Un detenido y dos allanamientos en San Francisco de Macorís abren una investigación sobre amenazas al presidente. El desafío será establecer hasta dónde llegaban las palabras y dónde comenzaban los preparativos.
Por Luis Rodríguez Salcedo | TeclaLibre
La investigación tiene dos escenarios en San Francisco de Macorís: un apartamento del sector Vista del Valle y una ferretería donde trabaja el detenido. Desde allí, el expediente apunta hacia un lugar de máxima sensibilidad política: el Congreso Nacional.
El Ministerio Público arrestó el martes 3 de noviembre a Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, investigado por presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader. Los allanamientos, autorizados judicialmente, abarcaron su residencia y la Ferretería Molina. La pesquisa cuenta con apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia.
El dato más grave aparece en la autorización judicial reproducida por las informaciones oficiales: la investigación se refiere a la “planificación de un presunto atentado terrorista”, que supuestamente estaría previsto para el 6 de noviembre de 2026 en el Congreso, durante la conmemoración del Día de la Constitución. Esa referencia describe la hipótesis investigada; por sí sola no demuestra que existiera capacidad para ejecutarla.
Lo ocupado y lo que falta explicar
Las autoridades reportaron la ocupación de equipos electrónicos y sustancias químicas sometidos a evaluación. La solicitud de allanamiento incluía, además, la búsqueda de armas, pertrechos militares y posibles explosivos. Conviene mantener la precisión: lo que se buscaba no equivale a lo que se encontró. La información consultada no detalla el hallazgo de armas ni de artefactos explosivos terminados.
Ahí está el centro del caso. ¿Qué contenían los dispositivos? ¿Qué sustancias fueron ocupadas y qué relación tendrían con las amenazas? ¿Había preparativos verificables, medios disponibles o participación de terceros? El relato divulgado todavía deja esas preguntas abiertas.
Una amenaza contra el jefe del Estado exige investigación y prevención. Pero la gravedad de la sospecha también obliga a explicar con rigor los resultados: identificar una sustancia no basta para establecer su finalidad, como detener a un sospechoso tampoco resuelve el expediente.
El trabajo pendiente consiste en conectar las palabras atribuidas al investigado con actos concretos y evidencias examinables. También deberá conocerse la versión de la defensa.
Por ahora, hay un arresto confirmado y una acusación de enorme gravedad bajo investigación. La prudencia periodística exige mantener ambas cosas en su lugar.
Porque la palabra “terrorismo” pesa demasiado para dejarla descansar únicamente sobre un titular.
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