Los presidentes de Estados Unidos y México sostuvieron el sábado una conversación telefónica para tratar temas de migración, justo cuando la política migratoria de Joe Biden se encuentra bajo la mira en pleno año electoral y después de que reportes de prensa sobre una investigación estadounidense de presuntas donaciones del narco a la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2006 indignaron al mexicano.
La llamada, que ambos gobiernos calificaron de productiva en comunicados separados, tuvo lugar dos días después de que López Obrador pidió a Estados Unidos que se disculpara por lo que calificó de acusaciones infundadas de una investigación de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, cerrada en 2010 y dada a conocer ahora por varios medios.
El presidente de México, un país que celebra también elecciones presidenciales este año, insinuó que la cooperación bilateral en temas clave podría verse afectada si tales disculpas no llegaban y que el propio Biden debía ser informado de lo ocurrido.
«¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga, si ellos, o una institución de ellos, está filtrando información y dañando no a mí, sino lo que represento?”, dijo López Obrador el jueves. “¿Cómo vamos a hablar de migración, cómo vamos a estar hablando del combate a la droga o el fentanilo?”.
Ninguno de los dos gobiernos mencionó en sus notas de prensa nada relacionado con este tema, aunque México dijo que “la plática fue muy provechosa, de mutuo interés, inspirada en el principio de la política de buena vecindad, amistad y cooperación”.
La Casa Blanca agradeció en su comunicado “el apoyo operativo de México y por la adopción de medidas concretas para disuadir la migración irregular» y dijo que los dos líderes se comprometieron a reforzar “esfuerzos conjuntos para combatir a las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico ilícito de drogas, armas y personas” así como su cooperación bilateral.
El comunicado mexicano no fue tan complaciente y recordó que cualquier ley que pueda aprobar Estados Unidos y «que ignore las causas del fenómeno migratorio está condenada a convertirse en letra muerta”.
Reiteró que su apuesta es que se destinen 20.000 millones de dólares a los países de origen de los migrantes y que Estados Unidos levante las sanciones contra Venezuela y Cuba, dos países de donde salen un creciente número de solicitantes de asilo.
Además, México pidió la regularización de los mexicanos “que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos”.
En Estados Unidos, ahora que la campaña presidencial de 2024 parece perfilarse a una probable revancha entre Biden y el expresidente Donald Trump, la inmigración ha pasado a primer plano como uno de los mayores lastres potenciales del jefe de la Casa Blanca.
Biden, que no solo está presionado por los republicanos sino también de los demócratas de ciudades adonde están llegando solicitantes de asilo en cantidades récord, intenta neutralizar este lastre y por eso ya ha aceptado una amplia medida bipartidista que todavía se negocia en el Senado y que ampliaría su autoridad para imponer nuevas limitaciones a los cruces fronterizos.
Pero la aplicación de cualquier medida requiere la cooperación de México, y en el comunicado del sábado el gobierno mexicano recordó que la propuesta de su gobierno también incluye “no optar por construir muros ni cerrar la frontera, porque no soluciona las causas de la migración ni resuelve el problema. Es pura propaganda política-electoral”.
Los dos gobiernos tienen previsto celebrar distintas reuniones de alto nivel para seguir tratado el tema migratorio.
