SANTO DOMINGO.- El abogado y experto en derecho penal Amadeo Peralta afirmó este martes que, aunque la República Dominicana cuenta con leyes bien estructuradas y estrictas en relación al tráfico de inmigrantes, no ha habido un esfuerzo real por implementar medidas contundentes contra esta práctica.
Su análisis se centra en la vulnerabilidad de los inmigrantes haitianos, quienes, según él, son particularmente afectados debido a las condiciones económicas desfavorables en Haití y la naturaleza porosa de la frontera compartida. Peralta afirmó: «Los haitianos son particularmente objetivo debido a sus circunstancias económicas y la frontera porosa entre nuestros dos países. El Gobierno debe tomar medidas decididas para proteger a estos individuos vulnerables y hacer cumplir la ley».
Esta declaración llega en un momento crítico, respaldada por un incidente reciente reportado el 5 de marzo de 2025, donde un nacional dominicano fue extraditado desde los Estados Unidos por su implicación en una operación de tráfico de personas que resultó en la muerte de tres menores. Este caso subraya la gravedad del problema y refuerza las críticas de Peralta sobre la falta de acción efectiva por parte de las autoridades.
La República Dominicana tiene una legislación significativa para abordar el tráfico de personas, incluyendo la Ley 137-03, que penaliza todas las formas de tráfico con penas de hasta 20 años de prisión. Esta ley, sin embargo, ha sido criticada por conflatar tráfico y contrabando, lo que puede complicar su aplicación. Informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como el Informe de Tráfico de Personas de 2020, señalan que, aunque el Gobierno ha aumentado investigaciones, las condenas han disminuido y las sentencias a veces son inadecuadas. Además, se han reportado problemas de corrupción entre las autoridades, lo que podría obstaculizar los esfuerzos de aplicación.
Un análisis más detallado revela que la Ley 137-03 no siempre cumple con estándares internacionales, especialmente en casos de tráfico sexual de menores, donde se requiere demostrar fuerza, fraude o coerción, lo que no criminaliza todas las formas de explotación infantil. Esto podría ser un punto que Peralta está indirectamente señalando al hablar de la falta de implementación efectiva.
La población haitiana en la República Dominicana enfrenta desafíos significativos, incluyendo barreras de acceso a la formalidad laboral, educación y atención médica, como se detalla en el Informe de Tráfico de Personas de 2022.
Estas barreras aumentan su vulnerabilidad al tráfico y el contrabando, especialmente dado el contexto de cambios legislativos, como la negativa a renovar permisos de trabajo para más de 200,000 inmigrantes y descendientes de haitianos tras una ley de 2014. Esto ha dejado a muchos en un estado de irregularidad, exponiéndolos a explotación y deportación, lo que alinea con las preocupaciones de Peralta sobre la falta de protección.
En respuesta a las acusaciones de Peralta, un portavoz del Ministerio del Interior y la Policía afirmó que el Gobierno está comprometido a luchar contra todas las formas de inmigración ilegal y trata de personas, citando arrestos y procesamientos recientes como evidencia de sus esfuerzos.
Por ejemplo, en octubre de 2018, se desmanteló una red de contrabando conocida como «La Transferencia», con 22 órdenes de arresto ejecutadas y la confiscación de 60 pasaportes falsos. Sin embargo, los críticos, incluyendo ONG y observadores, argumentan que estos esfuerzos son insuficientes y que el Gobierno no siempre aplica las penas mínimas requeridas por ley, ni efectúa una detección proactiva de víctimas entre grupos vulnerables como los venezolanos y haitianos.
Debate y Perspectivas Futuras
Las palabras de Peralta han generado un debate entre expertos legales y activistas, quienes demandan mayor transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de las leyes de inmigración. Algunos sugieren que, además de fortalecer la aplicación, se deben abordar las causas raíz del problema, como la pobreza y la falta de oportunidades en Haití, que impulsan la migración irregular. Este enfoque multidimensional podría ser clave para reducir la vulnerabilidad al tráfico y el contrabando, pero requiere una cooperación internacional y recursos significativos, algo que, según Peralta, parece faltar en la actualidad.
En conclusión, la declaración de Peralta no solo resalta un problema persistente, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre las políticas migratorias y la protección de derechos humanos en la República Dominicana. Mientras continúa la discusión, su análisis subraya los desafíos que enfrenta el país en la gestión de estas cuestiones, especialmente en el contexto de las tensiones históricas y actuales con Haití.
LRS
