Ejecución extrajudicial en La Barranquita: PEPCA acusa a 11 policías
El Ministerio Público responsabiliza a 11 agentes de la DICRIM de ejecutar a cinco hombres en Santiago. Wilson Camacho habla de “ejecución extrajudicial”, mientras la defensa cuestiona la acusación y pide garantías de debido proceso.
El pasado 10 de septiembre, una operación policial en la plaza del sector La Barranquita, en Santiago, terminó con la muerte de cinco personas. Lo que en principio fue presentado como un enfrentamiento, hoy es calificado por el Ministerio Público como una ejecución extrajudicial.
Las víctimas: Edward Bernardo Peña Rodríguez, José Vladimir Valerio Estévez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Elvis Antonio Jiménez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.
Los informes de autopsia del Inacif confirmaron muertes por impactos de proyectil, con etiología homicida y mecanismo de shock hemorrágico rápido.
El director de la PEPCA, Wilson Camacho, fue categórico: “Las pruebas indican que se trató de una ejecución extrajudicial. No vamos a permitir que hechos de esta naturaleza queden impunes. Procuraremos justicia para las víctimas y sus familiares”.
Camacho acusó a los agentes de sustraer videos de seguridad y teléfonos de las víctimas, además de intentar obstruir la investigación.
Entre los 11 imputados figuran los mayores: Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán: José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente: Domingo de los Santos Vargas, y los cabos: Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad.
Tambien el sargento mayor: Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento: Hairo Mateo Morillo, y los rasos: Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
El Ministerio Público los acusa de asociación de malhechores y homicidio voluntario aunque el abogado Ambiorix Arnould rechazó la figura de asociación de malhechores:
“¿Acaso la autoridad cuando sale a trabajar se constituye en banda criminal?”. se pregunta el abogado.
Además, denunció que los imputados no han podido interactuar con sus abogados, lo que vulnera sus derechos en la fase preparatoria del proceso.
La audiencia de medidas de coerción fue aplazada para el 9 de octubre, con el fin de que la defensa analice el expediente y se garantice la presencia de las víctimas indirectas.
El caso se conoció en el Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, bajo un fuerte dispositivo de seguridad del SWAT y la unidad Lince, reflejo de la tensión generada por este caso.
Este caso pone sobre la mesa la crisis de legitimidad de la Policía Nacional y los límites del poder coercitivo del Estado. La acusación de “ejecución extrajudicial” contra 11 agentes marca un precedente: la justicia está obligada a demostrar que ningún uniforme protege la impunidad.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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