Carlos Márquez Cabrera /
La falta de competitividad que sufren hoy nuestras micro, pequeñas y medianas empresas tiene una causa directa en los excesivos márgenes de intermediación financiera, auspiciados por la inacción de las autoridades políticas y monetarias.
Es inaceptable que el aparato productivo nacional deba competir en severa desventaja frente a los mercados internacionales debido al costo desmedido del financiamiento en el mercado local.
Esta brecha desproporcionada entre la tasa que la banca paga a los ahorrantes y la que exige a los prestatarios se mantiene impune ante la mirada complaciente del Banco Central y la Superintendencia de Bancos.
Resulta insostenible que, teniendo la sociedad dominicana un récord histórico de cumplimiento de pago con una morosidad cercana al dos por ciento, los organismos reguladores permitan que se siga cobrando el riesgo crédito como si el país estuviera sumido en la más absoluta incertidumbre.
A esta distorsión se suma el acelerado traspaso de los costos operacionales y de las elevadas comisiones por servicios, así como los desproporcionados cobros en las tarjetas de crédito que asfixian la capacidad de consumo de los hogares.
Cuando el organismo emisor reduce la tasa de política monetaria para dinamizar la economía, ese alivio tarda meses en reflejarse en los bolsillos de la gente, mientras la banca comercial asimila de inmediato los beneficios de la liquidez proporcionada por el Estado.
La responsabilidad política en este escenario es igualmente ineludible. Tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional han optado por comportarse como observadores neutros, evitando promover iniciativas de ley y reformas regulatorias que rompan la alta concentración del mercado e impulsen una competencia transparente.
En lugar de estructurar sistemas efectivos de garantías públicas que abaraten el crédito a los sectores emergentes, el liderazgo político ha permitido que la intermediación actúe como un peaje gravoso para el desarrollo.
Un sistema financiero no puede calificar su desempeño como exitoso basándose únicamente en las utilidades récords de sus entidades, mientras los sectores que generan empleo pierden terreno y competitividad.
Exigir la reducción del margen de intermediación no representa un ataque al sector financiero, sino una demanda urgente de equidad económica. Las autoridades tienen la obligación institucional de corregir este esquema para que la banca cumpla su función de impulsar la producción nacional y el progreso de la familia dominicana.
