Comercios chinos bajo la lupa en RD: ¿quién vigilaba antes del precinto?
Los cierres en el Gran Santo Domingo tienen detrás años de auditorías y reclamos del comercio local. Ahora toca saber si el Estado inspeccionará con la misma vara a todos los negocios.
Por Luis Rodríguez Salcedo | TeclaLibre
SANTO DOMINGO. En San Antonio de Guerra, la fábrica de cartón Cartesa tenía tres naves industriales, un edificio de cuatro niveles y, según las autoridades, un depósito clandestino de combustible. Lo que no tenía eran permisos de construcción, uso de suelo ni funcionamiento. El CECCOM (Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías) clausuró la planta y retuvo mil galones de gasoil. Viendo el tamaño del complejo, cabe preguntarse en qué momento se le ocurrió al Estado pasar por allí.
Días después, los precintos llegaron a comercios de capital chino en el Gran Santo Domingo. Pro Consumidor reportó productos sin registro sanitario y artículos para adultos expuestos a la vista de menores. Su comunicado del 5 de noviembre anunció ocho clausuras temporales. Al día siguiente, Diario Libre informó de seis cierres y dos establecimientos todavía bajo investigación. La diferencia sigue sin aclararse en las fuentes consultadas.
El expediente venía engordando. Entre 2020 y 2025, Aduanas realizó 139 auditorías al sector importador asiático y determinó diferencias tributarias por RD$4,509 millones. En septiembre de 2026, la DGII informó por su parte de ajustes superiores a RD$1,500 millones en comercios chinos, montos que pueden recurrirse y cuyo cobro debe verificarse. Ya en 2025, el Ministerio de Vivienda había cerrado locales por fallas estructurales. En octubre de este año, Trabajo reportó 101 establecimientos inspeccionados y 42 infracciones remitidas a los tribunales.
La pelea por el mostrador
En la avenida Duarte, comerciantes entrevistados por El Día cuentan que han bajado precios y multiplicado ofertas para retener clientes. La Federación Dominicana de Comerciantes denuncia competencia desleal y llegó a barajar un paro de 48 horas. Desde otra acera, Rosa Ng denunció en El Despertador, de Noticias SIN, un trato desigual en las inspecciones y dijo que algunos alcaldes le habían pedido ayuda para atraer esas mismas tiendas por su variedad y sus precios.
Ahí está el nudo. Una tienda puede vender barato porque compra en volumen. También puede sacar ventaja si evade impuestos o incumple obligaciones laborales. Distinguir una cosa de la otra exige revisar facturas, nóminas y permisos, y aplicar los mismos criterios al competidor de enfrente.
Lo que viene se podrá medir en expedientes: cuáles negocios corrigieron las faltas y reabrieron, cuánto se cobró y cuántas inspecciones se hicieron con el mismo criterio fuera de este grupo. Poner el precinto toma una mañana. Explicar cómo se levantaron tres naves sin permiso puede dar bastante más trabajo.
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