POR EL TRILLO DE LA INTRAHISTORIA
EL PARO COMERCIAL DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1963: CINCO DÍAS ANTES DEL DERROCAMIENTO DE JUAN BOSCH
Por Ramón Emilio Espínola
ABSTRACT (RESUMEN)
El paro comercial del 20 de septiembre de 1963 constituyó uno de los episodios más significativos de la crisis política que precedió al derrocamiento del presidente Juan Bosch, ocurrido el 25 de septiembre de ese mismo año. A escasos siete meses de haberse instalado el primer gobierno democrático elegido en las urnas después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, la República Dominicana se encontraba sumida en una confrontación entre fuerzas políticas, económicas, sociales y militares con proyectos profundamente diferentes para el país.
Este ensayo examina los acontecimientos relacionados con la organización y ejecución de la huelga comercial, la participación atribuida a dirigentes de la Acción Dominicana Independiente (ADI), el uso de emisoras de radio para difundir consignas anticomunistas, las dificultades del Gobierno para responder a la movilización y las divisiones internas que afectaban al partido gobernante.
Más allá de la paralización de las actividades económicas, el episodio invita a reflexionar sobre la fragilidad de las democracias jóvenes, la influencia de los intereses económicos en la vida política, la responsabilidad de los medios de comunicación y las consecuencias de sustituir la confrontación democrática por maniobras destinadas a debilitar un gobierno constitucional.
El propósito de este trabajo es contribuir a la memoria histórica dominicana, sin confundir los testimonios con los hechos documentalmente comprobados ni renunciar al examen crítico de las actuaciones de los protagonistas.
PRÓLOGO: CUANDO LA DEMOCRACIA MOLESTA A LOS PODEROSOS
La historia política dominicana está llena de paradojas.
Una de las más dolorosas es que, después de décadas de autoritarismo, cuando el país tuvo la oportunidad de construir una democracia sustentada en la voluntad popular, esa experiencia apenas comenzaba a caminar cuando ya enfrentaba poderosos obstáculos.
Juan Bosch asumió la Presidencia de la República el 27 de febrero de 1963, tras ganar las elecciones celebradas el 20 de diciembre de 1962.
Su llegada al poder despertó esperanzas entre amplios sectores de la población, pero también inquietudes y resistencias entre grupos que temían las transformaciones sociales, económicas y políticas que podía impulsar su administración.
Bosch no gobernaba en el vacío. Heredó un país marcado por treinta y un años de dictadura, por instituciones debilitadas, por una cultura política autoritaria y por profundas desigualdades sociales.
A ello se sumaban las tensiones de la Guerra Fría, cuando cualquier propuesta de reforma podía ser presentada por sus adversarios como una amenaza comunista.
En ese ambiente, la palabra comunismo adquirió una extraordinaria utilidad política.
Para algunos representaba una preocupación ideológica auténtica; para otros, servía como instrumento de propaganda para desacreditar reformas, sembrar temores y aglutinar fuerzas contrarias al Gobierno.
La aprobación de la Constitución de 1963, sus disposiciones sociales y el intento de establecer nuevas reglas en las relaciones entre el Estado, el capital y la ciudadanía alimentaron las contradicciones.
El Gobierno tenía adversarios fuera de sus filas, pero también enfrentaba dificultades internas, diferencias de liderazgo y una capacidad de respuesta que sería puesta a prueba durante la crisis de septiembre.
El paro comercial del día 20 fue uno de los episodios más visibles de aquella confrontación.
Su importancia no radica únicamente en los establecimientos que dejaron de operar, sino en el contexto en que ocurrió: cinco días antes de que un golpe militar interrumpiera el mandato de un presidente elegido democráticamente.
La pregunta histórica no debe limitarse a quién cerró sus negocios o quién tomó un micrófono.
También hay que preguntar qué intereses estaban en juego, cómo se construyó el clima de confrontación, qué errores cometieron los distintos actores y por qué las instituciones no consiguieron resolver la crisis dentro del orden constitucional.
Porque una democracia no se destruye solamente con tanques y fusiles.
También puede debilitarse mediante la desinformación, la agitación, la presión económica, la complicidad institucional y la incapacidad de quienes tienen la responsabilidad de defenderla.
I. UNA HUELGA ANUNCIADA QUE EL GOBIERNO NO PARECÍA ESPERAR
Uno de los aspectos más llamativos del relato sobre los acontecimientos del 19 de septiembre de 1963 es la aparente falta de previsión de los organismos de seguridad y de los sectores gubernamentales frente a la inminencia del paro comercial.
Según el testimonio que sirve de base a esta reconstrucción, ni los organismos de seguridad identificados con el Gobierno de Bosch ni los programas radiales favorables al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) habían advertido públicamente sobre la inminente paralización de las actividades comerciales.
Entre las figuras mencionadas aparece el comentarista radial Salvador Pitaluga Nivar, quien había participado en actividades vinculadas a Bosch, entre ellas la preparación del protocolo de los actos de juramentación presidencial y la moderación del debate preelectoral entre Bosch y el sacerdote Lautico García.
La noche del jueves 19 de septiembre, Pitaluga Nivar habría restado importancia a los rumores de una huelga general. Según la cita reproducida en el relato, sostuvo que no existían motivos para alarmarse.
En la residencia de Enrique Alfau, varios dirigentes de la Acción Dominicana Independiente (ADI) seguían la transmisión. Al escuchar aquellas declaraciones, habrían interpretado que sus preparativos no habían sido descubiertos.
Alfau, de acuerdo con el testimonio citado, reaccionó con satisfacción y expresó su confianza en que el paro se realizaría al día siguiente.
La escena, si se confirma mediante fuentes contemporáneas o testimonios contrastados, ilustra una paradoja: mientras el comentarista transmitía tranquilidad al público, los organizadores de la paralización consideraban que conservaban el factor sorpresa.
Sin embargo, conviene hacer una distinción sobre los hechos.
La ausencia de advertencias públicas no demuestra, por sí sola, que ningún funcionario tuviera conocimiento de los preparativos.
Para establecerlo sería necesario examinar informes de inteligencia, comunicaciones oficiales, archivos policiales y la prensa de aquellos días.
La historia rigurosa no puede convertir una ausencia de información conocida en una prueba absoluta de desconocimiento.
II. LA VOZ DEL TRÓPICO: UNA EMISORA EN EL CENTRO DE LA OPERACIÓN
Según el relato, Reyes Cerda había establecido contactos para iniciar el paro durante las primeras horas del viernes 20 de septiembre.
También habría acordado con Joaquín Custals, propietario de la emisora La Voz del Trópico, utilizar sus instalaciones como medio de difusión del movimiento.
La versión recogida atribuye a Custals una respuesta que lo distanciaba formalmente de los organizadores, pero que dejaba abierta la posibilidad de que estos ocuparan la estación por la fuerza.
En el relato aparece además una preocupación concreta: el director de la emisora, Pedro Justiniano Polanco, era considerado simpatizante de Bosch.
Los organizadores temían que, si conocía anticipadamente sus planes, pudiera oponerse o informar a las autoridades.
La solución que habrían contemplado fue entrar en la estación sin contar con su consentimiento.
En la madrugada del viernes, Máximo Fiallo y Reyes Cerda salieron en busca del técnico que debía facilitar las conexiones para transmitir consignas y enlazar otras emisoras. Al no encontrarlo en el lugar convenido de Ciudad Nueva, decidieron continuar sin él. En el camino se les habría unido Robinson Ruiz López.
Hacia las cuatro y media de la mañana llegaron a La Voz del Trópico, situada en el sector de San Carlos, en Santo Domingo.
Pero la operación no se desarrolló exactamente como estaba prevista.
El locutor que se encontraba en la estación era Ercilio Veloz Burgos, quien, según el relato, había cambiado su turno el día anterior para atender asuntos personales.
Al conocer las intenciones de los visitantes, Veloz Burgos se habría negado a colaborar, argumentando que no tenía instrucciones para hacerlo.
La narración sostiene que Máximo Fiallo sacó entonces una pistola de su maletín y lo amenazó para obligarlo a permanecer en el lugar. Reyes Cerda habría intervenido para tranquilizar la situación, indicándole que su participación se limitaría a abrir y cerrar los micrófonos cuando se lo ordenaran.
Si estos hechos se corroboran, la escena revela un aspecto fundamental: la utilización de la fuerza para convertir un medio de comunicación en instrumento de una operación política.
La libertad de expresión protege la crítica, la denuncia y la oposición al Gobierno. No equivale, sin embargo, al derecho de ocupar una emisora por la fuerza, amenazar a sus trabajadores o imponer unilateralmente una programación.
Una cosa es combatir políticamente a un presidente y otra muy distinta es apropiarse de los instrumentos de comunicación para organizar una acción coercitiva.
III. DOS HORAS DE PROPAGANDA Y UNA POLICÍA QUE LLEGÓ TARDE
Durante aproximadamente dos horas, según el relato, los ocupantes de La Voz del Trópico difundieron consignas contra el comunismo e hicieron llamamientos a la paralización del comercio. El testimonio subraya que no se transmitieron consignas directamente contra el Gobierno.
Cuando Reyes Cerda perdió la voz debido a la ronquera, el joven locutor Pablo Garrido habría asumido la conducción de las transmisiones.
La policía no llegó inmediatamente. De acuerdo con la narración, los agentes se presentaron después de que la emisora llevaba un tiempo considerable transmitiendo las consignas. Antes de su llegada, Fiallo y Reyes Cerda recibieron una comunicación atribuida a Poncio Pou Saleta, quien les habría ofrecido continuar la actividad desde Radio Pueblo.
La oferta resulta especialmente significativa porque, según la reconstrucción, la participación de Pou Saleta en aquellos grupos no era públicamente conocida hasta ese momento.
Pou Saleta era uno de los sobrevivientes de la expedición de junio de 1959 contra la dictadura de Trujillo. Su trayectoria anterior constituye una de las paradojas que merece examinarse en este episodio: un hombre vinculado a una expedición revolucionaria contra una dictadura aparecía ahora, según el relato, ofreciendo apoyo a una acción dirigida contra un gobierno constitucional.
No obstante, su participación concreta en los acontecimientos del 20 de septiembre debe establecerse mediante fuentes verificables. La trayectoria política de una persona, por sí sola, no demuestra todos los detalles de una actuación posterior.
El relato añade un antecedente familiar: un hermano de Pou Saleta habría tenido una emisora que difundía propaganda favorable a Ramfis Trujillo. También se sostiene que esa relación habría contribuido a salvarle la vida durante la represión contra los expedicionarios de 1959.
Son afirmaciones de gran trascendencia histórica.
Por ello, convendría respaldarlas con testimonios identificables, documentos de la época y estudios sobre las ejecuciones posteriores a las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo para el beneficio de la memoria histórica.
Tras trasladarse a Radio Pueblo, los participantes continuaron sus actividades hasta que la fuerza pública intervino. Según se ha dicho en el molote que se armó, Fiallo logró escapar, mientras Reyes Cerda y Garrido fueron detenidos y conducidos ante el general Belisario Peguero.
La frase que el general dio a la prensa—de que estaban presos por orden de Bosch y no por la suya— sugiere que la autoridad policial deseaba presentar la actuación como una decisión presidencial. El relato agrega que ambos quedaron en libertad al anochecer.
La demora policial, las circunstancias de las detenciones y la posterior liberación plantean interrogantes legítimos sobre la eficacia de las instituciones y las relaciones entre los organismos de seguridad y los sectores enfrentados al Gobierno.
Para responderlos con certeza sería indispensable consultar los registros policiales, los expedientes judiciales y las noticias publicadas inmediatamente después de los hechos.
IV. LA ADI Y LOS INTERESES ECONÓMICOS
El relato identifica entre los dirigentes que habrían impulsado el paro a José María Cabral, Marino Auffant y Gustavo Tavares Espaillat, vinculados, según la reconstrucción, a sectores empresariales y oligárquicos opuestos al Gobierno.
También menciona las familias Cabral, Tavares, Vicini y Bermúdez, presentadas como parte del entramado económico enfrentado a determinadas políticas de Bosch.
Esta dimensión económica es indispensable para comprender la crisis.
Las decisiones gubernamentales sobre la propiedad, la distribución de la riqueza, la regulación de los mercados y las relaciones laborales no son asuntos aislados de la política: afectan intereses concretos y pueden provocar resistencias organizadas.
En el caso de Bosch, sus diferencias con importantes sectores empresariales formaron parte de una confrontación más amplia sobre el rumbo del país.
Sin embargo, sería incorrecto atribuir una conducta idéntica a todas las personas que integraban una familia, una empresa o un grupo social. La responsabilidad histórica debe establecerse de manera individual, con base en acciones documentadas y no únicamente por asociación familiar o económica.
La pregunta relevante no es si un empresario tenía derecho a oponerse a Bosch. Naturalmente, lo tenía. La pregunta es si determinados actores utilizaron mecanismos legítimos de protesta o si participaron en acciones destinadas a impedir el funcionamiento normal de las instituciones constitucionales.
La diferencia entre ambas cosas constituye uno de los fundamentos de la democracia.
V. LAS ARMAS, LAS CONSIGNAS Y LA CONFUSIÓN DEL ORDEN PÚBLICO
Enrique Alfau aparece en el relato como uno de los organizadores que permanecieron activos durante la jornada del 20 de septiembre.
La narración cuenta que su hijo, conocido como Caqui, fue convocado para acompañarlo en una misión. Según el testimonio, el joven compartía la oposición política de su padre a Bosch y había renunciado a un cargo en el Ministerio de Obras Públicas para trabajar en el departamento de ingeniería de Central Romana.
El texto vincula ese cambio profesional con las diferencias existentes entre el Gobierno y la empresa azucarera, en particular por cuestiones relacionadas con la tierra y la regulación del precio del azúcar.
Alfau habría pedido a su hijo que acudiera armado. El joven llevaba una escopeta calibre 16, para la cual disponía de permiso, y un revólver calibre .38, cuyo porte, no estaba autorizado.
En la residencia de Alfau se habrían reunido dirigentes de la ADI y otras personas vinculadas a sectores empresariales. La presencia de armas y municiones llevó al joven a comentar, según la cita reproducida, que el asunto iba en serio.
Más tarde, Máximo Fiallo habría instalado un transmisor portátil para continuar las emisiones en una frecuencia de radioaficionados. Desde allí se difundieron consignas destinadas a mantener la agitación y, de acuerdo con la narración, instrucciones dirigidas a grupos que debían esperar nuevas órdenes.
La utilización de mensajes que pudieran generar incertidumbre entre la población representa un aspecto especialmente delicado. En momentos de crisis, una transmisión falsa o ambigua puede provocar alarma, desorientación y reacciones imprevisibles.
El relato afirma que los participantes recibieron un aviso de que la residencia sería allanada. La policía detuvo a Enrique Alfau, mientras su hijo logró abandonar el lugar. El permiso de la escopeta habría permitido aclarar la situación legal de esa arma, pero no necesariamente la del revólver.
Alfau fue puesto en libertad y, según la narración, detenido nuevamente al día siguiente por sospechas de actividades conspirativas, para quedar otra vez libre tras el pago de una fianza.
La sucesión de detenciones y liberaciones debe examinarse a partir de los documentos correspondientes. Es importante distinguir entre una sospecha política, una detención preventiva, una acusación formal y una sentencia judicial. No son conceptos equivalentes.
VI. UN GOBIERNO BAJO PRESIÓN Y CON DIFICULTADES PARA REACCIONAR
Mientras se desarrollaban estos acontecimientos, el presidente Juan Bosch permanecía en su residencia. Según el relato de prensa, no acudió temprano al Palacio Nacional como acostumbraba, a pesar de que la crisis requería decisiones inmediatas.
Algunos ministros y colaboradores se habrían trasladado a su casa para evaluar la situación.
El ambiente, de acuerdo con la descripción, era de nerviosismo, incertidumbre y desacuerdo sobre la respuesta que debía adoptar el Gobierno.
La crisis no solo revelaba la hostilidad de los adversarios externos.
También ponía de manifiesto las debilidades del propio equipo gubernamental, las diferencias entre dirigentes y la falta de una estrategia común para defender el orden constitucional.
Entre los personajes que aparecen en la narración figuran Washington de Peña y José Francisco Peña Gómez, dos jóvenes dirigentes del PRD que acudieron a la residencia presidencial para solicitar autorización para responder a la propaganda opositora desde Radio Santo Domingo, la emisora estatal.
El texto describe una relación deteriorada entre Washington de Peña y Bosch. Según el relato, el conflicto había surgido, entre otras razones, por discrepancias acerca de la función de los locales del partido y la posibilidad de convertirlos en escuelas y bibliotecas.
La versión sostiene que aquellas diferencias habían contribuido a que Peña Gómez asumiera la Secretaría General del PRD y que Washington de Peña fuera enviado a una misión diplomática en África, de la que regresó sin haber visitado los países previstos.
Estos detalles biográficos y políticos fueron contrastados con documentos de prensa y partidarios, además de correspondencia y testimonios de los protagonistas. En particular, las fechas, los cargos y las razones exactas de los nombramientos deben verificarse para evitar que una reconstrucción narrativa transforme versiones personales en hechos indiscutibles.
Según el relato, Washington de Peña y Peña Gómez encontraron a Bosch reunido con el secretario Abraham Jaar, ministro de la Presidencia; Jacobo Majluta; Fabián Herrera, viceministro de la Presidencia, y el coronel Julio Amado Calderón Fernández, jefe de los ayudantes militares del presidente.
La ausencia de Ángel Miolán también llamó la atención. El texto la interpreta como un indicio de la distancia política y personal que se habría producido entre Miolán y Bosch, pese al trabajo que ambos habían realizado durante el exilio.
La crisis, por tanto, encontró al Gobierno sometido a una doble presión: la ofensiva de sus adversarios y las divisiones de quienes debían respaldarlo.
VII. LA RADIO OFICIAL Y LA OPORTUNIDAD PERDIDA
De acuerdo con la reconstrucción, Washington de Peña reclamó a Bosch una decisión inmediata.
Quería acudir con Peña Gómez a Radio Santo Domingo para contrarrestar las transmisiones de los opositores y defender al Gobierno constitucional.
Jacobo Majluta habría respaldado la iniciativa.
El relato le atribuye la elaboración de una lista de aproximadamente sesenta extranjeros, principalmente de origen sirio-libanés y español, a quienes se pretendía denunciar por una supuesta intervención en los asuntos internos dominicanos.
Este detalle exige especial cautela. La nacionalidad o el origen familiar no constituyen prueba de participación conspirativa.
Cualquier acusación de intervención política debe apoyarse en conductas específicas y pruebas, no en el origen de las personas.
La narración sostiene que Bosch autorizó inicialmente la preparación de una transmisión, pero que luego llamó al director de Radio Santo Domingo, Julio César Martínez, para impedir que los dos dirigentes hablaran por la emisora.
Cuando Washington de Peña y Peña Gómez llegaron a la estación, Martínez les habría comunicado que el presidente había revocado la autorización. Se le atribuye a Martínez darle una respuesta burlona, en la que los calificaba de ingenuos por haber creído que Bosch permitiría la transmisión. Diciéndole “La verdad que ustedes no conocen a Bosch”
Desilusionados, los dos dirigentes regresaron a la residencia presidencial, pero no lograron entrevistarse con el presidente.
Esta secuencia de los hechos representa uno de los momentos más reveladores de la crisis: mientras los opositores utilizaban emisoras para difundir sus consignas, el Gobierno no conseguía articular una respuesta pública coherente desde sus propios medios.
Sin embargo, una defensa democrática no debe confundirse con la difusión de acusaciones sin pruebas ni con la persecución de personas por su nacionalidad o sus ideas. El desafío consistía en informar con rapidez, desmentir falsedades, explicar las medidas oficiales y actuar dentro de la ley.
La libertad de expresión exige responsabilidad, pero también exige que el Estado no convierta los medios públicos en instrumentos de intimidación.
VIII. EL ÉXITO DEL PARO Y LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA
La prensa del día siguiente destacó el éxito de la paralización. Según el relato, Listín Diario informó que el paro había afectado al 95 % de los comercios de Santo Domingo y del interior del país.
Ese porcentaje debe atribuirse expresamente a la información periodística citada y no presentarse como una medición estadística independiente sin comprobar cómo se obtuvo.
Lo que sí resulta fundamental es el significado político de la paralización. La huelga demostró que los adversarios de Bosch podían movilizar sectores económicos y emplear recursos de comunicación para crear presión sobre el Gobierno.
También dejó al descubierto las divisiones de las fuerzas que debían defenderlo y la dificultad de responder a una crisis que ya no era únicamente económica.
Cinco días después, el 25 de septiembre de 1963, Bosch fue derrocado por un golpe militar.
La proximidad entre ambos acontecimientos no prueba por sí sola que todos los participantes en el paro formaran parte de un único plan de golpe de Estado.
Para demostrar responsabilidades concretas es necesario estudiar las conexiones, las comunicaciones y las decisiones de cada actor.
Pero tampoco sería razonable analizar la huelga como un episodio aislado, ajeno al clima de confrontación que precedió a la caída del Gobierno.
El paro comercial se inscribió en una crisis política de mayor alcance, marcada por la polarización ideológica, las disputas económicas, las tensiones internacionales y la fragilidad de las instituciones democráticas.
La historia exige comprender esa complejidad sin convertir el relato en una simple distribución de buenos y malos. El rigor consiste en investigar quién hizo qué, con qué propósito, mediante cuáles instrumentos y con qué consecuencias.
CONCLUSIÓN: LA DEMOCRACIA NO SE DEFIENDE SOLAMENTE EN LAS URNAS
Los acontecimientos del 20 de septiembre de 1963 muestran que ganar unas elecciones es indispensable para gobernar democráticamente, pero no siempre basta para conservar el poder dentro de la legalidad.
Juan Bosch había recibido el mandato de la ciudadanía en las elecciones de diciembre de 1962.
Su Gobierno, sin embargo, tuvo que enfrentar una oposición que cuestionaba sus políticas y que, según diversos relatos históricos, incluía sectores empresariales, políticos, militares y religiosos preocupados por el rumbo de las reformas.
El paro comercial fue uno de los episodios que agravaron aquella confrontación.
La ocupación de emisoras, las amenazas atribuidas a algunos de sus participantes, las consignas anticomunistas y la desorganización de la respuesta gubernamental ilustran los riesgos que aparecen cuando la disputa política abandona los cauces institucionales.
Pero la lección no consiste únicamente en condenar a los adversarios de Bosch. También obliga a examinar las deficiencias del Gobierno, las divisiones de su partido, la calidad de sus decisiones y la capacidad de sus dirigentes para responder a una situación extraordinaria sin sacrificar los principios democráticos.
La democracia requiere partidos responsables, instituciones profesionales, medios de comunicación libres, ciudadanía informada y mecanismos legales capaces de procesar los conflictos.
Ningún gobierno está por encima de la crítica, pero ninguna oposición tiene derecho a sustituir la voluntad popular mediante la coerción o la intervención militar.
El derrocamiento del 25 de septiembre truncó el mandato constitucional de Bosch y abrió una nueva etapa de inestabilidad en la historia dominicana.
Recordar estos acontecimientos no debe servir para alimentar odios heredados, sino para comprender las consecuencias de debilitar las instituciones, convertir las diferencias ideológicas en amenazas absolutas y anteponer los intereses particulares al derecho colectivo a elegir y cambiar a sus gobernantes mediante procedimientos democráticos.
La historia no exige venerar a los protagonistas ni absolverlos de sus errores. Exige investigar, comparar testimonios, consultar documentos y aceptar que las conclusiones deben estar respaldadas por pruebas.
Porque la democracia no se pierde solamente cuando se cierran las urnas. También se pierde cuando se desacredita sistemáticamente la voluntad popular, se tolera la violencia política y se acepta que la fuerza sustituya a la ley.
EPÍLOGO EDUCATIVO: UNA LECCIÓN PARA LAS GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS
A los jóvenes dominicanos de hoy y de mañana les corresponde estudiar el año 1963 sin conformarse con las versiones simplificadas que suelen circular en conversaciones familiares, discursos partidarios o redes sociales.
Pregunten quién escribió cada relato, cuándo lo escribió, qué documentos utilizó y qué intereses pudo haber tenido.
Comparen la prensa de la época con las investigaciones posteriores.
Consulten archivos, discursos, cartas, expedientes y testimonios de personas que vivieron los acontecimientos.
Aprendan, sobre todo, a diferenciar entre una opinión, una acusación, un testimonio y un hecho demostrado.
La historia de la huelga comercial del 20 de septiembre ofrece una oportunidad para comprender que la propaganda puede influir en la conducta colectiva, que los medios de comunicación pueden convertirse en instrumentos de presión y que la desinformación resulta especialmente peligrosa cuando la sociedad atraviesa una crisis.
También enseña que el desacuerdo político no tiene por qué terminar en violencia.
Una sociedad democrática necesita oposición, crítica, protestas, huelgas y debates.
Lo que debe impedir es que esos instrumentos se utilicen como pretexto para destruir el orden constitucional o negar a la ciudadanía su derecho a decidir.
A los gobernantes les corresponde escuchar, explicar y actuar con transparencia.
A la oposición, cuestionar sin recurrir a la coerción.
A los medios, informar con independencia y responsabilidad.
A los ciudadanos, investigar antes de repetir y pensar antes de dejarse arrastrar por el fanatismo.
El caso dominicano demuestra que una democracia joven puede ser vulnerable cuando sus instituciones carecen de suficiente arraigo y cuando sus actores políticos no reconocen límites compartidos.
Por eso, las generaciones presentes y futuras deben defender no a un partido en particular, sino el principio que hace posible la convivencia: el poder público procede de la ciudadanía y debe ejercerse conforme a la Constitución y las leyes.
Que el estudio de 1963 no sea una invitación a reabrir viejas heridas, sino un compromiso con una República Dominicana más consciente de su pasado, más rigurosa al interpretar su historia y más decidida a proteger su futuro democrático.
La memoria histórica solo cumple su misión cuando deja de ser un instrumento de propaganda y se convierte en una herramienta de educación, libertad y responsabilidad ciudadana.
Porque un pueblo que investiga su historia está mejor preparado para reconocer las amenazas contra su libertad y para impedir que los errores del pasado se disfracen de soluciones para el futuro.
BIBLIOGRAFÍA EDUCATIVA Y FUENTES PARA PROFUNDIZAR
1. Guerrero, Miguel. El golpe de Estado: historia del derrocamiento de Juan Bosch. Obra de referencia para estudiar el desarrollo de la crisis política de 1963, las relaciones entre el Gobierno y los sectores empresariales, y el paro comercial del 20 de septiembre.
2. Vega, Bernardo (comp.). Kennedy y Bosch: aporte al estudio de las relaciones internacionales del gobierno constitucional de 1963. Fundación Cultural Dominicana, 1993. Recopilación de documentos diplomáticos y fuentes sobre el Gobierno de Bosch y su derrocamiento.
3. Jiménez, Félix. ¿Cómo fue el gobierno de Juan Bosch? Constitución, leyes, decretos, discursos, propagandas y acciones relevantes del gobierno del profesor Bosch de 1963. Santo Domingo: Alfa y Omega, 1988. Útil para estudiar las medidas gubernamentales y el marco jurídico de la administración.
4. República Dominicana. Constitución de la Nación Dominicana, proclamada el 29 de abril de 1963. Fuente primaria indispensable para comprender los principios constitucionales, los derechos ciudadanos y el proyecto institucional de aquel Gobierno.
5. República Dominicana, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Libro blanco de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de la República Dominicana: estudios y pruebas documentales de las causas del Movimiento Reivindicador del 25 de septiembre de 1963. Santo Domingo: Editora del Caribe, 1964. Documento contemporáneo que debe leerse críticamente, considerando que fue elaborado por instituciones vinculadas al orden posterior al golpe.
6. Acosta Matos, Eliades. 1963: de la guerra mediática al golpe de Estado. 2015. Estudio centrado en la confrontación política, el papel de la comunicación y las circunstancias que precedieron al derrocamiento de Bosch.
7. Archivo General de la Nación de la República Dominicana. Colecciones documentales y hemerográficas sobre el Gobierno de Juan Bosch, la crisis de septiembre de 1963 y el golpe de Estado del 25 de septiembre.
8. Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. Catálogos, publicaciones y colecciones documentales sobre la historia política dominicana de 1961 a 1965.
9. Fundación Juan Bosch. Catálogos y documentos relativos al Gobierno constitucional de 1963, la crisis política y las circunstancias del golpe de Estado.
Recomendación del autor para la investigación correcta de los hechos.
Para fortalecer una versión destinada a una publicación historica sobre estos hechos tan importantes para el entendimiento de la historia moderna dominicana, conviene cotejar las citas atribuidas a Salvador Pitaluga Nivar, Enrique Alfau, Máximo Fiallo, Reyes Cerda, Ercilio Veloz Burgos, Poncio Pou Saleta, Washington de Peña, José Francisco Peña Gómez y Julio César Martínez con la prensa de septiembre de 1963 y con las fuentes originales utilizadas por Miguel Guerrero y otros investigadores.
Asimismo, es necesario verificar los nombres completos, los cargos, las fechas, los porcentajes atribuidos al éxito del paro y las circunstancias de las detenciones. La bibliografía debe permitir al lector distinguir entre los hechos corroborados, los testimonios personales y las interpretaciones políticas.
