QUIENES NO SEAN REGISTRADOS SERÁN ENJUICIADOS Y MULTADOS
El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la creación de un registro para personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal marca un paso significativo en las políticas migratorias del país.
Según lo descrito, este registro requeriría que toda persona indocumentada mayor de 14 años proporcione datos personales clave, como huellas dactilares y una dirección, bajo la amenaza de multas o prisión en caso de no cumplir. El gobierno justifica esta medida con una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y la enmarca como parte de un esfuerzo más amplio para cumplir promesas de campaña relacionadas con deportaciones masivas y el control fronterizo.
Este enfoque no es completamente nuevo. Ya en su primer día como presidente, Donald Trump firmó órdenes ejecutivas que incluían planes iniciales para un registro de este tipo, instando al DHS a hacer pública la obligación de los extranjeros no registrados de cumplir con la ley. Sin embargo, la implementación práctica de esta política plantea preguntas importantes. Por ejemplo, no está claro cuántas personas estarían dispuestas a presentarse voluntariamente, considerando que esto implica revelar su identidad y ubicación a un gobierno que ha dejado claro que busca deportar a quienes han cometido delitos, un grupo que podría ampliarse con el tiempo.
Organizaciones como el National Immigration Law Center han expresado preocupación, señalando precedentes históricos como la Ley de Registro de Extranjeros de 1940. En ese caso, el registro se usó para identificar posibles amenazas a la seguridad nacional, pero también sirvió como herramienta para señalar a personas específicas. El grupo advierte que este nuevo registro podría tener un propósito similar: facilitar la identificación, detención y deportación de indocumentados, incluso más allá de los que tienen antecedentes penales.
En términos prácticos, el éxito de esta medida dependerá de cómo se diseñe el proceso —el formulario y los mecanismos que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración promete desarrollar— y de cómo respondan las comunidades afectadas. Históricamente, iniciativas de este tipo han generado desconfianza, lo que podría llevar a un cumplimiento bajo, aumentando a su vez la presión sobre las autoridades para perseguir a quienes no se registren. Esto, combinado con la suspensión de representación jurídica para niños migrantes, podría complicar aún más la situación de los indocumentados, especialmente de los más vulnerables, en un sistema que parece endurecerse.
LRS
