Dos años después del tiroteo de la escuela primaria de Uvalde, uno de los más mortíferos en la historia de Estados Unidos, las familias de las víctimas anunciaron que alcanzaron un acuerdo económico con la ciudad texana, luego de confirmarse que las autoridades policiales no respondieron oportunamente a los llamados de auxilio por parte de la comunidad. Con un sentimiento agridulce, las familias celebraron la noticia mientras adelantan otras demandas hacia las autoridades estatales, alegando que la tragedia pudo ser prevenida.
Tras comprobarse que las fuerzas policiales se tardaron demasiado en responder al tiroteo de Uvalde de 2022, la ciudad pagará dos millones de dólares a las familias de 17 niños fallecidos que fueron sorprendidos cuando adelantaban su convencional jornada escolar durante un martes de primavera.
Una larga investigación llevó al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a presentar un informe en enero de este año en el que se comprobó que 376 agentes de al menos cinco agencias policiales distintas tardaron 77 minutos, casi una hora y media, en atender los múltiples llamados de emergencia que se hacían desde la Escuela Primaria Robb y sus inmediaciones.
El fiscal lamentó la “falta de liderazgo, capacitación y políticas fallidas” que no permitieron a los agentes contener a Salvador Ramos, un joven de 18 años que con un rifle de asalto y un chaleco táctico, que arremetió indiscriminadamente contra menores entre los siete y los diez años y dos profesoras.
Los abogados de las familias fueron los encargados de realizar el anuncio luego de lograr un acuerdo con la ciudad de Uvalde, la cual también indemnizará a dos niños sobrevivientes.
Actualmente, hay otras demandas abiertas contra 92 funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas y el distrito escolar de Uvalde.
Las autoridades no trataron el incidente como una situación de tirador activo, a pesar del conocimiento claro de que había un tirador activo dentro, quien pudo continuar la matanza durante más de una hora, mientras familias indefensas esperaban ansiosamente afuera de la escuela, dice el comunicado de las familias.
El reciente acuerdo incluye de igual manera una optimización para capacitar a agentes policiales de Uvalde, así como servicios de apoyo para la salud mental de las familias y los sobrevivientes. La creación de un comité para establecer un monumento conmemorativo permanente también entró dentro de lo pactado.
A finales de 2022, el jefe de la Policía Escolar de Uvalde fue despedido, mientras que todos los guardias de seguridad distritales fueron suspendidos por las autoridades del distrito escolar mientras se adelantaban las investigaciones.
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Un triunfo agridulce para las familias de Uvalde
Verónica Luevanos, una mujer de origen latino —como la mayoría de los estudiantes de la escuela Robb— perdió a su hija Jailah y a su sobrino Jayce durante el tiroteo y desde entonces se convirtió en una líder de las familias en su lucha para que el estado reconociera su responsabilidad.
Tras conocerse sobre el reciente anuncio, Luevanos dijo que este es un «primer esfuerzo de fe» por parte de la ciudad de Uvalde para que la «confianza de sus ciudadanos pueda ser reconstruida».
Durante dos largos años hemos languidecido en el dolor y sin ninguna rendición de cuentas por parte de las fuerzas del orden y los agentes que permitieron que nuestras familias fueran destruidas ese día, apuntó Luevanos.
El anuncio fue hecho dos días antes de que se conmemore el segundo aniversario de la tragedia, en el cual, como ya es costumbre, se espera que se reúnan las familias y la comunidad para rendir homenaje a las víctimas.
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A medida que se calientan motores para las elecciones presidenciales, el expresidente y candidato republicano Donald Trump aseguró el pasado 19 de mayo que el derecho a portar armas de fuego está en peligro, por lo que pidió que los votantes lo apoyen para proteger el derecho amparado en la Segunda Enmienda de la Constitución.
El porte de armas es un importante tema dentro de la sociedad estadounidense que seguramente estará presente en el marco de las elecciones de noviembre. El año pasado 18.854 personas murieron víctimas de armas de fuego, según reportó la organización Gun Violence Archive.
Con EFE y medios locales
