Operación Cobra 2.0-A: El jaque mate en SeNaSa y el callejón sin salida de los acusados
El escenario en el tribunal respiraba ese aire pesado y definitivo de las crónicas judiciales donde el final parece escrito antes de la sentencia. Desde el estrado, el procurador adjunto Wilson Camacho, con el verbo afilado y un arsenal de 706 medios de prueba sobre la mesa, dibujó un panorama asfixiante para los implicados en la Operación Cobra 2.0-A. En su relato, los miembros de esta presunta red de corrupción incrustada en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no son simples acusados; son individuos acorralados por el peso aplastante de la evidencia.
El «efecto dominó» que describió Camacho es la mejor prueba del nivel de acorralamiento: al menos 13 de los imputados, al verse sin escapatoria, decidieron romper filas. Cantaron, admitieron los hechos, mostraron «arrepentimiento» y se subieron al barco de la colaboración con el Ministerio Público. Como premio a esta capitulación frente a las pruebas, la fiscalía les ha tendido la rama de olivo del arresto domiciliario.
Pero la crónica de este desfalco no se limita a las cifras frías. La magistrada Mirna Ortiz, titular de la Pepca, se encargó de ponerle rostro al verdadero daño. Con tono tajante, advirtió que reducir este caso a simples montos de dinero es un error de cálculo moral. El botín, que en gran parte se movió en efectivo para no dejar huellas en el sistema bancario, representa un atentado directo contra el bien jurídico más sensible: el derecho fundamental a la salud de los dominicanos. Las caletas y los maletines invisibles no detendrán a la fiscalía, aseguró Ortiz, pues el rastreo va más allá de un simple estado de cuenta.
Para el núcleo duro que no pactó, el panorama que exige el órgano acusador es de tormenta perfecta: 18 meses de prisión preventiva, declaratoria de caso complejo y el decomiso total de los recursos esfumados. Los cargos leídos son un abecedario del crimen de cuello blanco: desde coalición de funcionarios y asociación de malhechores, hasta lavado de activos y uso de documentos falsos.
Ahora, el reloj corre. Con los imputados de espaldas contra la pared y el Ministerio Público confiado en su muro de 706 pruebas, la última palabra la tiene el juez Rigoberto Sena. El suspenso judicial se mantendrá hasta el domingo 27 de septiembre a las 7:00 de la noche, momento en que el mazo dictará quiénes se van a sus casas y quiénes enfrentarán el encierro preventivo por meterle la mano a la salud pública.
rodriguezsluism9@gmail.com https://teclalibremultimedios.com/category/portada/
