-Aplicarán prisión menor y multa a quienes utilicen certificados médicos falsificados-
Redaccion Teclalibre. Santo Domingo, R.D. – Desde el patio de los tribunales hasta la oficina más informal, el abuso de los certificados médicos para burlar citas judiciales y jornadas laborales encontró, por fin, su contrapeso legal. El nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026, incorpora en su artículo 354 sanciones que van de uno a dos años de prisión menor y multas de tres a seis salarios mínimos del sector público para quienes expidan o utilicen de forma fraudulenta estos documentos falsos.
Según explicó el abogado Amadeo Peralta, la costumbre de presentar «licencias» de hasta 15 días por un supuesto golpe de calor se había convertido en “relajo” en nuestros tribunales. Muchos imputados aprovechaban esa ventana para dilatar audiencias bajo la “obligación” de los jueces de salvaguardar el derecho a la salud. El resultado: procesos judiciales que se eternizaban mientras caían certificados por WhatsApp, sin más sustento que un “doctor” de oportunidad.
El mal hábito no se limitaba al fuero penal. Empleados, víctimas de sus propias parrandas de fin de semana —con rumba, chercha y teteo incluidos—, solían enviar partes médicos el lunes para librarse de su jornada laboral, exigiendo el pago íntegro por un día de “reposo” post-resaca. Con la nueva norma en marcha, cualquiera que haga uso de ese certificado falso afrontará las mismas penas de prisión menor y multa.
El párrafo segundo del artículo 354 agrava las sanciones a dos o tres años de prisión menor y multas de nueve a quince salarios mínimos cuando:
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Un médico forense o profesional de la medicina del sector público firma el certificado falso en el ejercicio de sus funciones.
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La falsedad del documento conlleve a que una persona sana sea internada en un hospital o centro de salud mental, o se la exima de responsabilidad penal que de otro modo habría enfrentado.
Con esta reforma, el legislador busca poner fin al “negocio de la holgazanería y la procrastinación judicial”, obligando a profesionales y simuladores por igual a responder ante la ley. La medicina y la justicia recuperan así la seriedad que el abuso de un simple papel había socavado.
