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EL DÉFICIT FISCAL DEL GOBIERNO DOMINICANO Y EL PRECIO DE GASTAR SIN CORREGIR

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Carlos Márquez Cabrera /

La República Dominicana enfrenta una nueva revisión de sus cuentas públicas.

El Gobierno solicitó al Congreso elevar el déficit fiscal de 2026 desde el 3.24 % hasta el 4.2 % del producto interno bruto, equivalente a RD$365,968 millones.

La propuesta también contempla suspender hasta el 31 de diciembre la aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley 35-24.

Las cifras permiten dimensionar el desequilibrio: el proyecto reformulado estima ingresos por RD$1 billón 351,943 millones, frente a gastos de RD$1 billón 717,912 millones.

La diferencia tendrá que cubrirse mediante financiamiento y recursos disponibles.

No es una operación contable menor: significa que el Estado compromete más recursos de los que espera recibir durante el año.

El Gobierno atribuye la presión presupuestaria al encarecimiento internacional de los combustibles y otras materias primas, así como a la necesidad de sostener subsidios y atender compromisos de inversión.

En las partidas divulgadas figuran RD$44,000 millones para combustibles, RD$96,000 millones para el sector eléctrico, RD$3,400 millones para transporte y RD$2,150 millones para fertilizantes.

En conjunto, estas intervenciones suman RD$145,550 millones.

Son recursos destinados a amortiguar costos que afectan a hogares y empresas, pero también revelan la dimensión de una carga fiscal que exige evaluación y transparencia.

La explicación internacional merece consideración. Una economía importadora de combustibles está expuesta a los movimientos del petróleo y a las tensiones geopolíticas.

Sin embargo, ese factor no explica automáticamente todo el aumento del déficit.

El propio proyecto incorpora RD$54,100 millones adicionales en gastos y reduce en RD$31,293 millones los ingresos previstos respecto de la reformulación anterior.

Corresponde al Congreso examinar cada partida y determinar qué responde a una emergencia, qué constituye gasto permanente y qué pudo anticiparse.

La suspensión de la regla fiscal abre otro debate.

La Ley 35-24 limita el crecimiento del gasto primario; no fija directamente un techo de déficit de 3 % del PIB.

Apartarse temporalmente de esa regla puede ofrecer margen ante una situación extraordinaria, pero debe acompañarse de explicaciones públicas, controles y un calendario verificable para recuperar su cumplimiento.

El Ejecutivo sostiene que más del 60 % del financiamiento adicional provendría de disponibilidades acumuladas de años anteriores.

Eso puede reducir la necesidad inmediata de nueva deuda, pero utilizar ahorros no elimina el déficit ni resuelve el desequilibrio estructural. Además, el proyecto proyecta que la deuda del sector público no financiero cerraría 2026 en 46.6 % del PIB.

El desafío dominicano no consiste únicamente en conseguir dinero para cerrar el año.

Consiste en mejorar la calidad del gasto, revisar subsidios, fortalecer los ingresos sin asfixiar la producción y transparentar las obligaciones del Estado. Cada peso financiado hoy compromete capacidad presupuestaria futura. La estabilidad fiscal requiere responsabilidad tanto al recaudar como al gastar.

El Congreso debe debatir esta modificación con rigor, y el Gobierno explicar cómo evitar que una excepción temporal termine convirtiéndose en costumbre.

La sostenibilidad de las finanzas públicas no se mide solamente por la capacidad de pagar las cuentas del presente, sino por la posibilidad de preservar recursos para educación, salud, infraestructura y desarrollo, sin trasladar indefinidamente el costo a las próximas generaciones.

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