Una visión hegemónica y exclusivista del uso de un recurso hídrico compartido
Hoy en día, el agua se ha convertido en «una cuestión geoestratégica importante que potencialmente puede dar lugar a antagonismos» (Aksoy, 2019). Si la costumbre internacional y los principios fundamentales del derecho internacional de ríos y lagos prevén un uso equitativo, razonable y no nocivo de los recursos hídricos comunes, resulta que muchos Estados que comparten un curso de agua internacional quieren establecer una hegemonía en su uso del recurso para beneficio propio, en detrimento de otros aprovechándose de su posición geográfica, de su poder económico, político o militar, o incluso de la apropiación de un continuum histórico en una lógica de primer usuario-propietario (Duhautoy, 2014).
Zeitoun y Warner (2006) entienden la hidrohegemonía como el deseo de uno de los países ribereños de un curso de agua de lograr y consolidar el máximo control del recurso hídrico a través de acciones unilaterales. Es una voluntad de captura unilateral de los recursos hídricos que implica todo un conjunto de medidas coercitivas contra otros Estados que buscan una distribución equitativa. Zeitoun y Warner indican que los Estados hegemónicos saben utilizar la fuerza militar, acciones subversivas desestabilizadoras o medidas de coerción y presión como amenazas militares o sanciones económicas para lograr sus fines. Estas sanciones económicas se imponen en ocasiones para impedir la construcción de obras hidráulicas por parte de otros estados ribereños del curso de agua (Blanchon, 2009).
En el caso del río Masacre, la República Dominicana siempre ha actuado como una potencia hegemónica queriendo imponer su entendimiento de un uso exclusivista del agua. Las acciones que ha emprendido desde 2021 y, en particular, desde la reanudación de la construcción del canal de captación de Juana Méndez en agosto de 2023 lo demuestran claramente. El gobierno dominicano ha desplegado su ejército en la frontera, manteniendo una fuerte presencia de sus tropas a pocos metros del lugar de captura, lo que es claramente una medida de intimidación. Cerró sus fronteras con Haití, paralizando todos los intercambios económicos con el objetivo obvio de empujar a los haitianos dependientes de la producción agrícola haitiana a rogar por el cese del trabajo y la reapertura de los mercados binacionales. Las «sanciones» impuestas a los ciudadanos haitianos caen en esta misma lógica de represalias.
Esta visión hegemónica no es nueva. Se materializa en todas las obras realizadas en el curso de agua y en el volumen del recurso que ya utiliza este país para las necesidades de su población. En nota informativa publicada el 26 de mayo de 2021 por los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura de República Dominicana y los dos principales organismos de gestión del agua de ese país, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), la parte dominicana reconoce haber derivado un caudal de 3,22 metros cúbicos por segundo del río Masacre a través de 10 canales con una longitud total de 38,10 kilómetros. El canal 11, el de la Vigía, ya no se encontraba funcional al momento de esta nota. La República Dominicana reconoce además la existencia de una presa de tierra para almacenar agua para riego en la zona de Cabeza de Caballo que tiene un volumen de almacenamiento de 0,6 millones de metros cúbicos y una construcción de presa de tierra denominada La Piña con un volumen de almacenamiento de 1 millón de metros cúbicos de agua.
Entendemos aquí un uso abusivo y unilateral, completamente desproporcionado y desigual, que hace la República Dominicana de un recurso hídrico común si solo tomamos en cuenta un estudio realizado por el ejército estadounidense que data de 1999, evaluando el caudal del río Masacre como de 5 metros cúbicos 34 por segundo (recordamos que República Dominicana reconoce un desvío de 3,22 metros cúbicos por segundo de este flujo). Esta supuesta «hidrohegemonía» es perjudicial para Haití y no encaja con los principios fundamentales del derecho internacional y los acuerdos bilaterales entre los dos Estados.
El canal de la Vigía, su impacto en la disponibilidad de recursos hídricos y sus consecuencias jurídicas
La reactivación del canal de la Vigía, su ampliación hasta llegar al río aguas abajo de la punta Pittobert, representa un nuevo obstáculo y una posibilidad de complicación y bloqueo de las negociaciones que se llevarán a cabo entre los dos países.
El plan de construcción es el siguiente: en dos o tres semanas el Estado dominicano reabrirá y limpiará el canal en un kilómetro y medio, su longitud actual. Se instalarán bombas para impulsar agua desde el río hasta esta toma. A medio plazo, el proyecto es más ambicioso. El canal de la Vigía se ampliará varios kilómetros para conectarlo con tres sistemas de riego: Veterano 0, Veterano 1 y Don Pedro. Estos tres sistemas se encuentran aguas abajo de la toma de Pittobert.
La intención abierta y declarada de la República Dominicana es, por tanto, desviar el agua aguas arriba, hacerla pasar por un canal y devolverla a los tres sistemas de riego antes mencionados. Esto equivale a reducir significativamente el caudal del río para Haití. En concreto, el volumen de agua disponible con esta nueva estructura será minúsculo. El suministro del canal Pittobert se ve amenazado por un caudal tan mínimo que no permitirá en modo alguno cumplir los objetivos iniciales del proyecto de irrigar 3.000 hectáreas de terreno en la llanura de Maribaroux. Estas obras en el canal de la Vigía podrían dejar obsoleto el canal de Pitobert incluso antes de su finalización. La República Dominicana quiere mantener el uso exclusivo del río Masacre desviando unilateralmente gran parte del agua para privar de ella a la parte haitiana. Esta nueva toma aumentará el volumen total captado por República Dominicana, mientras que Haití hasta el momento no ha encargado ninguna obra de captación de agua, ya que el canal Pittobert aún está en construcción.
La construcción del canal de la Vigía plantea también graves problemas jurídicos. El presidente dominicano declaró durante la presentación del proyecto que esta obra fue construida en 1966 con la aprobación del gobierno haitiano. Sin embargo, hoy lo vuelven a poner en servicio sin informar al Estado haitiano. Peor aún, esta estructura experimentará una gran extensión de varios kilómetros con un aumento en el volumen de agua captada. No se respeta la obligación de información y notificación exigida en los principios fundamentales del derecho fluvial internacional. República Dominicana no ha presentado el documento del proyecto con detalles técnicos y estudios preliminares de impacto ambiental y social. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el artículo 3 de la resolución 3281 (XXIX), especifica: «En la explotación de los recursos naturales comunes a dos o más países, cada Estado debe cooperar sobre la base de un sistema de información y de consultas previas a fin de garantizar la explotación óptima de estos recursos sin perjudicar los intereses legítimos de otros Estados. Este acto unilateral es absolutamente contrario a las normas del derecho internacional.
La construcción de esta obra es también una violación del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje del 20 de febrero de 1929. Agravará la reducción del caudal de agua, alterando aún más la disponibilidad de agua del lado haitiano. Es esta obra la que puede considerarse como un desvío del río, lo que está expresamente prohibido por el artículo 10 de este acuerdo. Este desvío se realiza para evitar que Haití utilice el río Masacre. Al reducir aún más el caudal del río, las consecuencias son directas para la cuenca de Pittobert, que no contará con agua suficiente para cumplir sus objetivos.
Soluciones legales para el uso equitativo del recurso común
Recordemos que el derecho internacional prescribe un uso equitativo, razonable y no nocivo de los recursos hídricos. También deseamos recordar la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia que consagró en la sentencia del 25 de septiembre de 1997 en el caso relativo al proyecto Gabcikovo-Nagymaros (Hungría/Eslovaquia) estos grandes principios de uso proporcional y no perjudicial. La Corte Internacional de Justicia retoma la disposición de una sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional de 1929 sobre el derecho de los Estados ribereños a un río navegable para ampliarlo al uso de cursos de agua para fines distintos de la navegación. Consagra definitivamente el principio de perfecta igualdad de los Estados ribereños en el uso de un curso de agua: «El desarrollo moderno del derecho internacional ha reforzado este principio también para los usos de los cursos de agua internacionales con fines distintos de la navegación».
Las acciones precipitadas, como la construcción del canal de la Vigía, pueden llevar a una escalada de un conflicto que requiere apaciguamiento y consultas. Los ciudadanos haitianos ya empiezan a recomendar como solución la construcción de estructuras o incluso el desvío de los principales afluentes haitianos del río Masacre, el río Capotillo y el río Gens de Nantes, que se encuentran aguas arriba de la toma de la Vigía
Esta escalada no es deseable. Es imperativo que los dos Estados regresen a la mesa de negociaciones sin condiciones previas, en el espíritu del Tratado de 1929 que, como se recuerda nuevamente en una nota de la Organización de los Estados Americanos, busca una distribución equitativa del recurso hídrico común. Ambos países aún pueden aceptar una mediación internacional o incluso acudir a un arbitraje. La parte haitiana ya debería notificar a la parte dominicana sobre una protesta oficial y exigir toda la información posible sobre el proyecto de rehabilitación y ampliación del Canal de la Vigía. Se favorecerá así la vía diplomática. Cada una de las partes, y en particular la República Dominicana, debe saber que la fuerza nunca podrá ofrecer una solución duradera a este conflicto.
Profesor de investigación. Vicerrector de Investigación de la Universidad Pública del Nordeste de Fort-Liberté (Upnef)
LR/TL/DIARIOLIBRE
