Entre ríos de bajo caudal y trayectos de hasta cinco días en barco, las comunidades indígenas del Valle del Javari enfrentan la amenaza del aislamiento electoral en el balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El rechazo de las autoridades a brindar asistencia de transporte expone la brecha histórica entre el derecho al voto y la realidad en el interior profundo de la Amazonía brasileña.
Cuando la democracia se frena en la orilla del río
Por la redacción de TeclaLibre
A pocos días de que Brasil vuelva a las urnas para definir en segunda vuelta la gobernación del estado de Amazonas y la presidencia del país, la democracia en el interior profundo de la selva parece depender del nivel de las aguas. En el Valle del Javari, una de las reservas indígenas más remotas del planeta, el trayecto hacia el ejercicio del voto no se mide en minutos ni en kilómetros urbanos, sino en días de navegación a contracorriente, bajo el sol abrasador de la temporada seca.
Allí, donde viven cerca de 6.300 personas repartidas en pequeñas aldeas e históricamente resguardadas por la vegetación, ejercer el derecho político es una travesía titánica. Para miles de electores, llegar a su centro de votación implica emprender viajes fluviales de hasta cinco días para cubrir trayectos que alcanzan los 895 kilómetros. La geografía impone sus propias reglas, pero este domingo el mayor obstáculo no será la selva, sino una negativa firmada sobre papel oficial.
El pasado martes, el Tribunal Regional Electoral del estado de Amazonas asestó un duro golpe a las esperanzas de participación de las comunidades originarias. La autoridad judicial rechazó formalmente la solicitud de asistencia de transporte presentada por la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari (Univaja). El fallo concluyó que resulta técnicamente imposible coordinar la logística con tan poca antelación, argumentando que el bajo cauce de los ríos —que obliga a utilizar embarcaciones mucho más lentas— impide garantizar la llegada a tiempo.
La paradoja del despliegue estatal resulta evidente para los líderes comunitarios. Mientras las autoridades movilizan logística de envergadura e incluso aeronaves militares para trasladar los funcionarios y las urnas electrónicas hasta las aldeas que funcionan como sedes electorales, la movilización de las personas de las comunidades vecinas queda al desamparo. El abogado indígena Eliesio Marubo, vocero de Univaja, no oculta su frustración ante un escenario que ya dejó estragos en la primera vuelta, cuando la abstención en la zona se disparó a niveles alarmantes porque nadie coordinó los traslados.
Para las organizaciones del territorio, la falta de previsión del órgano electoral no es una sorpresa imprevista del clima, sino una omisión recurrente que debilita el caudal político de las zonas rurales. La unidad de derechos indígenas de la Defensoría Pública ha vuelto a interceder, pero las agujas del reloj corren aceleradamente en contra del electorado del interior.
Esta desconexión logística cobra una dimensión crítica en el tablero político nacional. La contienda entre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se perfila extremadamente ajustada. Las encuestas muestran un virtual empate técnico donde cada papeleta en el cómputo final adquiere un valor decisivo. La fractura política en Amazonas es clara: mientras Flávio Bolsonaro consolidó su triunfo de primera vuelta en los centros urbanos y en Manaos, la capital provincial, Lula se impuso con amplitud en los municipios del interior y en los territorios indígenas.
El trasfondo ambiental y social acentúa la brecha entre ambos proyectos. Durante la gestión de Jair Bolsonaro la deforestación en la Amazonía se disparó un 60%, promoviendo una agenda de flexibilización sobre las actividades extractivas. En contraste, el gobierno de Lula anunció recientemente la tasa de deforestación más baja de la que se tenga registro en la región, respaldando la demarcación de tierras ancestrales como barrera natural contra el cambio climático.
A este escenario polarizado se suma el peso de los indecisos. Quien ocupó el tercer puesto en la votación previa decidió no dar su respaldo a ninguno de los dos punteros, dejando en libertad de acción a su electorado y aumentando la incertidumbre sobre el comportamiento de las urnas este domingo.
Para las comunidades del Valle del Javari, la exigencia de un transporte seguro no es un capricho organizativo ni una mera facilidad logística; es una lección aprendida con sangre. La memoria colectiva conserva intacta las cicatrices de 2012, cuando el acceso al voto se convirtió en tragedia. Hasta ese año, la única sede para votar en la zona estaba concentrada en la ciudad de Atalaia do Norte. Un candidato a la alcaldía ofreció combustible a más de 1.200 indígenas para que viajaran a la ciudad a sufragar, pero tras el cierre de las mesas el compromiso de retorno no se cumplió.
Varados durante semanas a las orillas del río sin acceso a agua potable ni condiciones de saneamiento básico, los votantes sufrieron un brote devastador de rotavirus. La negligencia logística se cobró la vida de cinco bebés de la etnia Kanamari y provocó la hospitalización de más de un centenar de personas. Aquel episodio dejó grabado a fuego en la Amazonía que el transporte electoral es, ante todo, una garantía de supervivencia y derechos humanos.
A medida que se aproxima el domingo decisivo, las máquinas de votación aguardan listas en las aldeas más remotas, custodiadas por el operativo oficial. Sin embargo, en la selva profunda, cientos de votantes observan los ríos playos sabiendo que el aislamiento geográfico y la burocracia institucional amenazan con silenciar, una vez más, la voz de los guardianes de la Amazonía.
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