La crónica de un colapso anunciado

Por la redacción de TeclaLibre

El libreto parecía escrito para un desenlace de logística y tecnología, pero en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) la política nunca es tan simple. Cuando Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap), se colocó frente a los micrófonos este miércoles para anunciar la suspensión del proceso pautado para el 18 de octubre, las palabras oficiales hablaron de máquinas de votación faltantes. La realidad en los pasillos del partido morado, sin embargo, susurraba algo mucho más profundo: el temor al fantasma de la división.

La versión oficial es impecable en su lógica operativa: la Conap necesitaba un mínimo de 2,200 equipos de votación automatizada para garantizar la jornada en el territorio nacional. La Junta Central Electoral (JCE) solo facilitó 600, dejando un hueco insalvable de 1,600 dispositivos. Sin la posibilidad de trasladar máquinas al exterior (donde sí se usarían boletas de papel) y con un mandato «cerrado y obligatorio» del Comité Central para aplicar el voto electrónico, la comisión declaró la imposibilidad material de realizar el evento.

Pero detrás de la aritmética de los circuitos integrados se escondía un fantasma de 523,781 nombres: el padrón.

Durante semanas, el hallazgo de más de medio millón de inscritos con doble o múltiple militancia política convirtió la logística en un terreno minado. Las exigencias de «validación» para filtrar quién era realmente peledeísta y quién no abrieron una brecha peligrosa entre los equipos de los aspirantes. Modificar las reglas sobre la marcha o migrar al voto impreso en el país habría significado exponer al partido a acusaciones de fraude interno, reviviendo el trauma de viejas rupturas históricas. La falta de equipos de la JCE no fue más que la salida elegante para bajar el telón antes de que la sangre llegara al río.

La cancelación no dejó conformes a todos, evidenciando las grietas que la Conap intentaba disimular:

• Gonzalo Castillo, el excandidato presidencial de 2020 y una de las figuras con mayor músculo en la contienda, fue el primero en reaccionar con un trago amargo. Aunque acató la decisión bajo la etiqueta de la «disciplina partidaria», no ocultó su frustración al señalar que el fallo «no era lo que esperábamos», afirmando que su proyecto ostentaba el sentimiento mayoritario de las bases.

• Francisco Javier García, el curtido estratega morado, venía acumulando tensiones previas con la Conap y lanzando dardo tras dardo contra el manejo del proceso y las dinámicas de sus competidores.

• Francisco Domínguez Brito, en un tono más moderado, prefirió guardar las formas institucionales y respaldar el repliegue estratégico para preservar la paz interna.

El capítulo más revelador de esta trama no se escribió el miércoles en la rueda de prensa, sino meses atrás, cuando Abel Martínez decidió dar un paso al costado.

El excandidato presidencial de 2024 se negó rotundamente a estampar su nombre en la boleta de octubre. En su momento, Martínez argumentó que la consulta carecía de consenso, violentaba los tiempos estipulados por la ley electoral y exponía al PLD a riesgos jurídicos innecesarios ante los tribunales y el propio órgano electoral.

La ironía es absoluta:

Lo que en febrero fue visto por algunos como una postura de distanciamiento o rebeldía, terminó convirtiéndose en el diagnóstico exacto de la crisis.

Al negarse a validar un proceso prematuro, Martínez no solo advirtió que el ganador de octubre tendría que volver a medirse con él en el terreno legal de 2027, sino que obligó al partido a chocar contra la misma pared que él había señalado. La cancelación es, en la práctica, la validación de su tesis.

El PLD no se desmoviliza, pero sí se repliega. Al ampararse en el argumento tecnológico y el respeto a los mandatos institucionales, la cúpula morada logra congelar un choque de trenes que amenazaba la estabilidad del partido de cara a los comicios de 2028.

La nueva estación en el calendario está marcada para julio de 2027, bajo la sombrilla formal y los plazos estrictos de la JCE. Hasta entonces, la política interna del PLD entra en una fase de tregua forzada donde los aspirantes deberán recomponer sus estrategias, sabiendo que el verdadero primer asalto no se libró en las urnas, sino en la mesa de negociaciones.

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