-Cuando la corrupción viste uniforme: ¿Seguridad para quién?-
Redaccion Teclalibre
Otra red, otro escándalo, otros millones. Esta vez, el Ministerio Público ha sacado a la luz una estructura de corrupción que —como si fuera poco— operaba dentro del negocio de la seguridad privada estatal, blindada por uniformes militares y conexiones políticas.
Más de RD$100 millones en sobornos. Diez imputados. Más de 500 pruebas. Y el patrón de siempre: contratos amañados, empresas preferidas, pagos por debajo de la mesa… y todo a costa de instituciones públicas que deberían proteger a los más vulnerables: el INAIPI, el SeNaSa y las distribuidoras de electricidad del Estado.
¿Seguridad para quién? Porque no era para los niños ni para los enfermos ni para los barrios que viven a oscuras. Era seguridad para los bolsillos de unos pocos.
Y esta vez el listado de implicados no tiene desperdicio: un mayor general retirado, varios coroneles del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, además de empresarios que parecen saber moverse bien entre escritorios y pasillos oficiales. ¿Cuántos contratos más como estos siguen vigentes? ¿Cuántos siguen intocables?
La procuradora Mirna Ortiz lo dijo sin rodeos: “Esto apenas comienza”. Lo que no dijo —pero muchos sospechan— es que esto también tiene raíces muy hondas. Porque cuando los mismos que deben proteger al Estado se convierten en sus depredadores, la democracia se vuelve rehén y la legalidad un disfraz.
El expediente fue depositado. Se solicitó prisión preventiva. Se pidió declarar el caso como complejo. Muy bien. Pero el país necesita más que expedientes. Necesita resultados. Necesita que esta vez no haya borrón ni pacto silencioso.
Y sobre todo, necesita una lección clara: quien corrompe el Estado debe pagar con cárcel, sin importar su rango, su apellido ni su uniforme.
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