El caso Calamar ha vuelto a sacudir el tablero judicial y político de la República Dominicana. La decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que dictó un auto de «no ha lugar» a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, ha desatado una tormenta de reacciones. TeclaLibre, disecciona este momento crítico donde el derecho, la política y la opinión pública chocan de frente.
La jueza Altagracia Ramírez, tras evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, consideró que estas no eran suficientes para sustentar un envío a juicio de fondo para Castillo y Peralta. Es importante precisar: no se trata de una sentencia de inocencia absoluta, sino de una etapa procesal donde el tribunal concluye que, con lo aportado, no hay base para una condena.
Wilson Camacho, en representación del Ministerio Público, no tardó en anunciar que apelarán. Su postura es clara: acusan al tribunal de una «errónea apreciación de las pruebas». Para la fiscalía, este es un momento de «todo o nada».
Mientras algunos fueron favorecidos con el «no ha lugar», otros pesos pesados, como el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward, sí fueron enviados a juicio de fondo. Esto crea una narrativa judicial compleja: ¿es una estructura de corrupción selectiva o una falla técnica en la construcción del expediente?
En los pasillos del Palacio de Justicia y en los foros jurídicos, el debate es intenso:
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Juristas alineados con la tesis del Ministerio Público sostienen que la decisión de la jueza establece una vara demasiado alta para la etapa preliminar. Argumentan que el «no ha lugar» debería ser excepcional y que, en casos de complejidad como Calamar, es en el juicio de fondo donde se deben debatir la profundidad y contundencia de las pruebas, no en una fase preliminar.
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Por otro lado, abogados penalistas señalan que el «no ha lugar» es una garantía procesal fundamental. Sostienen que si el Ministerio Público, con todos los recursos del Estado, no pudo construir una acusación sólida que pase el filtro de la instrucción, entonces la culpa no es del tribunal, sino de una investigación que, a su juicio, pudo ser «espectacular en prensa pero débil en el estrado».
Las redes sociales son un hervidero donde la polarización es la norma:
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El «Calamarazo» judicial: Para gran parte de la opinión pública, esta decisión es vista como un retroceso en la lucha contra la impunidad. Existe un sentimiento de frustración palpable entre quienes esperaban ver a todos los implicados en un juicio de fondo.
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El tablero político: No se puede ignorar el factor político. Para el PLD y los sectores que respaldan a Gonzalo Castillo, esta decisión se percibe como una «victoria moral» y un oxígeno político que fortalece a sus figuras de cara a futuros procesos.
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La sospecha constante: En Twitter y otros espacios, abunda la suspicacia. Se habla de «tejemanejes», de una justicia «a la carta» y de la percepción de que, cuando se trata de figuras de alto nivel, la justicia dominicana sigue siendo un laberinto donde las pruebas se diluyen antes de llegar a la sentencia.
Lo que presenciamos en TeclaLibre no es el final, es solo el cambio de escenario. La apelación del Ministerio Público llevará el caso a una instancia superior (Corte de Apelación), donde tres magistrados deberán revisar si hubo, efectivamente, una «errónea apreciación» de las pruebas.
El caso Calamar se ha convertido en el juicio de fuego del sistema judicial actual. Si la Corte de Apelación revoca el fallo, el Ministerio Público recuperará su aura de «invencibilidad» ante la opinión pública. Si el «no ha lugar» se ratifica, el golpe a la credibilidad de la actual gestión del Ministerio Público sería, quizás, su mayor crisis desde que inició la cruzada contra la corrupción administrativa.
¿Cree usted que la decisión de la jueza responde a un tecnicismo procesal que debemos respetar, o estamos ante una señal de que el sistema judicial dominicano aún no logra procesar con éxito a las altas esferas del poder político?
–Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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