El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha declinado asistir este lunes en La Haya al inicio de las audiencias de confirmación de cargos en su contra ante el Tribunal Penal Internacional (TPI). La Fiscalía le acusa de tres cargos de crímenes contra la humanidad por las campañas antidroga que supervisó entre 2011 y 2019, mientras estuvo en el poder, tanto como alcalde de la localidad de Davao como al frente de la presidencia. Durante la presentación de las pruebas, los abogados de Duterte han argumentado que solo autorizó el uso de la fuerza en “defensa propia”. Los fiscales, sin embargo, le señalan como “autor indirecto” de asesinatos y tentativa de asesinatos en una operación que, según el Gobierno filipino, costó la vida a 6.252 personas. En 2020, Naciones Unidas calculó que el número total de muertos ascendió a al menos 8.663.
En esta fase de la causa, la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI evaluará si hay motivos fundados para creer que Duterte cometió los delitos que se le imputan. En tal caso, decidirán en un plazo de 60 días si procede abrir un juicio formal. La ONG Human Rights Watch, que cita a otras organizaciones similares, calcula que pudo haber hasta 30.000 muertes extrajudiciales en el periodo descrito.
Según el pliego de cargos, el expresidente filipino “autorizó los asesinatos, designó a los que tenían que ejecutar sus órdenes y dijo públicamente que lo haría él mismo, cuando era alcalde de Davao [la segunda ciudad más grande del archipiélago]”, según ha afirmado Mame Mandiaye Niang, fiscal adjunto del caso. La acusación considera que se produjo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, “en Davao, y luego a escala general, mientras [Duterte] controlaba y aplicaba el plan”. La fuerza encargada de perpetrar los ataques era el Escuadrón de la Muerte de Davao, cuyo jefe era el depuesto presidente filipino. Un modelo que, para la Fiscalía, “se amplió a lo nacional”.
Los tres cargos de crímenes contra la humanidad de los que Duterte puede ser considerado penalmente responsable se describen de la siguiente manera: nueve de los incidentes resultaron en al menos 19 ejecuciones extrajudiciales en Davao. Ya como presidente, se cuentan por lo menos otros cinco relacionados con 14 asesinatos de presuntos delincuentes en distintos lugares del país. Además, una treintena de incidentes relativos a otros 45 asesinatos e intentos de asesinato durante “operaciones de limpieza” llevadas a cabo en aldeas y barrios de Filipinas.
Durante su intervención, el fiscal Mandiaye Niang ha recordado “las numerosas veces que Duterte advirtió, como alcalde y luego desde la presidencia, que mataría a los que consideraba relacionados de alguna manera con las drogas”. El TPI, ha concluido el fiscal, “no puede reunir a las víctimas con sus seres perdidos, pero puede hacer justicia”.
Con la renuncia a su derecho a comparecer ante la sala, Duterte ha redactado una carta donde dice “soy viejo, estoy cansado y frágil”. Ha añadido que no asistirá a un proceso judicial que “olvidará en pocos minutos”. El expresidente, que no reconoce la autoridad del TPI, considera que ha sido secuestrado. Fue arrestado en Manila el 11 de marzo de 2025, tras una orden de detención del tribunal hecha efectiva a través de Interpol. Rechaza todos los cargos contra su persona y aduce que solo autorizó el uso de la fuerza “en defensa propia”.
En el turno de la defensa, Nicholas Kaufman ha presentado a Duterte como “un hombre del pueblo que habla en su misma lengua, sin los matices de la diplomacia”. Ha subrayado que “eso es lo que le ha arrojado a la celda que hoy ocupa: una campaña financiada por las ONG que imprime informes con fotos de las familias en la escena del crimen, preparadas para sensibilizar a la gente”. Tras lo que ha señalado que los fotógrafos y periodistas “ganan premios con sus historias que acaban llegando hasta este tribunal”. Kaufman ha advertido que los casos se sustentan “en base a pruebas”, y que demostrarán que los apasionados discursos de Duterte “mencionaban la defensa propia [en la guerra contra las drogas] y no, como dice la Fiscalía, la incitación a matar”. Por su parte, Sara Duterte, hija del expresidente y actual vicepresidenta filipina, ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones de 2028.
Los jueces han admitido la participación de 539 víctimas a través de sus representantes legales. Uno de estos, Joel Butuyan, ha dicho “que no hay paz o descanso para los familiares de los asesinados”. A pesar de que Duterte está en prisión provisional, “el clima de impunidad sigue activo, y hay ‘mini dutertes´que acosan a las familias, que viven con miedo dentro y fuera del país”, ha denunciado esta víctima. En una rueda de prensa previa a las audiencias, otro familiar, Llore Pasco de 71 años, ha recordado que sus dos hijos nunca regresaron del trabajo en mayo de 2017. Sus cuerpos fueron hallados más tarde acribillados a balazos. El abogado Butuyan ha indicado que “el acoso a las víctimas continúa en Filipinas, y la única forma de neutralizarlo es que se abra un juicio y puedan testificar para que se vea la dimensión de lo ocurrido”. “La verdad es lo que inmuniza contra el virus de la impunidad”, ha concluido.
