Por Sergio Llerena Caballero
No fueron pocos los que advirtieron que cuando asumió Castillo, en julio de 2021, su gestión estaba condenada a durar poco y no por su capacidad para gobernar, sino porque las reglas peruanas del juego político no han cambiado desde que en 2018 empezó la tendencia del Congreso de sacar presidentes a causa de un evidente desequilibrio de poderes.
¿Por qué duran tan poco los presidentes en Perú y estos terminan siendo destituidos por el Congreso o renunciando antes de que los destituyan? Como se dijo, existe un evidente desequilibrio de poderes que tiene un punto fácilmente identificable: la causal constitucional de destitución por «incapacidad moral permanente».
El mecanismo está consagrado en la Constitución. A través de él, el Congreso puede argumentar que un presidente es «permanentemente e inmoralmente incapaz» para ejercer el cargo.
Pero ¿qué necesita el Congreso para hacer uso de esta causal? Ciertamente, solo necesita una razón mínima, una sospecha de actos de corrupción en el Gobierno, por ejemplo, y no mucho más, pues finalmente lo «moral» es una categoría subjetiva que hace que quede en la interpretación del parlamento.
Luego, una vez que un Congreso hostil encuentra un motivo para remover a un presidente, resta que la iniciativa tenga los votos suficientes (87 en un parlamento unicameral de 130 representantes) para que se haga efectiva.
Como muestra de lo subjetivos y antojadizos que han sido los motivos para declarar como «moralmente incapaz» a un presidente, está el hecho de que se han esgrimido presuntos delitos que, hasta la fecha, no han sido probados como ciertos por ninguna instancia judicial.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) renunció ante una inminente destitución por presuntos actos de corrupción aún no demostrados ante la justicia. Lo mismo sucedió con el destituido Martín Vizcarra (2018-2020), y casi lo mismo ha sucedido con Pedro Castillo (2021-2022).
En el caso de Castillo, es cierto que el expresidente intentó un quiebre del orden constitucional al querer cerrar ilegalmente el Congreso y, a través de un «gobierno de excepción», tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Todo esto lo anunció en un intento fallido que la mayoría de instituciones públicas calificaron como un «golpe de Estado«.
Sin embargo, es cierto también que cuando Castillo quiso perpetrar su «golpe», en ese mismo día, 7 de diciembre último, el Congreso se alistaba a votar un pedido de destitución que, al parecer, iba a tener éxito, por lo que diversos analistas han sugerido que la opción del entonces mandatario fue «matar o morir», consecuencia del evidente desequilibrio de poderes que explica y permite tanta inestabilidad en la política de Perú.
El resto de presidentes que ha tenido Perú en los últimos cinco años han sido de transición (Francisco Sagasti, 2020-2021), obligados a renunciar por protestas ciudadanas (Manuel Merino, 2020) o la actual presidenta, Dina Boluarte, que frente al descontento ciudadano ha declarado su intención de irse del poder en el más breve plazo posible al proponer adelantar las elecciones generales, además de declarar a su gobierno como «transitorio».
En 2020, el entonces Gobierno de Martín Vizcarra solicitó al Tribunal Constitucional que defina o delimite de manera objetiva el uso de la causal de incapacidad moral permanente para destituir a un presidente, pero la corte rehusó a pronunciarse.
