QUITO.- El país sudamericano ha sido escenario de una serie de hechos violentos en los que más de 30 personas, entre ellas un conocido alcalde, han perdido la vida en solo tres dias.
La situación ha empañado el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el próximo 20 de agosto, y ha forzado al presidente Guillermo Lasso a decretar un nuevo estado de excepción, el decimosexto desde mayo de 2021, en el sistema penitenciario.
Asimismo, el mandatario ha impuesto un toque de queda nocturno en dos provincias y en un municipio de una tercera región del occidente del país.
A continuación te presentamos tres claves para entender lo que está ocurriendo.
La ola de violencia se inició el fin de semana. El domingo el país quedó conmocionado con la noticia del asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, uno de los más populares, quien fue abatido a tiros mientras visitaba una obra.
En este hecho, que las autoridades calificaron de atentado, también murió Ariana Estefanía Chancay, una deportista que se había acercado al funcionario para pedirle una ayuda.
El asesinato del político se suma a otros que han ocurrido en los últimos meses. Una semana antes Rinder Sánchez, candidato a diputado por la también conflictiva provincia de Esmeraldas, fue baleado cuando cuatro sujetos pretendieron robarle su auto y en febrero dos aspirantes a alcalde murieron en sendos atentados.
La muerte de Intriago coincidió con un nuevo brote de violencia en las cárceles ecuatorianas. El sábado, reclusos del Centro de Privación de Libertad Guayas No 1, ubicado en Guayaquil, la segunda ciudad más poblada y donde está el puerto más importante de Ecuador, se enfrentaron entre ellos.
Las autoridades enviaron a 2.700 policías y militares a restaurar el orden y poner fin a los incidentes que dejaron 31 fallecidos, de acuerdo con los datos suministrados por la Fiscalía.
Durante esas labores los uniformados incautaron un arsenal conformado por fusiles de largo alcance, lanzagranadas, municiones y explosivos, reportaron las Fuerzas Armadas desde su cuenta de Twitter.
Horas después los presos de 13 de las 35 prisiones del país iniciaron una huelga de hambre y retuvieron a unos 100 custodios.
La respuesta de Lasso no se hizo esperar y decretó un nuevo estado de excepción. Aunque la medida sirvió para poner fin a la huelga de hambre, en el país son muchos que los dudan que la misma consiga poner fin a los recurrentes episodios de violencia que se viven en las prisiones y los cuales han dejado 400 muertos desde 2021, según organizaciones como Human Rights Watch.
Para rematar, en algunas ciudades y poblaciones se produjeron atentados y ataques con bombas contra establecimientos comerciales y vehículos particulares y de transporte público. Unas acciones que las autoridades consideran es la respuesta de los grupos criminales ante el estado de excepción.
Las provincias occidentales de Esmeraldas, Guayaquil y Manta han vuelto a ser los principales escenarios de la violencia que se ha vivido en los últimos días en Ecuador.
¿Por qué? Allí se hallan los principales puertos del país, unas infraestructuras muy codiciadas por los criminales, en particular los narcotraficantes.
“La principal problemática del Ecuador en relación con la geopolítica del narcotráfico está dada por su ubicación territorial junto a Colombia y Perú, principales productores de cocaína en el mundo, así como por la debilidad en los controles integrados de frontera que facilitan el ingreso de droga que posteriormente es transportada a puntos estratégicos del perfil costero y Guayaquil”, admitió la Policía Nacional de Ecuador en un informe publicado en julio.
En ese mismo reporte, el organismo de seguridad reconoció que el escaso control por parte del Estado sobre el territorio marítimo y aéreo facilita la salida de aeronaves y embarcaciones de terminales portuarias sin casi revisión.
Las condiciones antes descritas han favorecido la formación de organizaciones criminales nacionales y el arribo de otras internacionales y las estadísticas parecen corroborarlo. Desde 2019 las cantidades de droga incautada en el país sudamericano casi se ha triplicado, al pasar a 201 toneladas frente a las 79,5 de cuatro años antes, según el reporte.
Otra señal es que las tasas de homicidios se han disparado. El número de homicidios pasó de 1.088 en 2019 a 4.761 el año pasado y las autoridades sostienen que el 80% de estas muertes están relacionadas con el narcotráfico.
Sin embargo, unas cifras suministradas recientemente por la propia policía ponen en duda esta versión. El organismo aseguró que el 79% de las 3.568 personas asesinadas en el primer semestre de 2023 no tenían antecedentes penales.
No obstante, el ministro del Interior, Juan Zapata, ha insistido en los últimos meses en la tesis oficial y además ha ofrecido otro argumento: el aumento en la gravedad de los crímenes.
“Ahora ya no es la muerte selectiva unipersonal. Ahora los eventos son múltiples, no les importa disparar en un restaurante”, dijo el funcionario en enero pasado.
Pese a la gravedad del panorama, Zapata ha negado que todo el país esté bajo el control del crimen organizado. “Las muertes violentas están geolocalizadas. Ecuador tiene 24 provincias, el problema está en cinco, que son la ruta de la droga”, explicó.
Unas afirmaciones que la periodista ecuatoriana Carolina Mella, quien reside en Guayaquil, puso en duda. “La violencia ha comenzado a expandirse en todo el país. En el costa es porque el narcotráfico necesita los puertos, pero en la sierra es porque allí funcionan puntos de almacenamiento, incluso en Quito”, explicó.
Desde el Gobierno ecuatoriano han culpado del actual auge delictivo no solo a las organizaciones criminales, en particular a los narcotraficantes, sino a la desinversión de administraciones anteriores en materia de seguridad. Y, por ello, el ministro Zapata se trazó como meta elevar el número de policías hasta los 82.000 para 2024.
Sin embargo, hay quienes creen que esta receta no es la correcta.
“En Ecuador estamos viviendo una guerra contra las drogas (y tenemos un gobierno) que apunta a poner más policías y militares en las calles, pero que no hace nada por reducir el lavado de activos”, se quejó el analista Luis Carlos Córdova en conversación con BBC Mundo.
“Mientras se juega al gato y al ratón, persiguiendo a pandilleros y distrae hacia la seguridad enormes cantidades de recursos que deberían ir a la inversión social, (el gobierno) no hace nada por romper las estructuras económicas del crimen organizado”, denunció el investigador del proyecto Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Quito.
Córdova cree que el gobierno debería enfocar más recursos a la educación, particularmente para combatir la deserción escolar y evitar así que los jóvenes terminen las filas de las organizaciones criminales.
Y también abogó por reforzar los controles sobre los cuerpos policiales y los militares para combatir sus posibles nexos con los delincuentes.
En cuanto a la crisis carcelaria, al firmar el decreto de estado de excepción el presidente Lasso mostró confiado que la medida permitirá “actuar con mayor contundencia para someter a los delincuentes” dentro y fuera de las cárceles. Un optimismo que sus opositores no comparten.
“Este tema no pasa por un decreto de excepción. Estamos de decreto en decreto.Hemos vivido 16 decretos. ¿Qué han resuelto? Absolutamente nada”, dijo la candidata presidencial Luisa González, cercana al expresidente Rafael Correa.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reclamado de las autoridades ecuatorianas que combatan el hacinamiento carcelario, por considerar que incentiva la violencia y el surgimiento de actividades ilícitas como la extorsión a presos por parte de bandas organizadas.
Hasta 2022 en las prisiones ecuatorianas había 36.599 personas, pese a que sólo tenían capacidad para albergar a 30.169. Y cuatro centros presentaban un hacinamiento del 95%, denunció la CIDH en un informe.
Por último, Córdova no descartó que los sucesos de las últimas horas coloquen a la inseguridad nuevamente en el primer lugar en la agenda de los candidatos presidenciales y que quienes respalden las tesis «bukelistas» salgan beneficiados.
