ASCALA y el laberinto migratorio: ¿Asistencia humanitaria o red paralela de documentación?
Por la Redacción de TeclaLibre
El debate migratorio en la República Dominicana rara vez transita por los grises; suele estancarse en los extremos. En las últimas semanas, el foco de la opinión pública digital, impulsado por podcasts y redes sociales, se ha posado sobre la región Este del país, específicamente sobre las operaciones de la ONG ASCALA (Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana).
Las acusaciones que circulan son graves: se señala a la organización religiosa de operar una supuesta red «furtiva» y al margen de la institucionalidad para dotar de visados, residencias y documentos de identidad a inmigrantes indocumentados, en su inmensa mayoría de nacionalidad haitiana.
Para entender este entramado de denuncias, es imperativo separar el ruido mediático de los procesos burocráticos, analizando fríamente qué hace esta institución y dónde nacen estas aseveraciones.
El ecosistema de medios alternativos y creadores de contenido ha sido el principal altavoz de estas denuncias. En un contexto de alta sensibilidad por la crisis en el país vecino y la presión sobre la frontera, cualquier entidad que defienda los derechos de los inmigrantes es observada con recelo.
La narrativa que se ha construido acusa a ASCALA de suplantar al Estado, sugiriendo que la ONG «emite» o «consigue» papeles por vías clandestinas. Para un sector del nacionalismo dominicano, el trabajo de esta y otras organizaciones similares (como MUDHA o MOSCTHA) representa una amenaza a la soberanía, interpretando el activismo en los bateyes como una complicidad directa con la ilegalidad y la ocupación demográfica.
¿Qué puede y qué no puede hacer ASCALA?
Al contrastar las denuncias con la estructura legal dominicana, surge una realidad operativa ineludible: ninguna ONG en el país tiene la facultad técnica ni jurídica para emitir cédulas, pasaportes o visados. El monopolio de la identidad y el estatus migratorio pertenece exclusivamente a la Junta Central Electoral (JCE), la Dirección General de Migración (DGM) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).
El trabajo real de ASCALA —que no se realiza en la clandestinidad, sino a la vista de los organismos del Estado y con financiamiento de entidades como el ACNUR— consiste en la intermediación legal y la asesoría.
Sus abogados se dedican a instrumentar expedientes. Esto implica reunir actas de nacimiento, fe de bautismo, constancias de trabajo en los ingenios azucareros y otros documentos requeridos por la ley dominicana para que envejecientes cañeros, o personas afectadas por la Sentencia 168-13, puedan presentarse ante las ventanillas del Estado a reclamar un derecho o acogerse a planes de regularización (como el pasado PNRE). La ONG no aprueba los documentos; actúa como el abogado representante de una población que, por niveles de pobreza o barreras idiomáticas, no podría navegar el burocrático sistema estatal por sí misma.
¿De dónde surge, entonces, la percepción de una mafia de tramitación furtiva? El análisis noticioso arroja tres factores fundamentales:
En los alrededores de los bateyes, las oficialías y las sedes de migración, operan históricamente redes de «buscones» y falsificadores que sí lucran con la vulnerabilidad del migrante. En la denuncia pública, la labor gratuita de los abogados de la ONG a menudo se confunde o se mezcla intencionalmente con el accionar de estos delincuentes.
ASCALA es una organización confrontativa. Demanda frecuentemente al Estado dominicano y expone sus quejas en foros internacionales. Esta beligerancia genera fricciones con las autoridades y con los sectores conservadores, quienes traducen esta presión institucional como un acto de «traición» o de operación en las sombras.
Cuando el Estado no comunica con claridad los procesos de dotación de carnets a cañeros pensionados o las renovaciones de estatus de la Ley 169-14, el vacío de información se llena con especulación.
Para TeclaLibre. el caso de ASCALA es un reflejo de la compleja y a menudo áspera convivencia dominico-haitiana. Acusar a una ONG respaldada internacionalmente de emitir documentos clandestinos es ignorar el funcionamiento del aparato de seguridad e identidad del Estado dominicano, el cual tendría que ser cómplice absoluto para que algo así ocurriera a gran escala.
Sin embargo, el escrutinio público sobre las ONG es válido y necesario. Las organizaciones que operan en la frontera de los derechos humanos y la política migratoria deben estar sometidas a la máxima transparencia frente a la sociedad dominicana. El debate debe continuar, pero anclado en los hechos, las leyes y las competencias reales de cada actor, dejando a un lado la estridencia de las redes sociales que, a menudo, oscurece más de lo que ilumina.
Que sirva la denuncia, al menos, para que mantengamos los ojos abiertos y las expectativas de las cuentas claras.
-Luis Rodríguez Salcedo para TeclaLibre- rodriguezsluism9@gmail.com https://teclalibremultimedios.com/category/portada/
