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REPÚBLICA DOMINICANA · SEGURIDAD CIUDADANA · DERECHOS HUMANOS
104 muertos bajo las balas policiales: ¿intercambios de disparos o una pena de muerte sin tribunales?
En República Dominicana, las estadísticas policiales comienzan a parecer un parte de guerra. Una investigación de Diario Libre documenta 104 fallecidos en operativos durante septiembre y octubre de 2026. Mientras la Policía habla de enfrentamientos con delincuentes, familiares denuncian presuntas ejecuciones y organizaciones de derechos humanos reclaman investigaciones independientes. La pregunta es inquietante: ¿quién vigila a quienes tienen licencia para usar la fuerza?
Por Luis Rodríguez Salcedo | TeclaLibre
Una cifra que sacude la conciencia nacional
Hay números que informan. Otros estremecen. Y algunos obligan a preguntarse qué está ocurriendo dentro de las instituciones encargadas de proteger la vida.
Ciento cuatro personas murieron en hechos reportados como intercambios de disparos con la Policía Nacional, según una investigación publicada este 30 de octubre por la periodista Indhira Suero Acosta, de Diario Libre.
El trabajo registra apenas cinco jornadas sin fallecimientos dentro del período examinado, siete muertes el 25 de septiembre y una secuencia de 17 días consecutivos con al menos una víctima.
Hay una precisión necesaria: del 9 de septiembre al 29 de octubre transcurren 51 días naturales, contando ambas fechas. El reportaje habla de 45 días, una diferencia cronológica que convendría aclarar con el medio antes de utilizar esa duración como base estadística.
Cuando la versión oficial es siempre la misma
La narrativa policial suele comenzar con un sospechoso que, al advertir la presencia de los agentes, supuestamente abre fuego. Los policías responden, el individuo resulta herido y posteriormente se anuncia su muerte.
En numerosos comunicados aparecen expresiones casi idénticas: resistencia al arresto, agresión repelida, armas ocupadas y antecedentes del fallecido.
Eso no demuestra que todos los operativos sean ilegítimos. Pero tampoco demuestra que cada muerte haya ocurrido en legítima defensa.
Una investigación de Diario Libre, publicada el 28 de octubre, encontró reportes de policías heridos en apenas dos intervenciones dentro de 98 muertes examinadas. El dato merece escrutinio, aunque no basta por sí solo para determinar cómo ocurrió cada enfrentamiento.
Los mellizos de Mendoza: una denuncia estremecedora
Randy Omar Borges y Omar Randy Borges tenían apenas 16 años.
Sus familiares denunciaron que fueron ultimados el 21 de octubre dentro de una vivienda en Mendoza, Santo Domingo Este. La abuela paterna sostuvo que uno de ellos todavía estaba vivo cuando un agente regresó y volvió a dispararle.
Se trata de una acusación grave, todavía necesitada de esclarecimiento judicial, no de un hecho establecido mediante sentencia.
Otro caso es el de Yefry Yunior González, cuya madre relató que recibió tres mensajes de WhatsApp de su hijo antes de su muerte. Según su denuncia, el joven recibió nuevos disparos mientras era trasladado en un vehículo policial.
Estos testimonios merecen investigación forense, protección de testigos y respuestas judiciales. Ni la versión policial ni la familiar deben sustituir las pruebas.
La controversia ya llegó a los medios y a los espacios de análisis jurídico.
El abogado penalista Cándido Simón, en nombre del Instituto Dominicano de Derecho Penal, solicitó al presidente Luis Abinader un alto a las muertes durante operativos. El jurista cuestionó que no se divulguen grabaciones de las cámaras policiales que permitan comprobar los enfrentamientos.
El Instituto reclamó investigaciones independientes y recordó que la misión policial es detener a los sospechosos y ponerlos a disposición judicial.
La antropóloga Tahira Vargas planteó una hipótesis todavía más delicada: la posible existencia de relaciones de corrupción entre determinados agentes y personas vinculadas a actividades delictivas. Sus declaraciones se basan en testimonios recogidos y no constituyen, por sí solas, prueba judicial de una estructura organizada de ejecuciones.
Por su parte, Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aseguró que su organización contabiliza 205 muertes durante 2026 y anunció gestiones ante organismos internacionales. Esta cifra corresponde a otro período y metodología, por lo que no debe sumarse a los 104 casos del reportaje.
La Procuraduría y las preguntas sin respuesta
El 12 de octubre, Diario Libre reveló que la Procuraduría General de la República no suministró las estadísticas solicitadas sobre investigaciones, expedientes archivados, agentes sometidos y condenas por muertes en presuntos enfrentamientos.
La institución invocó la reserva procesal y la protección de datos personales. Sin embargo, el periódico había solicitado también información estadística general, no necesariamente detalles reservados de expedientes.
La cuestión de fondo no es exigir que se revelen investigaciones protegidas, sino que exista rendición de cuentas verificable.
Seguridad ciudadana: ¿mano dura o Estado de derecho?
El director policial, Ernesto Rafael Rodríguez García, ha defendido la obligación institucional de proteger a la ciudadanía frente a quienes cometen delitos. La inseguridad y los ataques contra agentes son problemas reales que requieren respuestas efectivas.
Pero el artículo 37 de la Constitución dominicana protege el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte.
La fuerza letal puede estar jurídicamente justificada frente a una amenaza inminente contra la vida. Lo que no puede convertirse en práctica aceptable es reemplazar una detención, una investigación y un juicio por una muerte evitable.
La reforma policial impulsada por el Gobierno enfrenta aquí una prueba fundamental: demostrar que la profesionalización institucional también significa controlar el uso de las armas, investigar los abusos y sancionar a sus responsables.
El problema no termina cuando cesan los disparos
En las barriadas quedan familias de luto, ciudadanos temerosos de la delincuencia y vecinos que también pueden temer denunciar actuaciones policiales.
Y queda una contradicción que merece investigación: un Estado que promete seguridad necesita demostrar que sus agentes respetan precisamente las leyes que están encargados de hacer cumplir.
Porque si cada sospechoso muerto es presentado como un delincuente neutralizado, pero cada operativo queda sin escrutinio público suficiente, la justicia corre el riesgo de convertirse en un comunicado de prensa.
Y en República Dominicana, donde la Constitución prohíbe la pena capital, ningún uniforme puede sustituir la sentencia de un tribunal.
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