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MACARRULLA HIJO ADMITE SOBORNOS CÁRCEL LAS PARRAS

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ADMITE CULPABILIDAD CASO MEDUSA Y DEVOLVERÁ 154 MILLONES DE PESOS

SANTO DOMINGO.- Lisandro Macarrulla Martínez, hijo del exministro de la Presidencia del actual gobierno, Lisandro Macarrulla Tavárez, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público de admitir los hechos que se le imputan en el caso Operación Medusa para un juicio abreviado que se solicitó al juez que conoce el expediente en la etapa preliminar.

El Ministerio Público solicitó tres años de prisión suspendida y la entrega de 77 millones de pesos, monto retenido en incautaciones, a lo que estuvo de acuerdo el imputado.

También, más de 57 millones de pesos en cheque de administración y la entrega de un inmueble en la Torre M2, valorado en más de 20 millones de pesos.

La acusación que se le hace en Operación Medusa es asociación de malhechores, desfalco, autor de soborno activo.

A Macarrulla, igualmente, se le cancelará el registro mercantil de entidad comercial, empresa Mac Construcciones SRL, efectiva de dos años.

Los sobornos se produjeron para que su empresa fuera una de las beneficiadas en la licitación que hizo la Procuraduría General durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, para la costrucción de la Nueva Victoria, construida en Las Parras, en Guerra, y la cual, según las investigaciones, su monto de levantamiento se sobrevaloró y tiene vicios.

Por las irregularidades de la construcción del nuevo penal, que lleva más de cuatro años sin ser usado, no han podido ser trasladados los presos de la vieja penitenciaría La Victoria, ubicada en el municipio con el mismo nombre, y que fue afectada esta semana por un incendio en varias de sus áreas, con un saldo de 13 muertos.

Otros acusados en Operación Medusa que llegaron a un acuerdo este viernes son Ricardo Antonio Carasquero y la empresa Construcciones Carrasquero, y José Antonio Santana Julián.

Para Santana Julián se solicitó una pena de un año de reclusión suspendido, en un juicio abreviado, y que este devuelva al Estado tres milones de pesos, que es el soborno pagado a la Procuraduria durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.

A su empresa Abastesa se le suspenderá el registro mercantil por un año y deberá también devolver un millón 900 mil pesos.

En la audiencia anterior, los también imputados en el caso Medusa, Rafael Salvador Rasuk, Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel admitieron los hechos imputados por el Ministerio Público tras un acuerdo con las autoridades.

Tras admitir su culpabilidad en el caso Medusa, Lisandro José Macarrulla, devolverá al estado dominicano la suma aproximada de 154,672,333 pesos dominicanos (unos 154 millones).

Este dinero incluye el decomiso en favor del estado dominicano de 77,039,816 pesos dominicanos que es el monto retenido por la PGR por concepto del costo total que haya ascendido por concepto del 5% costo total que haya ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra como garantía de vicios ocultos en virtud del artículo 21 del contrato de ejecución de obras de construcción CCR-La Nueva Victoria.

Además Lisandro José Macarrulla tendrá que entregar un cheque por 57,389,517 pesos dominicanos los cuales serán entregados mediante cheque de administración a nombre de la Procuraduría General de la República.

Finalmente, entregará un inmueble en la torre M Naco, del Ensanche Naco valorado en  20,243,000 pesos o 354,891 dólares.

El empresario dominicano Lisandro José Macarrulla Martínez, admitió este viernes los cargos de asociación de malhechores, autor de desfalco, y autor de soborno activo en la investigación de la Procuraduría General de la República denominada Operación Medusa.

La Operación Medusa es un caso judicial que involucra a 41 personas físicas, exfuncionarios y empresarios, así como a 22 compañías, acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos durante la gestión del exprocurador (2016-2020) Jean Alain Rodríguez.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) puso en marcha la Operación Medusa que imputa al exprocurador general de la República, y a empleados de su gestión de varios delitos.

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