CARACAS (AP) — El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el jueves su decisión de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y le ordenó a sus 13 funcionarios que abandonen el país en un plazo de 72 horas.
El canciller Yván Gil indicó que además se ordenó “una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento” firmada en 2019 con esa oficina y se dio plazo a sus funcionarios para salir del país “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”.
El gobierno venezolano expresó, sin embargo, su “voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internaciones de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego de los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
La suspensión ocurre en medio de preocupaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos tras el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel, detenida luego de ser vinculada con una presunta trama para atentar contra la vida de Maduro.
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, dijo que la agencia lamentó la decisión y está evaluando los próximos pasos.
“Continuamos conversando con las autoridades y otros actores”, afirmó Shamdasani. “Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”.
El martes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas publicó en la red social X, antes conocida como Twitter, que seguía “con profunda preocupación” la detención de San Miguel y destacó que “su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada” e instó a su liberación inmediata.
Horas antes de las declaraciones del canciller venezolano, la oficina del comisionado publicó también en X que tras las declaraciones de las autoridades venezolanas “tomamos nota de que el lugar de detención de Rocío San Miguel —y por tanto su paradero— ha sido confirmado y cuatro familiares han sido puestos en libertad condicional”.
Insistió en que “deben respetarse las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa”.
La víspera el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó las denuncias sobre supuestas violaciones al debido proceso y la presunta desaparición forzada de la activista.
Organizaciones de derechos humanos, sus abogados y familiares denunciaron que desde su detención el viernes pasado —en un aeropuerto de la capital cuando se disponía a viajar a Miami con su hija— San Miguel no ha tenido acceso a su equipo de defensa y ha permanecido incomunicada. Su arresto generó condenas dentro y fuera del país sudamericano.
La abogada de 57 años —presidenta de la organización Control Ciudadano, especializada en la defensa de derechos, seguridad y Fuerzas Armadas— está acusada de estar vinculada con un complot para asesinar al presidente
Maduro y a otros funcionarios y atacar unidades militares.
Saab rechazó que se tratara de una desaparición forzada y sostuvo que sobre la activista pesaba una orden de aprehensión desde enero.
Añadió que el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas fijó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como lugar de reclusión de San Miguel pero no especificó en cuál de sus sedes.
Sin mencionar directamente el caso de San Miguel, el canciller afirmó que la decisión se tomó “por el impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”
Gil acusó a la Oficina del Alto Comisionado de mantener una postura “claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución” de Venezuela.
Al final de su visita a Venezuela en enero del año pasado, el alto comisionado Volker Türk expresó su preocupación por haber encontrado un país profundamente dividido donde persistían violaciones a los derechos humanos como homicidios extrajudiciales, entre otros. Además, instó a las autoridades a infundir vigor a las reformas judiciales que sean necesarias y dar pasos definitivos en la prevención de la tortura.
Türk, empero, dijo entonces que estaba animado por lo que calificó como disposición del gobierno de Maduro de investigar las denuncias y renovar el acuerdo de cooperación y asistencia técnica.
Gil dijo a periodistas que el presidente acordó cooperar con el alto comisionado en 2019 para establecer la oficina de asesoría técnica local en Caracas para mostrar al mundo los avances de Venezuela en derechos humanos. El acuerdo permitió desde entonces una presencia continua en el país de un equipo de la ONU que en la actualidad sumaba 13 funcionarios.
Numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron la decisión de expulsar a los representantes de la ONU, entre ellos el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), uno de las más prestigiosas del país.
“Esta medida aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DDHH que se cometen a diario en el país”, indicó Provea en un comunicado.
