SeNaSa: el expediente que huele a sangre, dinero y silencio
-Cuando la corrupción deja de ser contable y empieza a ser biológica-
Por momentos, el caso SeNaSa ya no parece un expediente judicial, sino una escena del crimen extendida en el tiempo. No hay una sola noche del hecho, ni un solo disparo, pero —si se confirman las acusaciones— habría miles de víctimas invisibles: enfermos pobres, pacientes crónicos, ciudadanos que dependían de una receta, de una autorización, de un medicamento que nunca llegó.
Eso es lo que pone sobre la mesa Carlos Peña, presidente del partido Generación de Servidores (GenS), cuando lanza una frase que incomoda incluso a quienes están curtidos en escándalos:
“No fue solo una estafa económica. Fue una matanza selectiva contra los pobres.”
Palabras mayores. Palabras peligrosas. Palabras que obligan a mirar el caso más allá del dinero.
La querella depositada por GenS contra 39 personas —funcionarios, dirigentes del PRM y empresarios— no se anda con rodeos. Habla de más de RD$100 mil millones supuestamente desviados a través del Seguro Nacional de Salud, el corazón mismo del sistema público que atiende a más de siete millones de dominicanos.
Pero el punto más inquietante no es la cifra —en un país ya anestesiado por los miles de millones— sino el efecto colateral:
medicamentos no entregados, tratamientos interrumpidos, autorizaciones bloqueadas, inventarios vencidos, derivaciones sospechosas hacia prestadores “amigos”.
Si la salud es un derecho, ¿qué nombre tiene lucrarse con su negación?
El poder sentado en el Consejo… mirando hacia otro lado
La querella no apunta solo a ejecutores administrativos. Apunta hacia arriba.
Entre los nombres incluidos figuran:
Raquel Peña, vicepresidenta de la República y presidenta del Gabinete de Salud.
Edward Guzmán, actual director de SeNaSa.
Luis Miguel De Camps, ministro de Educación.
Todos con un elemento común: formaron parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) mientras —según la acusación— la red operaba sin frenos ni alarmas.
Aquí surge la pregunta incómoda, la que no suele aparecer en los comunicados oficiales:
👉 ¿Ignorancia, negligencia o complicidad por omisión?
Porque cuando el fraude dura años, ya no basta con decir “no sabía”. En política pública, no saber también mata.
El arresto del ex director Santiago Hazim marcó un punto de quiebre. Por primera vez, el caso dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en proceso penal con esposas, coerción y titulares nocturnos.
Pero incluso dentro del propio expediente judicial se escucha un murmullo inquietante:
¿Es Hazim el cerebro… o el fusible?
GenS sostiene que no puede haber un fraude de esa magnitud sin cobertura política, institucional y empresarial. De ahí la inclusión de empresas, grupos económicos y hasta del PRM como persona jurídica, una movida tan audaz como explosiva.
El gobierno se defiende… pero no aclara
Desde el Palacio, el discurso ha sido medido:
“No vinimos a tapar corrupción”, “que actúe el Ministerio Público”, “confiamos en la justicia”.
Todo correcto. Todo institucional. Todo… insuficiente.
Porque mientras se habla de independencia judicial, nadie explica con claridad cómo un sistema diseñado para proteger a los más pobres se convirtió —presuntamente— en un negocio mortal.
Y cuando la política guarda silencio, el vacío lo llena la sospecha.
Este no es un caso Odebrecht con carreteras que no se ven.
No es un contrato inflado que se pierde en un archivo.
Aquí la corrupción —si se prueba— respira, sangra y tose.
Tiene nombre de paciente. Tiene diagnóstico. Tiene fecha de defunción.
Por eso la expresión “matanza selectiva” no es solo retórica incendiaria. Es una acusación ética, quizá la más grave que se puede lanzar desde la política.
La pregunta final (por ahora)
El caso SeNaSa apenas comienza. Faltan pruebas, audiencias, defensas, contradicciones. Falta justicia.
Pero hay una pregunta que ya no puede evadirse:
👉 Si el dinero de la salud terminó en bolsillos privados,
¿quién responde por los que murieron esperando una receta?
En República Dominicana, la corrupción siempre ha sido un delito económico.
Tal vez ha llegado la hora de admitir que también puede ser un crimen social.
Y de esos, el país no sale ileso.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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