El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía General de Colombia que abra una investigación en contra de su hijo mayor, Nicolás Petro, y su hermano, Juan Fernando Petro, debido a los rumores que los implican en haber recibido sobornos de narcotraficantes y otros delincuentes.
Uno de los objetivos del Gobierno colombiano actual es llegar a un Acuerdo de Paz Total con los grupos del crimen organizado y la guerrilla para acabar con la ola de violencia que azota al país latinoamericano desde hace décadas.
A cambio de que estas personas renuncien a las armas y a sus actividades ilícitas o subversivas, las autoridades colombianas les darían beneficios como penas más bajas y la posibilidad de conservar entre el 3% y el 6% de sus ganancias.
Sin embargo, en medios de comunicación han circulado versiones —sin pruebas— de que esa estrategia de conciliación ha sido aprovechada por un par de familiares del presidente colombiano para obtener beneficios propios.
«Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido a la Fiscalía General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades», respondió Gustavo Petro en un comunicado publicado en redes sociales.
El mandatario latinoamericano reiteró que «el único funcionario que cuenta con el aval de su Gobierno para tener contacto con las organizaciones [criminales] al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda». «Mi Gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos», precisó el jefe de Estado colombiano.
«Mi compromiso con Colombia y con las colombianas y colombianos es lograr la paz y, quien quiera interferir en ese propósito o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso sin son miembros de mi familia», advirtió Petro.
