La política de drogas en Estados Unidos atraviesa un cambio poco habitual. En cuestión de días, la Administración de Donald Trump ha tomado decisiones sobre dos temas que durante décadas estuvieron prácticamente cerrados: la marihuana y los psicodélicos. Por un lado, el Departamento de Justicia hoy reclasificó la marihuana médica autorizada por los Estados como una sustancia menos peligrosa; por otro, una orden ejecutiva busca acelerar el desarrollo de terapias con drogas psicodélicas. Estas son las claves para entender qué cambia —y qué no—.
La marihuana médica deja de estar en la categoría más restrictiva
El cambio más concreto es la reclasificación de la marihuana médica con licencia estatal. Hasta ahora estaba en la Lista I, reservada para sustancias “con alto potencial de abuso” y “sin uso médico aceptado”. La orden firmada por el fiscal general interino, Todd Blanche, la traslada a la Lista III, junto a fármacos con un nivel de control menor.
La medida no legaliza el cannabis a nivel federal, pero sí modifica su tratamiento regulatorio. En la práctica, reconoce el desarrollo de sistemas estatales que llevan años funcionando. Hoy en día, la gran mayoría de los Estados cuentan con marcos normativos integrales que regulan el cultivo, la elaboración, la distribución y la dispensación de marihuana con fines médicos”, escribió Blanche. El cambio también alinea parcialmente la clasificación con medicamentos derivados del cannabis ya aprobados, que estaban en esa misma categoría.
Investigación y acceso: el argumento central de la Casa Blanca
La Administración ha presentado la decisión como un paso para facilitar la investigación y ampliar opciones terapéuticas. Blanche afirmó: “Esta medida de reclasificación permite investigar la seguridad y la eficacia de esta sustancia, lo que, en última instancia, proporcionará a los pacientes una mejor atención y a los médicos información más fiable.
Durante años, universidades y hospitales han evitado estudiar el cannabis por su estatus federal. La reclasificación reduce esas barreras y podría acelerar ensayos clínicos. También envía una señal política: el Gobierno federal empieza a aceptar que el cannabis tiene aplicaciones médicas, algo que ya sostenían la mayoría de los Estados.
Aun así, algunos expertos advierten que el cambio es limitado. Morgan Fox, de NORML (Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de Marihuana), lo describió a la BBC como “simbólico”, aunque reconoció que abre la puerta a debates más amplios sobre legalización.
Impacto económico y choque con los críticos
Al pasar a la Lista III, muchas empresas de cannabis podrán deducir gastos en impuestos federales, algo que antes no podían hacer. Para la industria, esto supone un alivio tras años de cargas fiscales elevadas. Poco después de que se anunciara su reclasificación, varias empresas de marihuana repuntaron en la Bolsa.
Pero el movimiento también ha generado rechazo. Kevin Sabet, de Smart Approaches to Marijuana, dijo a la Associated Press que representa “una exención fiscal para las grandes empresas de marihuana” y afirmó que “con esta medida, nos enfrentamos ahora al gobierno más favorable al consumo de drogas de nuestra historia”.
El cambio no resuelve el conflicto legal de fondo
Pese al giro, la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal fuera de los programas médicos autorizados. Esto mantiene un escenario fragmentado: la mayoría de los Estados permiten su uso en alguna forma, pero las leyes federales siguen vigentes.
El propio proceso tampoco está cerrado. El Departamento de Justicia ha convocado una audiencia para evaluar una reclasificación más amplia del cannabis. Además, una vez publicada la norma, puede enfrentarse a impugnaciones legales que retrasen su entrada en vigor.
Previamente, la Administración de Joe Biden ya había iniciado una revisión, pero no logró completarla. Trump ha optado por acelerar el proceso, incluso saltándose algunos pasos habituales.
Psicodélicos: una señal política más que un cambio inmediato
Por otra parte, una orden ejecutiva firmada por Trump el 18 de abril busca acelerar el desarrollo de tratamientos con psicodélicos como el LSD, el MDMA o la psilocibina, todos aún prohibidos a nivel federal.
La medida pide a la FDA que dé prioridad a ciertos proyectos y destina 50 millones de dólares para apoyar investigaciones en salud mental. No cambia los requisitos científicos, pero sí el ritmo y la atención política.
La movida responde a la falta de tratamientos eficaces para condiciones como el trastorno de estrés postraumático o la depresión resistente. Algunas investigaciones apuntan a que estos compuestos podrían ayudar, aunque los resultados aún son preliminares y controvertidos.
También hay riesgos. Mason Marks, investigador principal del Proyecto sobre Legislación y Regulación de las Sustancias Psicodélicas del Centro Petrie-Flom de la Facultad de Derecho de Harvard, advirtió sobre la posibilidad de acelerar aprobaciones sin suficiente evidencia. “Esto podría suponer un verdadero revés para los avances logrados”, afirmó en una declaración a Time.
En paralelo, sustancias como la ibogaína —mencionada por Trump— han ganado visibilidad pese a sus riesgos, incluidos efectos cardíacos graves.
