-Redaccion de TeclaLibre-
Este 5 de mayo de 2026, Mario José Redondo Llenas —autor confeso del asesinato de su primo de 12 años— cruzará el portón del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo‑Hombres como un hombre libre. Cumple así la totalidad de su condena de 30 años, la máxima que establecía el derecho penal dominicano en los años noventa.
A sus 49 años de edad (tenía 19 cuando cometió el crimen), su salida supone el cierre judicial de una causa que conmocionó al país y que aún hoy genera un intenso debate nacional.
El crimen fracturó a una nación. 34 puñaladas. Un baúl de auto. Una llamada falsa. Una confianza que nunca debió ser traicionada.
El 3 de mayo de 1996, José Rafael Llenas Aybar, un niño perteneciente a una familia acomodada de Santo Domingo, pidió permiso a su madre. Su primo hermano mayor, Mario José Redondo Llenas, lo había invitado a ver una exhibición de motores en un lugar público. La madre aceptó con una condición: que regresara a las 5:00 p.m., pues esa noche la familia tenía compromisos.
Pero ese permiso fue la última conversación de una madre con su hijo.
Mario José no llevó al niño a la exhibición: lo condujo directamente a la casa de su amigo, Juan Manuel Moliné Rodríguez, de 18 años, quien se convirtió en cómplice. Juntos ataron al menor de pies y manos, lo introdujeron en el baúl de un Honda Accord verde y comenzaron a dar vueltas sin rumbo, discutiendo qué hacer con él.
Según declaraciones judiciales, en principio consideraron pedir un rescate de 10 millones de pesos. Pero la idea se desvaneció rápido: ambos sentían que, si lo soltaban, el niño los iba a delatar.
En algún momento, Mario José le preguntó a su amigo si se atrevía a matarlo. Cuando Moliné dudó, Redondo Llenas tomó un cuchillo y, mientras su cómplice sujetaba al niño, le propinó 34 puñaladas en la espalda y la nuca, y le cercenó la yugular. Luego envolvieron el cuerpo en cinta adhesiva y lo arrojaron al Arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la Autopista Duarte.
Paradójicamente, el propio Mario José se integró a las labores de búsqueda, «llorand» junto a los padres del niño que él mismo acababa de asesinar.
El 4 de mayo de 1996, una pareja de campesinos que pasaba por el sector El Cenit, en Pedro Brand, encontró un cuerpo parcialmente sumergido. Estaba envuelto en cinta adhesiva gruesa, con los pies y las manos atados.
En la escena del crimen, los investigadores encontraron un pequeño papel en el que había un número telefónico. Ese número pertenecía a Kimberly Caldas, novia de Juan Manuel Moliné Rodríguez. A partir de ahí, la investigación se precipitó hacia los dos jóvenes.
Ambos fueron detenidos y confesaron el crimen. Al ser apresados, no se mostraron arrepentidos, sino que exhibieron una frialdad que alimentó, desde entonces, todo tipo de teorías conspirativas.
El caso Llenas Aybar no conmocionó solo por su brutalidad, sino porque partió en dos a una misma familia. José Rafael, la víctima, y Mario José, su verdugo, eran primos hermanos. Compartían sangre, abuelos y apellidos. Vivían al cruzar la calle.
José Rafael Llenas Menicucci (padre del niño) e Ileana del Carmen Aybar Nadal (madre). Ambos recibieron una indemnización de RD$5 millones cada uno, ordenada por la Suprema Corte de Justicia.
La víctima, José Rafael Llenas Aybar, era tercer primo del ex presidente Hipólito Mejía y del ex vicepresidente Jacinto Peynado Garrigosa, además de primo lejano del pelotero de Grandes Ligas Winston Llenas. Eso convirtió el caso en un escándalo nacional de alta exposición política y mediática.
Nora Llenas (madre de Mario José) es tía paterna del niño asesinado, hermana del padre de la víctima. Sufre una paradoja irreparable: perdió a un sobrino y tiene a su hijo preso por ese mismo crimen.
El padre de Mario José (cuyo nombre no aparece con frecuencia) ha expresado públicamente que viven una “tragedia doble”.
Desde 1996, ambas ramas familiares rompieron todo contacto. La madre del niño asesinado declaró en 2013 que, durante los años de prisión, Mario José nunca manifestó arrepentimiento ni intentó acercarse para pedir perdón, solo para obtener beneficios penitenciarios.
En 1996, la mención de estos nombres no era solo una curiosidad genealógica, sino que subrayaba el perfil social de la tragedia.
El hecho de que la víctima perteneciera a familias tan conectadas con el poder político, deportivo y empresarial hizo que el caso no pudiera ser «archivado» o ignorado.
El juicio estuvo marcado por la presión mediática y la atención pública. En primera instancia, Mario José Redondo Llenas fue condenado a 30 años de prisión y Juan Manuel Moliné Rodríguez a 20 años como coautor.
La defensa presentó recursos y el caso llegó a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que el 26 de septiembre de 2006 dejó firmes ambas sentencias. El crimen fue calificado como “asesinato premeditado”, “asociación de malhechores” y “porte de arma”.
Ninguno de los dos condenados obtuvo libertad condicional antes de tiempo. Ambos cumplieron sus condenas hasta el último día.
Juan Manuel Moliné Rodríguez salió en libertad el 5 de mayo de 2016, después de 20 años de prisión.
Mario José Redondo Llenas lo hará el 5 de mayo de 2026, tras 30 años encerrado.
Este caso es uno de los pocos en la historia dominicana en el que los condenados por homicidio agravado han cumplido la totalidad de las penas impuestas.
Desde el inicio del proceso, circularon versiones no probadas que el imaginario colectivo dominicano no ha podido olvidar.
La saña desmedida, la falta de móvil económico claro y la frialdad psicológica de los acusados llevaron a especular sobre posibles motivaciones ocultas, y/o ritos satánicos.
Mario José Redondo Llenas declaró en una audiencia que había recibido instrucciones del señor Luis Palma de la Calzada, esposo de la entonces embajadora de Argentina en República Dominicana, Teresa Meccia de Palma. Según su versión, Palma de la Calzada habría ordenado el secuestro para un sacrificio satánico. Nunca se presentaron pruebas de esa acusación, y la madre del niño asesinado la descartó como una “treta” de Redondo Llenas.
A tres décadas del crimen, el móvil real sigue sin estar claramente establecido. La fiscalía y los psicólogos forenses nunca pudieron demostrar una deuda económica ni una pelea previa. La conclusión legal fue que se trató de un crimen planificado por pura perversidad, guiado por una personalidad psicopática que buscaba experimentar la adrenalina de un asesinato “perfecto”.
La inminente liberación ha reabierto heridas. Los sectores se han dividido en dos posturas encontradas:
Quienes rechazan la libertad: argumentan que 30 años son insuficientes para un crimen de esa naturaleza. Alegan que el condenado nunca expresó un verdadero arrepentimiento y que su excarcelación representa una revictimización para la familia del niño y para toda la sociedad.
Quienes defienden el cumplimiento de la ley: sostienen que la justicia dictó sentencia, la condena se cumplió íntegramente y, por tanto, el derecho a la libertad es inapelable. Algunos incluso plantean que Redondo Llenas ya pagó su deuda con el sistema penal y merece la oportunidad de reintegrarse.
La madre del niño asesinado ha sido categórica: su familia siente miedo de que Redondo Llenas vuelva a las calles.
Por su parte, la madre de Mario José Redondo Llenas escribió una carta pública en la que afirma que su hijo “ya no es el joven de 19 años que una vez fue” y que ha “asumido su responsabilidad y pedido perdón”. No obstante, reconoce que el perdón depende de cada persona y nadie está obligado a otorgarlo.
Análisis TeclaLibre: una libertad que no libera a la memoria colectiva
Una cicatriz jurídica y emocional: La salida de Redondo Llenas cierra un capítulo judicial, pero no cierra el debate social. El caso Llenas Aybar expuso, ya en 1996, las fracturas de una sociedad que no supo dar respuestas claras: ni sobre el móvil real del crimen, ni sobre la posible participación de terceras personas, ni sobre el origen de la violencia extrema en sectores acomodados. Esas preguntas siguen abiertas.
El peso del apellido: Que la víctima fuera tercer primo de un presidente y que el victimario perteneciera a la misma élite social no solo magnificó la cobertura mediática, sino que generó la sospecha —nunca desmentida del todo— de que hubo presiones y encubrimientos. La frialdad con la que los dos jóvenes cometieron el crimen se convirtió en un estereotipo: el “psicópata de clase alta” que juega a ser asesino por aburrimiento. Ese estereotipo, aunque discutible, forma parte del imaginario popular dominicano hasta hoy.
Treinta años después, las dos ramas de la familia Llenas siguen sin hablarse. El crimen partió un árbol genealógico en dos. Esa ruptura íntima, poco documentada en los titulares, es quizás el reflejo más trágico y silencioso del caso. Una madre perdió un sobrino y tiene a su hijo preso; la otra perdió un hijo y tiene al asesino viviendo al cruzar la calle. No hay reconciliación posible. Solo la distancia y el dolor compartido de un mismo apellido manchado para siempre.
El hecho de que Redondo Llenas haya purgado la totalidad de su condena sin beneficios penitenciarios es inédito para un crimen de estas características en República Dominicana. Podría sentar un precedente respecto a cómo se miden las penas máximas y cómo se evalúa la “peligrosidad” de un condenado al momento de su excarcelación. La sociedad deberá preguntarse: después de 30 años encerrado, ¿es el mismo hombre que engañó, secuestró y apuñaló 34 veces a su primo de 12 años? ¿O la prisión cumplió su promesa de “reinsertar”?
Nunca se supo, realmente, por qué mataron a ese niño. Ni una deuda, ni un ajuste de cuentas, ni un odio familiar previo. Si el móvil fue “pura perversidad”, como dictaminaron los psicólogos forenses, entonces el caso no es solo una tragedia individual, sino el síntoma de una falla moral en la sociedad que los crio. Ese “no saber” es lo más aterrador de todo, porque impide construir una narrativa de prevención. Si no hay causa, no hay manera de evitar que vuelva a ocurrir.
Cuando Mario José Redondo Llenas cruce la reja de Najayo este 5 de mayo, la ley habrá cumplido su parte. La memoria colectiva, en cambio, seguirá habitando en el arroyo Lebrón. 30 años no son nada cuando una madre aún espera a su hijo que nunca regresó.
El “crimen del siglo” no se cerró con una sentencia. Se cierra, si acaso, con una pregunta incómoda que la sociedad dominicana prefiere no responder: ¿estamos dispuestos a dejar que un asesino confeso de un niño de 12 años camine entre nosotros como si nada hubiera pasado?
La justicia dijo que sí. El corazón de una nación, todavía, no está tan seguro.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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