Pusieron en 29 a la Piraña: la confesión de una hermana y el paredón invisible del DICRIM
Judith Estévez no salió a negar el prontuario delictivo de su hermano; salió a desmantelar la mentira oficial. La muerte de Aneury Santiago Cabrera Estévez en el ensanche La Paz reabre la llaga de los «intercambios de disparos», el fenómeno de «poner en 29» y la peligrosa frontera entre el Estado de derecho y la ejecución de patrulla.
El libreto se repite con la monotonía de una radio de patrulla, pero esta vez la voz que interrumpe la comparsa oficial no vino envuelta en velos de inocencia. Judith Estévez no salió ante las cámaras a jurar que su hermano era un ángel de altar. Admitió sin rodeos lo que los ficheros de la Policía Nacional ya registraban con frialdad: que Aneury Santiago Cabrera Estévez, alias “Piraña” o “Lucifer”, era adicto, robaba y acababa de salir de la cárcel. Y justo en esa honestidad desarmante es donde el relato institucional se desmorona.
«Mi hermano era ladrón, consumía drogas y estuvo preso… pero no tenían que matarlo así».
La frase cayó sobre las calles del ensanche La Paz como un martillazo en seco. Judith no intentó limpiar el historial de su hermano; cuestionó la potestad del Estado para convertirse en verdugo de acera.
El boletín oficial versus la retina del barrio
Por un lado, la nota de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) utilizó la plantilla de costumbre: operativo de patrullaje, un sujeto con abultado historial que “se percató de la presencia policial”, desenfundó una pistola calibre .380 y generó un “intenso intercambio de disparos”. La conclusión del reporte se conoce de memoria: el traslado de urgencia al hospital Francisco Moscoso Puello y un acta de defunción lista para firmar antes de tocar la camilla.
Por el otro, la memoria fría de las cámaras de seguridad del barrio. Las imágenes no registran el tiroteo de película que describe el parte oficial. Muestran a un hombre en franela y pantalones caqui caminando desarmado, alcanzado por los primeros proyectiles, levantando las manos en ademán de clemencia y recibiendo el remate sobre el asfalto caliente, antes de ser arrojado a la cama de una camioneta como un saco de escombros.
Ahí reside el quiebre ético: el inveterado «intercambio de disparos» ha dejado de ser un recurso legal de legítima defensa para consolidarse como el eufemismo por excelencia del abuso policial.
En el argot de las esquinas, las tertulias de café y los podcasts nocturnos, las palabras tienen su propia jerga operativa. Cuando en la frecuencia radial de la Policía se canta un Código 29, se notifica la presencia de un cadáver. Y en la calle, la sentencia previa a ese reporte es harto conocida: poner en 9. Es el atajo letal con el que patrullas aplican una pena de muerte no escrita a los reincidentes de esquina.
Este fenómeno expone una fractura social de proporciones alarmantes:
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El aplauso de la desesperación: Una ciudadanía asfixiada por la delincuencia común y frustrada ante el filtro suave de la «puerta giratoria» judicial termina aplaudiendo el gatillo fácil. Para un sector social enardecido, la caída de «Piraña» no es un abuso de poder, sino un problema menos en la lista del barrio.
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El colapso del Estado de derecho: Sin embargo, cuando el uniforme pisotea la ley para imponer su idea de orden, la frontera entre el delincuente y la autoridad se vuelve borrosa. Si la vida de un hombre con antecedentes carece de valor jurídico ante la patrulla, la de cualquiera a pie de calle queda a merced de una confusión, un error de tiro o un ajuste de cuentas.
El testimonio de Judith Estévez desarma la coartada moral que históricamente utiliza la violencia institucional. Al no negar los delitos de su hermano, trasladó la discusión del terreno de la simpatía al terreno de la legalidad: el debate no radica en si el muerto era culpable, sino en si la Policía Nacional tiene la atribución constitucional de ejecutarlo.
Ningún código penal ni norma legal en América Latina contempla la pena capital por robo ni el ajusticiamiento sumario en una acera del Distrito Nacional. Cuando el Estado decide que matar en la calle es más cómodo que procesar en un tribunal, no está erradicando el crimen: simplemente se está uniformando para cometerlo.
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