“Lo siento, estoy lidiando con los topógrafos del muro fronterizo y no puedo contestarte hasta más tarde. Tengo que vigilar que no traspasen mi propiedad”. Así respondía Elsa Hull un domingo temprano en la mañana a la solicitud de entrevista de EL PAÍS. Hull posee tres acres de tierra en San Ygnacio, condado de Zapata, al sur de Texas. Lleva más de 25 años viviendo en el área, cerca del río Grande, o Bravo, como se le conoce desde América Latina. Ahí crio a su familia y construyó un santuario para aves. Sin embargo, la Administración de Donald Trump pretende levantar un muro de acero “en la zona ribereña junto a mi propiedad, con la zona de vigilancia extendiéndose por mi patio delantero e incluso posiblemente por mi casa”. Decenas de personas en Texas están peleando contra esta situación provocada por el proyecto Operation River Wall, que planea instalar también más de 800 kilómetros de boyas flotantes en el cauce del río.
Solo en los condados de Webb y Zapata, los planes del Gobierno federal incluyen 173 kilómetros de muro y 246 kilómetros de boyas, todo financiado con los 46.500 millones de dólares que el Congreso aprobó el año pasado en la reforma fiscal del presidente. Se trata de una infraestructura que, según los expertos, amenaza con convertir el único suministro de agua potable para unas 15 millones de personas en una zona de riesgo irreversible, además de afectar la propiedad y la vida cotidiana de gente como Hull.
“Incluso si mi casa se salva, viviré bajo la sombra de un muro. Mi privacidad quedaría destruida con todas las cámaras y sensores vigilando cada uno de mis movimientos. Nunca me sentiría segura de nuevo”, señala ella.
Ricardo De Anda lleva 50 años ejerciendo como abogado en la ciudad de Laredo, en el condado Webb. Es dueño de un rancho cercano al río Grande. Hace menos de un mes, recibió una notificación del Gobierno Trump. Según cuenta, quieren parte de su tierra para construir el muro. “Estoy dispuesto a hablar con ellos para que me hagan una oferta”, dice. “Y cuando no lleguemos a un acuerdo, que me demanden. Los estoy esperando”. De Anda ha visto crecer el río durante décadas y sabe lo que puede ocurrir si se lleva a cabo el plan. “Estamos hablando de una metrópolis de 800.000 personas con un río en medio de nosotros”, señala. “Cuando uno se pone en contra de la naturaleza, la naturaleza siempre gana”.
De acuerdo con Martín Castro, director de Ciencias de la Cuenca del Centro Internacional de Estudios del Río Grande (RGISC, por sus siglas en inglés), el río ya está bajo una presión extrema, puesto que las dos presas que regulan el caudal en la zona llevan años en niveles críticos por la sequía. “Si la región continúa sin recibir suficiente lluvia para reponer los niveles de las presas, vamos a tener situaciones como la que vimos en Monterrey en 2022”, advierte el experto, refiriéndose al año en que la ciudad mexicana tuvo que racionar el agua por barrios, debido al agotamiento de sus presas. “Eso puede pasar aquí en Laredo”.
Las leyes suspendidas y la gravedad del riesgo
Para comenzar su proyecto, la Casa Blanca necesitaba eliminar obstáculos legales. En julio pasado, el Departamento de Seguridad Nacional firmó una primera exención para el tramo de Brownsville. Cinco meses después, firmó otra que suspendió más de 30 leyes federales en un tramo de 160 kilómetros entre Brownsville y Rio Grande City. Entre las normativas suspendidas se encuentran la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Especies en Peligro de Extinción, la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua y la Ley de Agua Potable Segura.
Castro, del RGISC, asegura que dichas leyes no quedaron sin efecto en ninguna otra parte del país. “Nomás lo hacen en una región específica, que es la frontera con México”, dice.
Las suspensiones traen como consecuencia que el Gobierno federal no esté obligado a publicar sus planes de diseño ni a realizar los estudios que normalmente preceden a cualquier obra de este tipo. “Sin los datos, sin esos estudios, no sabemos cuáles van a ser los impactos”, apunta Castro. “Las comunidades en la frontera están volando ciegas”.
Mark Tompkins, ingeniero civil y geomorfólogo fluvial con casi 30 años de experiencia en proyectos de ríos en Estados Unidos, hizo un análisis técnico sobre el impacto del proyecto en los condados de Webb y Zapata, compartido en marzo pasado con el RGISC. “Dado que no existe un registro público disponible que documente el diseño del sistema propuesto, es totalmente posible que cause riesgos aún mayores de los que indica mi análisis”, señala.
De acuerdo con el informe, cuando el río se desborda en condiciones normales, el agua se dispersa por las llanuras que bordean el cauce. Sin embargo, el muro fronterizo actúa como una “chaqueta de fuerza” que impide esa dispersión, concentrando el flujo y aumentando la altura y la velocidad del agua.
Por otra parte, las boyas obstruyen hasta el 8% del ancho del cauce y funcionan como una trampa para los escombros que suelen arrastrar las crecientes. Esos restos de árboles, basura y sedimentos se acumulan en las cadenas de boyas hasta que la presión las desprende. Las secciones arrancadas viajan río abajo y se enroscan en los pilares de los puentes.
Laredo tiene cinco puentes internacionales ubicados en zonas de inundación. Todos figuran en el informe como infraestructura en riesgo directo. También aparecen las plantas tratadoras de agua potable a ambos lados del río.
“No es cuestión de si va a fallar. Es cuestión de cuándo”, asegura Tompkins en su estudio. “El problema es que no sabemos dónde ocurrirá, creando esta enorme vulnerabilidad. Esto es realmente sin precedentes en mi experiencia”.
En septiembre de 2023, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno publicó un informe sobre el impacto de la primera oleada de construcción del muro de Trump, entre 2017 y 2021. El documento asegura que el sistema de barreras fronterizas ya había interrumpido el flujo natural del agua durante lluvias intensas. También documentó una erosión tan severa que, según el informe, estaba “amenazando la integridad del sistema de barreras”.
Por otra parte, en julio de 2023, el Gobierno de Texas instaló unos 300 metros de boyas esféricas en el río Grande, a la altura de Eagle Pass. Lo que ha ocurrido desde entonces, según los científicos, puede dar una idea de lo que puede venir.
Hull participó en diciembre pasado en un estudio de campo sobre esas boyas. Según explica, están hechas de plástico, lo cual genera riesgo de contaminación. “Los microplásticos serán liberados al agua a medida que las boyas se deterioren con el sol y la erosión”, alerta. “Estos materiales están vinculados al cáncer y al daño de órganos en los seres vivos, así que afectarán la cadena alimentaria y nuestra agua potable”.
De acuerdo con Hull, el impacto tendrá proporciones internacionales, puesto que “el Valle del Río Grande es una de las mayores zonas agrícolas de Texas y sus productos llegan a todo Estados Unidos, Canadá y México”.
Adriana Martínez, geomorfóloga fluvial de la Universidad de Southern Illinois que lleva años estudiando el impacto de las boyas, confirmó en sus investigaciones que el flujo se está desviando hacia el lado americano del río. “Cualquier movimiento de sedimento en el río afecta la calidad del agua aguas abajo”, declaró a medios locales. “Toda la región usa esa agua para beber”.
“Ciudadanos de segunda clase”
Hull ha luchado contra el muro de Trump desde 2019, cuando fue una de las demandantes originales en el pleito de Earthjustice contra el proyecto. Dos años más tarde, la Administración Biden canceló los contratos en Laredo. Ahora, Hull ha vuelto a dar la pelea. “Es muy desalentador y frustrante y te da rabia pensar que ganas un poco de terreno en un nivel y luego te sorprenden porque tienes que empezar de nuevo”.
Su propiedad, donde ha documentado más de 150 especies de aves y animales silvestres, incluidos tortugas y serpientes amenazadas, aparece en el mapa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en el trayecto del muro. Sin embargo, la Administración federal no le ha notificado nada al respecto. “Ni siquiera he recibido correspondencia del Gobierno sobre sus intenciones respecto a mi propiedad”, afirma.
Mientras tanto, el abogado De Anda y un grupo de personas afectadas se están preparando para impugnar el proceso. Su estrategia legal apela directamente a la Constitución. “Aunque nos hayan quitado las leyes que se usan en tiempos modernos para proteger la salud pública, no pudieron quitarnos nuestros derechos constitucionales”, dice De Anda. “El Gobierno no puede tomar acción arbitraria o caprichosa que afecte nuestra vida y nuestra propiedad”.
Para ellos, el muro no es solo una cuestión migratoria. “Con arrestos de la Patrulla Fronteriza en mínimos históricos en toda la frontera sur, y con Laredo clasificada como una de las ciudades más seguras de Texas, no tiene ningún sentido forzar un sistema de barreras de varios miles de millones de dólares en nuestra área”, asegura Hull.
“No se trata de seguridad fronteriza”, añade. Según ella, “se trata de un gobierno que se apodera de nuestras tierras y nuestro río para adjudicar contratos de construcción y llenar los bolsillos de sus donantes políticos. Se trata de un gobierno tomando el control de nuestra única fuente de agua potable. Se trata de un gobierno que trata a los residentes de la frontera como ciudadanos de segunda clase que no merecen los mismos derechos y protecciones que el resto del país”.
