Juristas, políticos y organizaciones critican la circular del MAP, considerándola inconstitucional
El Gobierno enfrenta una ola de críticas por una reciente circular emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP), que exige a los empleados públicos presentar comprobantes de pago de agua y electricidad. La medida, calificada como inconstitucional y violatoria de la dignidad y privacidad de los trabajadores, ha generado rechazo de la comunidad jurídica, gremios y organizaciones de la sociedad civil.
El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, anunció que la institución evaluará el impacto de esta disposición y tomará contacto con el MAP para analizar su alcance. La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) y el Colegio de Abogados (CARD) han advertido que esta circular atenta contra los derechos constitucionales, y CARD ha amenazado con llevar el caso a la Justicia si no se revoca.
La oposición política también ha reaccionado en contra. Dirigentes del PLD y Fuerza del Pueblo han condenado la medida por vulnerar la privacidad de los empleados y afirman que refleja una falta de visión en la administración pública. Exfuncionarios y economistas han cuestionado el fundamento legal de la disposición, calificándola de inoportuna e invasiva.
El ministro del MAP, Sigmund Freund, defendió la circular, argumentando que busca recolectar datos para fines de planificación y asegurar que los empleados cumplan con sus obligaciones básicas.
