-Iglesia y oposición cuestionan acuerdo de RD con EE.UU. para recibir deportados extranjero-
Las críticas contra el memorando firmado entre República Dominicana y Estados Unidos crecen. El arzobispo de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, y líderes opositores como Leonel Fernández advierten sobre posibles riesgos a la soberanía nacional, falta de transparencia y consecuencias migratorias aún no explicadas por el Gobierno.
El debate ya dejó de ser un asunto técnico de Cancillería. Ahora entró en el terreno más delicado: la soberanía, la seguridad y el costo político interno. Y ahí, cuando la Iglesia Católica, la oposición y parte de la sociedad civil comienzan a hablar al mismo tiempo, el ruido se convierte en presión.
El arzobispo metropolitano de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, lanzó una de las críticas más fuertes hasta ahora. Dijo que “al principio no entendía la explicación del canciller, y ahora entiendo menos”, cuestionando por qué República Dominicana tendría que recibir personas que ni siquiera Estados Unidos devuelve directamente a sus países de origen. Incluso llegó a advertir que, si el acuerdo fue impuesto sin discusión institucional, “la soberanía dominicana ha sido vulnerada”.
El prelado fue todavía más lejos al afirmar que el país no puede convertirse en “una especie de basurero” migratorio, expresión que rápidamente se viralizó en redes sociales y programas de opinión. Sus preguntas tocaron fibras sensibles: ¿Dónde vivirán esas personas? ¿Quién las vigilará? ¿Qué historial tienen? ¿Qué gana realmente el país?
Mientras tanto, el expresidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo también han elevado el tono. Fernández sostuvo que República Dominicana “no está jurídicamente obligada” a aceptar decisiones derivadas de tribunales estadounidenses y subrayó que un memorándum de entendimiento “no es un instrumento jurídico vinculante”.
En otras intervenciones difundidas por medios y redes, Leonel cuestionó que el país firmara un acuerdo de esa naturaleza sin un debate nacional más amplio. La línea argumental de la Fuerza del Pueblo apunta a que Washington estaría trasladando un problema migratorio regional hacia una nación pequeña y vulnerable del Caribe.
Otro dirigente de la Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo, calificó el acuerdo como una “claudicación de soberanía”, alegando que coloca los intereses dominicanos al servicio de prioridades geopolíticas estadounidenses.
Desde el Gobierno, sin embargo, el discurso es completamente distinto. El canciller Roberto Álvarez insiste en que el acuerdo es “no vinculante”, temporal y limitado a unas 30 personas mensuales, excluyendo haitianos, menores no acompañados y personas con antecedentes penales. Además, asegura que Washington cubrirá los costos y que la permanencia sería apenas de siete a quince días.
La embajadora estadounidense Leah Francis Campos ha defendido públicamente el convenio alegando que se trata de cooperación regional y de una herramienta para agilizar procesos migratorios complejos.
Pero en redes sociales dominicanas el ambiente está lejos de la calma. En Instagram, Facebook, TikTok y programas radiales se repiten palabras como “presión”, “imposición”, “protectorado migratorio” y “vertedero humano”. Algunos comunicadores recuerdan que el propio presidente Luis Abinader había dicho en 2025 que el país no tenía obligación de recibir nacionales de terceros países deportados por EE.UU., lo que alimenta acusaciones de contradicción política.
Analistas locales también observan otro elemento: el temor de que este memorando sea apenas la primera fase de acuerdos migratorios más amplios dentro de la estrategia regional de Washington bajo el endurecimiento migratorio impulsado por Donald Trump. Algunos sectores creen que el verdadero objetivo es convertir a aliados caribeños y centroamericanos en “zonas de tránsito” para deportaciones difíciles o políticamente incómodas.
Y ahí está el detalle que más combustible le ha echado al debate: la sensación de que el país está aceptando responsabilidades internacionales sin que la población conozca el texto íntegro del acuerdo. Incluso figuras como el ex canciller Andrés Navarro y organizaciones civiles han pedido publicar completamente el memorando.
En el fondo, el asunto ya no es solamente migratorio. Se está convirtiendo en un examen político sobre hasta dónde llega la alianza con Washington y cuánto está dispuesto a ceder el Estado dominicano a cambio de respaldo diplomático, cooperación y estabilidad en tiempos turbulentos.
Y claro… en la República Dominicana, cuando alguien menciona “soberanía” y “acuerdos discretos” con Estados Unidos, la imaginación nacional no tarda mucho en encenderse. Porque aquí la memoria histórica tiene una mala costumbre: nunca duerme.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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