento, frenar a los intermediarios y apretar el cerco sobre las exportaciones.
Un decreto con sabor a medicina preventiva
La noche de este lunes irrumpió con un comunicado frío pero cargado de rigor burocrático desde el Palacio Nacional: el presidente Luis Abinader promulgó el Decreto núm. 719-26. En el papel, la norma fija los rieles sobre los que rodará la zafra azucarera correspondiente al período 2026-2027. En la práctica, funciona como un candado institucional para blindar el consumo nacional antes de que un solo saco de azúcar cruce la frontera.
El mensaje implícito del Ejecutivo es tajante: el azúcar del país se queda prioritariamente en el país. Solo cuando la demanda de los hogares y las industrias locales esté plenamente satisfecha —y los excedentes del ciclo anterior verificados—, se abrirán las compuertas para abastecer los mercados preferenciales como Estados Unidos o la Unión Europea.
Los 5 candados del Decreto 719-26
Para entender la magnitud del ajuste de tuercas gubernamental, basta con observar cómo el decreto va cerrando, paso a paso, cada una de las fisuras por donde históricamente se colaba la especulación en el mercado azucarero:
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Prioridad absoluta al mercado nacional: La norma arranca imponiendo una regla de oro: la producción total de la zafra y los inventarios remanentes del año anterior deben destinarse, primero y sin excusas, a cubrir la demanda local. Con esto, el Ejecutivo levanta un muro de contención contra el desabastecimiento y frena potenciales escaladas inflacionarias en la canasta básica.
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Inazucar con la llave del puerto: Se prohíbe de forma categórica que cualquier embarque de azúcar, melaza o subproductos salga del territorio nacional sin un permiso expreso del Instituto Azucarero Dominicano. Además, si el campo no rinde lo suficiente y hace falta importar, será únicamente esta institución la facultada para autorizar y distribuir las licencias correspondientes.
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Cerrojazo a los «traders» de papel: Uno de los golpes más certeros del decreto recae sobre los Certificados de Elegibilidad sobre Cuota (CQE), vitales para ingresar al cotizado mercado estadounidense. La disposición establece que estos permisos solo podrán entregarse a ingenios y empresas productoras autorizadas, prohibiendo de manera tajante su emisión a favor de terceros o intermediarios que negociaban con las cuotas sin sembrar una sola mata de caña.
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Fiscalización y reportes «relámpago»: Cero margen para maniobrar en la sombra. Las azucareras tendrán un plazo estricto de ocho días hábiles para notificar cada venta concretada en Estados Unidos o la Unión Europea y remitir copia fiel del contrato. Asimismo, contarán con apenas tres días hábiles para entregar los certificados de cantidad y calidad tras recibir el informe de desembarque.
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Sanción de hierro al silencio: El decreto exige informes mensuales sobre variaciones en las estimaciones de molienda. Si una empresa detecta que no podrá cumplir con su cuota asignada y no lo declara a tiempo, el Poder Ejecutivo aplicará un castigo directo: recortes proporcionales en sus asignaciones de exportación para la siguiente zafra.
Leyendo entre renglones
Detrás de la jerga técnica y el protocolo de la nota de prensa, la redacción del Decreto 719-26 deja al descubierto varias tensiones latentes en el entramado económico nacional:
1. El pánico político a la góndola vacía
En la política dominicana, pocos episodios erosionan tanto la imagen pública como un desabastecimiento súbito o un «misterioso» pico en el precio de la libra de azúcar. Al exigir que cada embarque al exterior cuente con la firma previa de Inazucar, el Gobierno se asegura de que ningún ingenio ceda a la tentación de exportar la totalidad de su zafra para aprovechar cotizaciones internacionales atractivas mientras desatiende el mercado local.
2. Golpes de precisión contra el «peaje» de maletín
La prohibición de otorgar certifiados CQE a intermediarios devuelve el monopolio del cupo exportador exclusivamente a los productores e ingenios que asumen el riesgo operativo real (Central Romana, Consorcio Azucarero Central, entre otros), acabando con el mercado negro de licencias.
3. Inazucar y el apetecible grifo de la importación
Si la molienda nacional flaquea por razones climáticas o de rinde, será Inazucar la entidad facultada para autorizar e importar el déficit. Históricamente, las licencias de importación de alimentos con aranceles especiales representan uno de los instrumentos de mayor peso económico en el país. El decreto ratifica a Inazucar como el gran árbitro capaz de decidir cuándo y quiénes llenarán el hueco del mercado en caso de emergencia.
4. Cronómetro en mano y tolerancia cero a la picardía
Exigir copias de contratos en 8 días hábiles y certificados de desembarque en 3 días no es burocracia casual; es desconfianza técnica. El Poder Ejecutivo busca evitar que las empresas azucareras manejen «agendas dobles» con sus inventarios o dilaten la notificación de caídas en su producción. El mensaje es transparente: si un ingenio no alcanzará su cuota asignada, debe comunicarlo de inmediato para reasignar el cupo.
Reflexión final
El Decreto 719-26 no es un simple calendario de zafra; es una maniobra de blindaje económico. Ante un entorno internacional movedizo, el Gobierno prefirió atarse las manos con reglas estrictas antes de arriesgarse a una crisis de abastecimiento local. La pelota queda ahora en la cancha de Inazucar y los grandes industriales, en un baile de supervisión continua donde el menor descuido informativo se pagará con cuotas de exportación en la zafra que viene.
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