En las últimas semanas, la República Dominicana ha enfrentado una preocupante situación en la que decenas de estudiantes han resultado intoxicados por exposición a pesticidas en escuelas públicas, especialmente en zonas cercanas a fincas agrícolas. Este problema, que ha generado alarma entre padres, educadores y autoridades, llevó a la vicepresidenta del país, Raquel Peña, a pronunciarse con firmeza sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger la salud de los menores.
El pasado 20 de marzo de 2025, Peña expresó su preocupación durante una declaración pública, afirmando: “Ya no puede haber un intoxicado más”. Sus palabras reflejan la gravedad de un problema que ha afectado a múltiples comunidades, donde los pesticidas utilizados en cultivos cercanos, como arrozales, se dispersan y terminan impactando a los estudiantes en sus centros educativos. Según reportes recientes, uno de los casos más destacados ocurrió en el centro educativo Hernán José Sánchez, en el distrito municipal Aguayo, provincia Duarte, donde más de 20 estudiantes sufrieron síntomas de intoxicación tras inhalar productos agroquímicos aplicados en una finca próxima.
La vicepresidenta, quien también preside el Gabinete de Educación, subrayó que la salud de los niños y adolescentes es una prioridad ineludible para el gobierno. “No podemos seguir permitiendo que nuestros estudiantes sufran las consecuencias de estas prácticas. Es imperativo actuar de inmediato para evitar una tragedia mayor”, afirmó Peña, haciendo eco de las demandas de figuras como el periodista Hansel García, quien ha abogado por reubicar las escuelas alejándolas de las zonas de fumigación.
El problema no es nuevo, pero su recurrencia ha encendido las alarmas. Las fumigaciones, muchas veces realizadas durante fines de semana, dejan residuos químicos que persisten en el ambiente y afectan a los estudiantes al regresar a clases. Los síntomas reportados incluyen desmayos, náuseas y dificultades respiratorias, lo que ha llevado a evacuaciones de emergencia y a un creciente clamor por soluciones estructurales.
Peña anunció que el gobierno está evaluando medidas concretas, como la implementación de regulaciones más estrictas sobre el uso de pesticidas cerca de centros educativos y la posible reubicación de escuelas en riesgo. Además, destacó la importancia de destinar recursos, incluyendo el 4% del presupuesto asignado a la educación, para garantizar entornos escolares seguros. “Vamos a trabajar sin descanso hasta que este problema sea cosa del pasado”, aseguró.
Este pronunciamiento llega en un momento en que la sociedad dominicana exige respuestas. La intoxicación de estudiantes no solo pone en evidencia los riesgos de la proximidad entre escuelas y áreas agrícolas, sino también la necesidad de una coordinación efectiva entre los ministerios de Educación, Salud y Agricultura para proteger a la población estudiantil. Mientras tanto, padres y maestros continúan exigiendo acciones inmediatas, temiendo que, de no resolverse, la situación pueda derivar en consecuencias aún más graves.
LRS
