El Gobierno Dominicano, a través del ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha tirado las cartas sobre la mesa. Ante un panorama internacional convulso —guerra en Irán, volatilidad de energéticos y una inflación que, en mayo, ya nos tocó el 5.35%—, la estrategia es clara: recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos.
¿La receta? Un cóctel de «quítame allá» y «ponme aquí» que busca equilibrar la balanza fiscal.
A quien madruga, el fisco le ayuda (a medias): Se eliminan figuras impositivas arcaicas (como el impuesto a hipotecas y a la constitución de compañías) y se da un respiro vital a las microempresas al eliminarles el anticipo, una lucha de años del sector.
El peso de los grandes: El ISR empresarial sube al 30% temporalmente (por tres años), pero ojo: solo para el 0.8% del parque empresarial (empresas que facturan más de 1,000 millones al año).
Un golpe al bolsillo digital: El aumento del impuesto a las transferencias electrónicas (del 0.15% al 0.20%) es la medida que más ruido está haciendo. Aunque el ministro asegura que el 80% lo pagan las empresas, la advertencia de economistas como Jesús Geraldo Martínez no se hace esperar: esto podría encarecer el costo de vida del ciudadano común e incentivar el uso de efectivo, lo cual es un retroceso en la bancarización.
Se estrena un tramo de 27% de ISR para los que ganan más de 400,000 pesos mensuales y se ajustan tasas en juegos de azar y boletos aéreos.
Los comerciantes han sido de los primeros en alzar la voz, apoyando que la carga caiga sobre los «peces gordos» y no sobre el consumidor final.
La crítica de expertos se centra en que, a veces, los impuestos a las transacciones terminan siendo un tiro por la culata: bajan el volumen bancario y aumentan la informalidad.
El gobierno se defiende: Magín Díaz sostiene que es un «paquete razonable» que protege el gasto social en un momento donde no se puede crecer al 6% de antes.
La propuesta es un juego de equilibrio peligroso. Por un lado, se nota una intención de formalizar y aliviar la carga a los pequeños (microempresas y sector agropecuario), lo cual es una deuda histórica. Por el otro, el aumento al impuesto de transferencias electrónicas parece una medida de «fácil recaudación» que podría pagarse cara en términos de eficiencia digital y bancarización.
El Gobierno ha prometido que estos recursos irán directo a contener el déficit y proteger el gasto social. La gran pregunta es: ¿lograrán convencer al Congreso y a la sociedad de que este es el sacrificio necesario para evitar males mayores, o terminará siendo otra batalla cuesta arriba en el Legislativo?
La suerte está echada. La próxima semana el proyecto entra al Congreso y ahí veremos qué tantas piezas se mueven.
¿Qué opinas sobre este ajuste? ¿Crees que el aumento en las transferencias afectará tu economía diaria o es un sacrificio justo para mantener la estabilidad?
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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