Solo la moción de destitución, que logró salvar por pocos votos en medio de las fuertes protestas del movimiento indígena en junio pasado, puede compararse al momento actual que atraviesa el mandatario ecuatoriano.
En un mes, Lasso sufrió un duro revés en las urnas ante una oposición que salió fortalecida de la cita electoral y que ahora apunta a una eventual salida del jefe de Estado, al que le quedan todavía más de 2 años de mandato, tras salir a la luz el caso de presunta corrupción en el que se menciona a su cuñado Danilo Carrera.
Con el referéndum, el gobierno de Lasso esperaba recibir el apoyo popular para aplicar una serie de reformas a la Constitución en materia de seguridad, instituciones, democracia, partidos y medio ambiente, pero el resultado fue todo lo contrario.
El “No” ganó en las ocho preguntas que proponían asuntos como permitir la extradición de ecuatorianos requeridos por delitos de crimen organizado; reducir el número de asambleístas; poner una valla mínima de afiliados a los movimientos políticos, y quitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la facultad de elegir autoridades como el fiscal general y el contralor.
Los resultados finales señalan que la votación más ajustada estuvo en la cuestión de la extradición, donde el “No” se impuso con el 51,54%. En la consulta popular ganó la oposición, que hizo una fuerte campaña por el “No” y que también triunfó en las elecciones locales que se celebraron el mismo día, al vencer el movimiento afín al ex presidente Rafael Correa (2007-2017) en nueve de las 23 prefecturas provinciales en juego y el movimiento indigenista Pachakutik en otras seis.
La Revolución Ciudadana, el partido que lidera Correa, también se hizo con las alcaldías de las ciudades más pobladas, como Quito y Guayaquil, poniendo en esta última fin a una hegemonía de tres décadas del derechista Partido Social Cristiano.
La situación se le complicó aún más a Lasso por las revelaciones del medio digital La Posta sobre una presunta trama de corrupción en empresas públicas en las que se señalaba como “padrino” al empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
A ello le siguió la divulgación de un informe policial archivado un año atrás sobre una investigación a una presunta red de narcotráfico que tenía entre sus objetivos de seguimiento al empresario Rubén Cherres, otro personaje cercano al oficialismo y supuestamente también a Carrera.
Esto llevó al Parlamento, de mayoría opositora, a formar una comisión para investigar los hechos y realizar un informe que recomienda abrir un juicio político a Lasso, bajo la premisa de supuestos delitos contra la seguridad del Estado y omisión en delitos contra la Administración pública, lo que fue aprobado el sábado por el pleno.
El gobierno, que siempre ha negado estar detrás de cualquier trama de corrupción y ha manifestado su interés en colaborar con cualquier investigación, rechazó con contundencia el informe parlamentario, al considerar que “carece de validez jurídica, no es vinculante”, además de “un verdadero atentado a la razón y al sentido común”.
Cualquier solicitud de juicio político deberá pasar ahora por la revisión de la Corte Constitucional, que debe decidir si existen fundamentos para abrir un proceso.
En caso de que la Corte Constitucional eche abajo la posibilidad del juicio político, desde la oposición ya se deslizó la posibilidad de utilizar otros mecanismos como declarar la “incapacidad mental” del mandatario para sacarlo del poder.
Uno de los primeros en manifestarse a favor de la salida de Lasso, incluso antes de que se conociera la presunta trama de corrupción en las empresas públicas del sector energético, fue Correa, quien consideró que no es necesario esperar a terminar el mandato presidencial para un cambio de gobernante. Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que tiene en Pachakutik a su brazo político, celebró la pasada semana un consejo ampliado en el que solicitó también la salida de Lasso.
