Carlos Márquez Cabrera /
KISSIMMEE, FLORIDA –Camilo Rodríguez, de 50 o 51 años, fue atacado a tiros alrededor de las 15:20 (hora local) mientras conducía su vehículo en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, una localidad cercana a la capital, San José.
Según las primeras investigaciones, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron su auto y le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir.
El fiscal general, Carlo Díaz, señaló que la escena del crimen se asemejaba a un asesinato por encargo, y que el periodista recibió varios impactos de bala.
¿Quién era Camilo Rodríguez?
Rodríguez era un periodista y escritor independiente. Fundó y dirigió el periódico regional El Guapileño, aunque en sus últimos años se había centrado en difundir información a través de sus propias redes sociales, especialmente TikTok.
Su labor periodística se caracterizaba por denunciar presuntos vínculos entre el narcotráfico y figuras públicas, incluyendo políticos y antiguos responsables de seguridad. Esta línea de trabajo le había granjeado tanto reconocimiento como riesgos.
Amenazas previas y protección
El propio periodista había denunciado amenazas de muerte en repetidas ocasiones, presuntamente provenientes de grupos de narcotraficantes.
El fiscal general confirmó que, a raíz de estas amenazas, Rodríguez fue remitido al Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.
Sin embargo, y este es un punto central de la investigación, Rodríguez decidió no acogerse al programa de protección de carácter voluntario.
Según las autoridades, una de las condiciones del programa era dejar de publicar sus denuncias en redes sociales, algo a lo que el periodista se habría negado.
La investigación y posibles móviles
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía han abierto una investigación para identificar a los responsables y esclarecer el móvil.
La hipótesis principal que se maneja es que el crimen está directamente relacionado con su actividad periodística y las denuncias que publicaba.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha instado a las autoridades a investigar de manera prioritaria esta línea, así como a aclarar cómo se evaluó el riesgo y qué medidas de protección se le ofrecieron al periodista.
El asesinato ha generado una ola de condenas:
Gobierno de Costa Rica: La presidenta Laura Fernández calificó el crimen como un acto «cobarde» y una «mancha contra la libertad de expresión».
Comunidad internacional: La Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza emitieron una declaración conjunta expresando su «profundo pesar» y su confianza en que se esclarezca el crimen.
Organizaciones de prensa: La Asociación de Periodistas de Costa Rica condenó el homicidio y exigió una investigación rápida, señalando que «toda la evidencia apunta a silenciar una voz disidente».
Este caso es especialmente significativo porque Costa Rica ha sido históricamente considerada una de las democracias más estables y seguras de Centroamérica, con un fuerte respeto por la libertad de prensa.
Sin embargo, organizaciones como RSF han advertido sobre un deterioro de las condiciones para el periodismo en el país, que ha caído del puesto 8 al 38 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa entre 2022 y 2026.
El país ha pasado de ser un punto de tránsito a un centro logístico para el narcotráfico, lo que ha incrementado la violencia y las presiones contra los periodistas que investigan el crimen organizado.