Crónica de un «No Ha Lugar»: El Calamar que se escapa de la red
La justicia dominicana ha sacudido el tablero político este cierre de mayo de 2026. En una decisión que ya se perfila como un sismo jurídico, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, ha dictado un auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. El entramado de la Operación Calamar, aquel caso que prometía ser la piedra angular de la lucha contra la corrupción administrativa de la pasada gestión, acaba de sufrir una fractura estratégica.
La magistrada Ramírez, tras evaluar el expediente durante la fase preparatoria, fue tajante: las pruebas presentadas por el Ministerio Público contra Castillo y Peralta —dos de las figuras más pesadas del anterior oficialismo— no son suficientes para sustentar una acusación que justifique el envío a juicio de fondo.
Mientras el Ministerio Público, con el fiscal a la cabeza, ya ha anunciado que apelará la decisión, el ambiente está cargado de suspicacias. ¿Por qué el grueso del expediente se sostiene para Donald Guerrero y otros imputados (como el abogado Ángel Lockward), pero se desmorona ante los pesos pesados del danilismo?
Si seguimos la línea de la vieja escuela del análisis ácido, al estilo TeclaLibre, la lectura es obligatoria:
El efecto «Visa»: En redes sociales y columnas de opinión, el comentario no se hizo esperar. Se menciona irónicamente que «la justicia habló antes que el visado», sugiriendo que las presiones externas, las alianzas políticas de coyuntura y el ajedrez electoral de cara al 2028 no son ajenos a los pasillos del Palacio de Justicia.
La disparidad de la justicia: Mientras unos quedan libres de polvo y paja, otros 28 encartados deberán enfrentar el banquillo. Esta dicotomía está siendo interpretada por la oposición como una «purga selectiva» y por los sectores oficialistas como una muestra de que el proceso es técnico y no político. Pero, ¿quién le cree a quién en este punto?
La narrativa del «Ministerio Público Independiente» ha recibido un golpe directo a la mandíbula. El hecho de que la base probatoria fuera calificada de insuficiente coloca al órgano acusador en una posición delicada. ¿Fue prisa por judicializar la política o incompetencia al armar el expediente?
«La democracia no puede sostenerse en la expectativa de castigo, sino en la certeza de las pruebas», señalaba un reciente editorial. Pero en la República Dominicana, la justicia nunca ha estado aislada de la política.
Lo que sigue en el radar:
La Apelación: El Ministerio Público tiene ahora la difícil tarea de convencer a una instancia superior de que la jueza Ramírez se equivocó.
El Juicio de Fondo: Con Donald Guerrero y otros 27 imputados todavía en la mira, el caso Calamar está lejos de cerrarse. La pregunta es si este «no ha lugar» para Castillo y Peralta será el preludio de un colapso total del caso o solo un bache en el camino hacia las condenas.
Con las autoridades del PRM en proceso de renovación y el 2028 asomándose, este fallo llega en el momento más inoportuno —o quizás el más calculado— para la estabilidad del sistema partidario.
La crónica apenas comienza. Mientras tanto, el «Calamar» sigue vivo, pero con tentáculos visiblemente recortados.
¿Crees que esta decisión judicial es el inicio de la desarticulación definitiva del caso Calamar, o es simplemente un obstáculo procesal que el Ministerio Público podrá revertir en la apelación?
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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