Las huellas en el servidor: la grieta en el escalafón militar
En los pasillos de la Academia Militar del Ejército de República Dominicana no solo se mide la disciplina por el brillo de los botones o el paso de batallón; se mide en el expediente. Allí, donde cada diploma suma puntos y cada curso pavimenta el camino al siguiente rango, la merito-reactividad comenzó a oler a rancio.
Lo que inició como un murmullo de pasillo terminó por detonar una marejada institucional: un esquema sistemático de alteración de registros informáticos y certificados apócrifos diseñados para esquivar la rigurosidad del artículo 112 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Sin el sudor del aula ni el rigor de la capacitación, oficiales subalternos —entre capitanes y primeros tenientes— ascendían en el papel gracias al ingreso irregular de diplomas en la base de datos de la institución, presuntamente sellado a fuerza de sobornos a los operadores del sistema.
El caso languidecía en los archivos hasta que el Estado Mayor cortó por lo sano: destituyó al entonces director de Asuntos Internos del ERD por el estancamiento de las indagatorias e imprimió un nuevo ritmo a las pesquisas. En poco tiempo, más de 30 militares terminaron citados ante los investigadores. La primera gran sacudida se saldó con la recomendación de cancelación de nombramiento para al menos seis oficiales y un asimilado militar.
Sin embargo, la mancha amenaza con extenderse. El Ministerio de Defensa ordenó una auditoría informática a escala tricolor, proyectando el rastreo de expedientes hacia la Armada y la Fuerza Aérea para certificar si la red de alteración académica había penetrado otras ramas del mando militar.
Mientras el proceso avanza, las tensiones internas afloran. Voces desde las filas de los investigados han señalado en medios independientes que la tijera corta de forma selectiva, cuestionando por qué la línea de investigación no ha alcanzado aún a los altos mandos que custodiaban las llaves y supervisaban los sistemas informáticos.
En las calles, el escándalo ha dejado de ser un mero asunto burocrático. Según sondeos y seguimientos periodísticos (como el seguimiento realizado por el diario Acento), cerca del 64 % de la ciudadanía percibe esta alteración de títulos no como una viveza de cuartel, sino como una amenaza directa a la seguridad nacional. La premisa es simple y amarga: cuando los galones se compran en un servidor informático, el mando de las tropas queda en manos de la simulación.
