SANTIAGO. El Tribunal Constitucional (TC), a través de su Centro de
Estudios Constitucionales, y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ),
realizaron este JUEVES la séptima edición del «Diálogo sobre la
jurisprudencia constitucional en materia penal y procesal penal», en el
marco de la Semana con la Escuela Nacional de la Judicatura del
Departamento Judicial de esta provincia.
La actividad, dirigida a jueces penales, estuvo a cargo de los magistrados
de esta alta corte Manuel Ulises Bonnelly Vega, coordinador del Centro de
Estudios Constitucionales, y Amaury A. Reyes Torres, quienes conversaron
sobre los aspectos relevantes de los precedentes más recientes emitidos
por el Tribunal Constitucional en dichas materias.Durante su intervención, el magistrado Bonnelly Vega subrayó que el año
2024 representó un punto de inflexión en la labor del Tribunal
Constitucional en materia penal, con un incremento notable en la
cantidad y calidad de las sentencias emitidas.
Entre ellas destacó, como ejemplo, la TC/0765/24, que declaró
inconstitucional una disposición legal clave, lo que marcó un precedente
para la protección de derechos y la coherencia en la aplicación de la
justicia penal.
Los jueces constitucionales coincidieron en resaltar que el hábeas corpus
constituye una garantía esencial frente a detenciones ilegales o
arbitrarias, y reafirmaron su papel como salvaguarda de la libertad
personal y la dignidad humana en el Estado de derecho.
El magistrado Reyes Torres recordó que el hábeas corpus no es solo una
figura procesal, sino una manifestación del principio de supremacía
constitucional, que aegura que ninguna autoridad esté por encima de la
ley ni de los derechos ciudadanos.
En la actividad, que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de esta ciudad,
participaron 37 jueces y juezas penales de diversas instancias del
Departamento Judicial de Santiago, Puerto Plata y Montecristi.
Con este diálogo entre jueces, el TC y la ENJ procuran mantenerlos
actualizados sobre las decisiones del Tribunal Constitucional para que
puedan aplicarlas de manera uniforme y efectiva en el ámbito penal.
