-El «Intercambio de Disparos» no da tregua: 51 muertes en el primer trimestre de 2026-
Por: Redacción TeclaLibre
El balance del primer trimestre de 2026 cierra con una estadística que sacude los cimientos de la reforma policial: 51 personas han caído abatidas a manos de agentes de la Policía Nacional. Bajo el sello burocrático de «acción legal», estas muertes —comúnmente denominadas intercambios de disparos— superan los 48 casos registrados en el mismo periodo de 2025, confirmando que la letalidad sigue siendo la política de facto en las calles.
El inicio de año no ha dado respiro. Solo en enero, el 17.3% de los homicidios en el país (19 de 110) fueron responsabilidad de la fuerza pública. Si bien febrero mantuvo una meseta similar al año anterior con 17 casos, el dato de marzo es el que dispara las alarmas: al día 20 ya se contabilizaban 15 muertes, casi duplicando los 8 fallecimientos reportados en la totalidad de marzo de 2025.
La llegada del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz a la dirección de la institución no ha enfriado los cañones. En lo que va de su gestión, ya se cuentan 16 bajas, lo que sugiere una línea de continuidad con los métodos cuestionados de gestiones anteriores. La pregunta en el aire es si estamos ante una respuesta a un crimen más agresivo o ante una directriz institucional que prioriza la neutralización definitiva sobre el arresto.
Un dato que pasa desapercibido, pero que resulta revelador, es la estadística de los lesionados. Mientras que el total de heridos en el país bajó de 648 a 548 en comparación con el año pasado, y los heridos en choques con la policía descendieron de 75 a 54, la cifra de muertos subió.
¿Qué significa esto?
Menos heridos y más muertos sugieren que los encuentros entre la Policía y los civiles son ahora más definitivos. Hay menos espacio para la herida y más para el desenlace fatal. Esta «eficiencia letal» pone en entredicho los protocolos de uso de la fuerza y los avances en materia de derechos humanos que tanto se promocionan en los foros de reforma.
El incremento del 100% en la letalidad de marzo (en comparación con 2025) debe ser una señal de alerta roja para el Ministerio de Interior y Policía. La seguridad ciudadana no puede medirse solo por la cantidad de «caídos», sino por la capacidad del Estado de someter a la justicia a quienes infringen la ley sin convertirse en juez y verdugo en la acera.
¿Crees que esta tendencia de «mano dura» es la solución al crimen o un retroceso democrático? Déjanos tu comentario.
–Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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