Mientras el Senado dominicano celebra la reforma penal más esperada en décadas, los derechos de las mujeres vuelven a ser la moneda de cambio en una democracia que avanza por decreto pero retrocede en justicia social.
Por Teclalibre Digital
1 de agosto de 2025
El Senado de la República Dominicana aprobó este lunes —una vez más y sin un solo voto en contra— la reforma del Código Penal. El texto, aclamado por sus impulsores como “moderno” y “acorde a los nuevos tiempos”, castiga con más dureza el feminicidio, el ciberacoso, el sicariato y la corrupción privada… pero mantiene intacta la prohibición absoluta del aborto. Ni siquiera en casos de violación, incesto o peligro de muerte para la madre. Nada nuevo bajo el sol caribeño.
La “victoria jurídica” de este lunes viene precedida por 20 años de discusiones estériles, múltiples borradores legislativos y un constante regateo entre la teocracia política y los derechos reproductivos. El nuevo Código se vende como un logro, pero en su columna vertebral se enraíza la idea de que el cuerpo de la mujer —especialmente si es pobre— le pertenece al Estado, o peor aún, a la moral conservadora que domina el Congreso como si se tratara de una parroquia.
El nuevo articulado del Código Penal, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, incluye 72 nuevas figuras delictivas. Entre ellas destacan: el genocidio, el terrorismo, los crímenes de odio y delitos cibernéticos. También eleva la pena máxima acumulable a 60 años de prisión. Hasta aquí, los aplausos.
Pero todo ese andamiaje se tambalea con una omisión ensordecedora: el texto no incluye las tres causales de excepción para la interrupción voluntaria del embarazo, una lucha histórica del movimiento feminista dominicano, de organismos internacionales de derechos humanos y de cientos de miles de ciudadanas que siguen poniendo su vida en juego cada vez que una complicación obstétrica se convierte en sentencia de muerte.
Ningún senador levantó la voz para cuestionar esa exclusión. Unanimidad. Silencio. Obediencia. Como si el consenso fuera sinónimo de justicia. Como si legislar para la galería religiosa y los intereses de sectores ultraconservadores bastara para validar lo que, en el fondo, es una traición: a las mujeres, a la salud pública, a la ciencia, y a la propia Constitución que habla de dignidad humana.
Y que no vengan con el cuento de que “no es el momento”, que “hay que discutirlo aparte”, que “hay temas más urgentes”. ¿Cuándo, si no ahora? ¿Cuántas muertes más harán falta para que el Estado entienda que prohibir el aborto incluso cuando la vida de la madre está en riesgo no es moral, es criminal?
El argumento de que se puede salvar la vida de la madre sin legalizar las causales es un sofisma. El artículo que lo aborda exige “haber agotado todos los medios científicos posibles”, lo cual, en un país con carencias hospitalarias y donde muchas mujeres apenas acceden a atención primaria, equivale a una condena encubierta.
Peor aún: no se castiga al funcionario público que impida el aborto terapéutico. No se protege al médico que actúe de buena fe. Y se refuerza el miedo en el sistema sanitario, donde cada decisión se toma con el Código Penal en una mano y el rosario en la otra.
El proyecto ya pasó a la Cámara de Diputados, donde se anticipa una aprobación igual de mecánica. Luego irá al escritorio del presidente Luis Abinader. En teoría, podría observarlo. En la práctica, todo indica que preferirá mirar hacia otro lado. Su gobierno —aunque se dice moderno y progresista— ha sido ambivalente en este tema. ¿Otra oportunidad perdida?
Mientras países como Argentina, Colombia y México han avanzado hacia marcos legales que reconocen la autonomía de las mujeres, la República Dominicana se aferra a un Código Penal que pretende modernizarse dejando intacto su corazón medieval.
En pleno siglo XXI, la penalización absoluta del aborto nos convierte en un reducto de intolerancia jurídica. No somos un país provida. Somos un país prohipocresía.
Aprobar un nuevo Código Penal sin garantizar las tres causales no es progreso. Es pintura fresca sobre un muro agrietado. Y si no se protege la vida, la dignidad y la libertad de decisión de la mitad de la población, entonces no se ha reformado el Código: se ha reforzado la injusticia.
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