¿Seguridad nacional o sumisión geopolítica?
Análisis editorial TeclaLibre
En el Decreto 500-25, promulgado por el presidente Luis Abinader, se declara al denominado Cártel de los Soles como organización terrorista y lo vincula directamente al Gobierno de Venezuela. Una medida que, más allá de lo jurídico, abre un nuevo campo de tensiones políticas y diplomáticas en el Caribe.
El Partido Comunista del Trabajo (PCT), encabezado por Manuel Salazar, ha reaccionado calificando la decisión como una expresión de “sumisión” a los intereses de Washington y, en particular, a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump. En su comunicado, emplazó al Gobierno dominicano a dejar de ser “instrumento de agendas externas” y a priorizar las urgencias sociales y económicas del país.
La decisión dominicana se inscribe en un contexto de fuerte presión internacional. Washington ya había acusado en julio al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico bajo la etiqueta de Cártel de los Soles. Esa narrativa justificó la presencia de buques y misiles estadounidenses en aguas del Caribe, lo que no tardó en encontrar eco en Santo Domingo.
El decreto instruye a los organismos de inteligencia y seguridad nacional a prevenir eventuales incursiones del grupo en territorio dominicano o contra intereses del país en el exterior, apelando al mandato constitucional de combatir amenazas criminales transnacionales.
Pero la pregunta queda en el aire: ¿se trata de una necesidad estratégica real de República Dominicana o de un alineamiento automático con la agenda de la Casa Blanca?
Maduro denunció que la ofensiva responde a un guión preescrito: “una falsa narrativa del narcotráfico” que sirve de pretexto para el despliegue militar estadounidense en la región.
En este marco, las relaciones bilaterales se han tensado: el intercambio reciente de declaraciones entre funcionarios venezolanos y dominicanos evidencia que la política exterior dominicana ha entrado en un terreno más delicado de lo que parece.
El decreto muestra una postura firme en materia de seguridad transnacional, pero deja la duda de si responde más a intereses propios o a mandatos externos.
Con la militarización estadounidense frente a Venezuela, Santo Domingo se ubica inevitablemente en medio de un pulso regional de alto riesgo.
Mientras tanto, crece la crítica sobre el desvío de atención de los problemas locales —desempleo, inflación, servicios públicos— hacia amenazas aún abstractas.
El Decreto 500-25 se presenta como una medida de seguridad, pero en el fondo refleja un dilema político mayor: ¿proteger a la nación o servir como engranaje de la estrategia estadounidense en el Caribe?
El tiempo dirá si este movimiento fortalece la seguridad nacional o si simplemente abre un nuevo frente de controversias que poco aportan a las urgencias del pueblo dominicano.
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