Por Rafael Portorreal
La democracia no se mide por la cantidad de elecciones que celebra un país, sino por la calidad y amplitud de los derechos que garantiza a sus քաղաքացինos. Bajo esa premisa, la reciente decisión del Congreso de la República Dominicana, materializada en la Ley 13-26 y promulgada por el presidente Luis Abinader, representa un preocupante retroceso institucional: el cierre de la vía para las candidaturas independientes.
Se trata de mucho más que un simple ajuste normativo. Es, en esencia, la imposición de un cerrojo al derecho fundamental de participación política consagrado en el artículo 22 de nuestra Constitución, el cual establece de manera inequívoca que todo ciudadano tiene el derecho de elegir y ser elegido. No se trata de una concesión del sistema político, sino de una garantía inherente a la ciudadanía.
Al eliminar la posibilidad de aspirar a cargos electivos fuera del esquema partidario, el Estado dominicano envía un mensaje inquietante: la democracia queda secuestrada por estructuras políticas que, lejos de representar fielmente a la sociedad, han demostrado en múltiples ocasiones responder más a intereses particulares que al bien común.
La Ley 33-18, que regula los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, ya había establecido un modelo restrictivo que condiciona la participación a la afiliación partidaria. Sin embargo, la nueva legislación profundiza esa limitación al punto de excluir por completo a quienes, por convicción o independencia, optan por no someterse a las maquinarias tradicionales. En otras palabras, se institucionaliza la dependencia política como requisito para ejercer un derecho ciudadano.
Esta situación plantea un serio conflicto de constitucionalidad. ¿Cómo puede una ley ordinaria restringir un derecho fundamental claramente protegido por la Carta Magna? La respuesta, aunque incómoda, apunta a una práctica recurrente en nuestras democracias frágiles: la legislación como herramienta de control político en lugar de garantía de derechos.
Más grave aún es el precedente que se establece. Si hoy se limita el derecho a ser elegido, mañana podría restringirse el derecho a elegir. La democracia no se erosiona de golpe; se desgasta lentamente, ley tras ley, hasta que el ciudadano queda reducido a un espectador dentro de un sistema que ya no le pertenece.
La figura de la candidatura independiente no es un capricho ni una anomalía. En muchas democracias funcionales constituye un canal legítimo para oxigenar el sistema político, permitiendo la entrada de nuevas ideas, liderazgos y visiones. Su eliminación no fortalece la institucionalidad; la debilita, al cerrar espacios y perpetuar un modelo excluyente.
Negar a un ciudadano inscrito en el padrón electoral de la Junta Central Electoral la posibilidad de postularse sin el aval de un partido es, en esencia, negarle su condición plena de sujeto político. Es reducir la ciudadanía a un acto pasivo, limitado al voto cada cuatro años, mientras se le arrebata la capacidad de incidir directamente en la oferta electoral.
La democracia dominicana enfrenta, una vez más, una encrucijada. O se reafirma como un sistema abierto, plural y respetuoso de los derechos fundamentales, o continúa deslizándose hacia un modelo donde las reglas del juego son diseñadas por y para quienes ya detentan el poder.
La historia ha demostrado que ningún sistema político puede sostenerse indefinidamente sobre la exclusión. Tarde o temprano, la presión social y la demanda de apertura obligan a corregir el rumbo. La pregunta no es si esta ley será revisada o modificada en el futuro, sino cuánto daño institucional habrá que reparar cuando ese momento llegue.
Porque cuando se limita el derecho a ser elegido, no solo se afecta a un individuo: se debilita la esencia misma de la democracia
