Por Ramon Espinola
POR EL TRILLO DE LA INTRAHISTORIA NACIONAL
LA LEY DE FUGA EN LA ERA DE TRUJILLO
(O cómo la barbarie dictatorial pretendía hacerse pasar por justicia. Nos referiremos en esta historia a un caso de feminicidio y cómo actuaba el dictador en estos casos particulares)
Hubo en la era de Trujillo una norma sin código, sin tribunal y sin defensa: una justicia sin papeles, pero con balas. Se le llamó, con una sobriedad casi elegante, “ley de fuga”. El nombre sugería movimiento; el resultado, en cambio, era siempre la inmovilidad definitiva.
Esta disposición, aplicada con la discrecionalidad propia de los regímenes absolutos, servía para eliminar a delincuentes reincidentes —especialmente aquellos vinculados a crímenes violentos, robos o agresiones sexuales— bajo el pretexto de un intento de escape.
Pero no conviene engañarse: no era justicia, sino escarmiento; no era ley, sino advertencia.
Una advertencia que, como toda pedagogía del miedo, tenía doble filo: castigaba al culpable —cuando lo era—, pero, al mismo tiempo, recordaba a toda la sociedad que la vida pendía de la voluntad del poder.
Conviene subrayar, con la ironía que impone la historia, que este procedimiento raramente se aplicaba a los delitos políticos.
El opositor al régimen no merecía siquiera la ficción de una fuga: era torturado, eliminado mediante “accidentes” cuidadosamente orquestados, o simplemente borrado del mundo, como si nunca hubiera existido.
Así, mientras algunos eran ejecutados en nombre de una moral pública, otros eran desaparecidos en nombre de la seguridad del régimen. Diferentes métodos, misma lógica: el monopolio absoluto de la muerte.
En ese contexto, el 2 de julio de 1941, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, ocurrió un hecho que ilustra con trágica claridad esa selectividad del castigo. El cabo del Ejército Nacional Tomás Ramón Álvarez, conocido como Pasito, asesinó a tiros a la joven Nereyda Antonia Hidalgo, de apenas 17 años. La causa: una relación afectiva que ella había decidido terminar.
Él, incapaz de concebir la voluntad femenina como un acto legítimo, respondió como dictan los viejos manuales del machismo: si no eres mía, no será de nadie.
El crimen ocurrió a plena luz del día, en el centro de la ciudad y ante numerosos testigos.
No fue un arrebato oculto, sino un acto público, casi teatral, como si la violencia contra la mujer necesitara espectadores para reafirmarse.
Seis días más tarde, el 8 de julio, el periódico La Nación informaba que el cabo Álvarez, mientras realizaba labores en el campo de aviación, había intentado escapar y que su custodio, en cumplimiento del deber, se vio obligado a disparar.
Una versión limpia, eficiente, casi administrativa.
La realidad, sin embargo, era otra: al feminicida se le había aplicado la célebre ley de fuga. No hubo juicio, no hubo defensa, no hubo apelación. Solo un mensaje.
Y el mensaje era claro: el régimen no toleraría —al menos en apariencia— ciertos excesos, ni siquiera dentro de sus propias filas. Era una forma de disciplinar tanto a militares como a civiles, de recordar que la violencia, incluso la más íntima y cotidiana, debía someterse al control del poder central.
Ahora bien, aquí es donde la historia exige una pausa incómoda.
Porque si bien aquel sistema castigaba con brutal rapidez a algunos agresores, lo hacía desde una estructura igualmente brutal. Era, en esencia, la violencia castigando a la violencia, el crimen corrigiendo al crimen, el horror pretendiendo erigirse en orden.
Conclusión
Este episodio nos obliga a reflexionar más allá del hecho aislado.
No se trata de añorar una supuesta eficacia del pasado —porque ninguna justicia que nace del miedo puede ser verdaderamente justa—, sino de confrontar una paradoja inquietante: un régimen capaz de eliminar sin juicio a un feminicida es el mismo que institucionalizaba la muerte como herramienta de gobierno.
Hoy, en cambio, vivimos bajo sistemas que proclaman derechos, garantías y procesos. Y sin embargo, los feminicidios persisten, se repiten, se normalizan. Ya no hay “ley de fuga”, pero hay algo quizá más peligroso: la costumbre, la indiferencia, la lenta digestión social del horror.
Epílogo
(con la debida ironía que nos produce el tiempo pasado)
De modo que hemos avanzado, sin duda. Ya no se ejecuta a los asesinos sin juicio —ahora se les procesa, se les archiva, se les olvida con mayor elegancia institucional.
Hemos sustituido la bala inmediata por el expediente interminable, la ejecución sumaria por la estadística anual.
Y mientras tanto, algunos siguen creyendo —con una ternura casi ganadera— que las mujeres son propiedad privada, como si llevaran marcada en la piel una etiqueta invisible de pertenencia.
O será que cada macho humano piensa que su compañera debe de ser marcada con un sello de propiedad en el glúteo derecho o quizás en el izquierdo como le guste más. Lo interesante es ver que muchas mujeres se tatúan sus cuerpos en diferentes partes con el nombre del amorcito del momento sin saber cuál será su verdadero amor una década después. Pero, la ignorancia marca líneas en el umbral de la vida del cual muchas veces lloran los arrepentimientos.
Quizá el verdadero progreso consista en esto: en haber perfeccionado tanto nuestras formas que la barbarie ya no necesita disfrazarse de ley… porque ha aprendido a convivir cómodamente con ella.
Y así, entre derechos proclamados y realidades ignoradas, la historia nos observa —no sin cierta ironía— preguntándose si realmente hemos cambiado… o si simplemente hemos aprendido a matar de una manera más discreta.
