Por La Redaccion de TeclaLIbre
¡Saludos, cibernautas de TeclaLibre! Si pensaban que el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte era solo un santuario para el sudor, las medallas y el atletismo, prepárense para cambiar la óptica. Detrás de los bloques de salida del Estadio Félix Sánchez y bajo las canchas del complejo deportivo más importante del país, corre una millonaria corriente de litigios judiciales.
La noticia del día nos pone frente a un número frío pero impactante: 340.7 millones de pesos es la condena ratificada por el Tribunal Constitucional (TC) que el Estado dominicano —a través de la Dirección General de Bienes Nacionales— tendrá que pagar a los herederos de Nelly Elidia Pellerano de Ricart. ¿El motivo? Terrenos expropiados hace más de seis décadas.
Diario Libre
Para los que seguimos el pulso de las finanzas públicas y el derecho de propiedad, esto es un verdadero «noti-análisis» con sabor a déjà vu.
Un Poco de Historia: El «Parque Metropolitano» del Triunvirato
Para entender el lío hay que rebobinar la cinta de la historia hasta el año 1964. Tras el derrocamiento de Juan Bosch, gobernaba el país el Triunvirato. Mediante el Decreto 1886 de ese año, se declararon de utilidad pública los terrenos ubicados en el antiguo Aeropuerto Andrews para levantar lo que originalmente llamaron el Parque Central Metropolitano.
Aquello eventualmente se convirtió en el Centro Olímpico que hoy pisamos, inaugurado con bombos y platillos para los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1974. Sin embargo, la burocracia estatal dejó cabos sueltos:
En 1993, el Estado y la propietaria firmaron un contrato de permuta en el que se le entregó un apartamento como parte del pago, prometiendo liquidar un saldo pendiente que jamás se cumplió.
Cansados de esperar por casi 30 años, los herederos activaron la vía legal en 2021 demandando el justiprecio (el valor real y justo de la propiedad expropiada). Lo que convierte este expediente en una joya de análisis es el abismo que existía entre las partes al momento de ponerle precio al metro cuadrado:
Tasación Privada (Demandantes) RD$ 672,000,000
Tribunal Superior Administrativo (Fallo final) RD$ 340,736,293 (restando el apartamento)
Dirección General de Catastro Nacional RD$ 9,200,000
Bienes Nacionales fue con todo ante el TC buscando anular el fallo, argumentando que la indemnización del Tribunal Superior Administrativo (TSA) era exorbitante. Pero el Tribunal Constitucional les recordó una regla de oro: la revisión constitucional no sirve para reevaluar pruebas ni para cambiar los montos que los tribunales ordinarios ya calcularon con base en la ley. Fin del juego de apelaciones.
Análisis TeclaLibre: El «Modus Operandi» de la Deuda Histórica
Este caso no está aislado. Es primo hermano de la sentencia de 472.8 millones de pesos dictada en favor del empresario José Ramón Borrell Ponce, cuyos terrenos familiares se ubican literalmente detrás del icónico reloj del Estadio Olímpico Félix Sánchez. En ese caso, el demandante llegó a pedir la astronómica cifra de 38 mil millones por el tiempo transcurrido.
¿Qué nos dice esto desde una perspectiva analítica y crítica?
La factura de la «alegría del pasado»: Los gobiernos dominicanos del siglo XX (dictadura, triunviratos y los 12 años de Balaguer) tenían una altísima vocación de declarar terrenos de utilidad pública y «construir primero, averiguar el pago después». Sesenta años más tarde, la seguridad jurídica contemporánea le pasa la tarjeta de crédito con intereses acumulados a los contribuyentes de hoy.
El TSA como el dolor de cabeza del Estado: El Tribunal Superior Administrativo se ha convertido en el verdadero árbitro de las expropiaciones. Aunque Catastro Nacional intente tasar a precios risibles de tiempos de antaño (¡tasar en 9 millones algo que vale cientos!), los jueces están aplicando valores comerciales realistas para no vulnerar el derecho fundamental de propiedad.
El impacto presupuestario: Sumando el caso de Borrell Ponce (472.8 MM) y este nuevo fallo (340.7 MM), el Estado debe buscar cerca de 813 millones de pesos solo para saldar las cuentas pendientes del Centro Olímpico. Dinero que sale del Presupuesto Nacional.
El runrún en los pasillos jurídicos y de la opinión pública se divide en dos vertientes muy claras:
Los defensores de la Seguridad Jurídica: Celebran estas sentencias. Consideran que el Estado dominicano no puede actuar como un «expropiador impune». El respeto al patrimonio privado es lo que garantiza que los inversionistas extranjeros y locales confíen en el país. Si usas algo, págalo a precio de mercado.
Los críticos del Presupuesto Público, lamentan que los errores u omisiones de funcionarios de los años 60, 70 y 90 tengan que ser pagados con los impuestos de los ciudadanos actuales, restando recursos que bien podrían ir a salud, educación o al mismo mantenimiento —bastante deteriorado en ocasiones— de las infraestructuras deportivas del Centro Olímpico.
El Dato Curioso: Mientras se remodelan las pistas y las luces del Estadio Félix Sánchez para eventos internacionales, ahora sabemos que el suelo que pisan las estrellas del atletismo tiene un costo histórico que finalmente ha sido cobrado bajo el estricto sello del Tribunal Constitucional.
¡Así ruge la tecla! Comenten, compartan y dejen su opinión en los comentarios de TeclaLibre. ¿Creen que es justo pagar estas sumas después de 60 años, o debería existir un límite de tiempo para reclamar al Estado?
-Redaccion de TeclaLIbre-
rodriguezsluism9@gmail.com https://teclalibremultimedios.com/category/portada
