Desde el 3 de enero, Venezuela ha abierto las puertas de sus recursos naturales a Estados Unidos. Primero, fue el petróleo. El crudo sacado de los pozos venezolanos ha vuelto al que por años fue su principal cliente y Washington ha correspondido con las licencias para que esto ocurriera. Luego, el Parlamento al mando de Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, modificó la ley de hidrocarburos y hace unos días se concretó la firma de un primer contrato con Shell. El esquema se repite ahora para la explotación minera.
El secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, abrió el camino durante su visita de dos días de la semana pasada, en la que también coincidieron representantes de una veintena de empresas de minerales de Estados Unidos, muchas de ellas operadoras en Venezuela en el pasado que terminaron yéndose por las expropiaciones durante el Gobierno de Hugo Chávez.
A su regreso a Washington, se emitió una licencia que autoriza transacciones con la estatal venezolana de minería de oro de Minerven. Según la licencia, como también ocurrió con el petróleo, las personas y empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no están autorizadas a celebrar contratos con Minerven. Un día después llegó a Estados Unidos el primer cargamento de oro valorado en 100 millones de dólares que, según Burgum, será destinado tanto a usos industriales como comerciales.
“Venezuela cuenta con 500.000 millones de dólares en recursos de oro, pero también tiene otros minerales críticos como la bauxita para el aluminio, que necesitamos para la defensa y bienes de consumo”, dijo el funcionario en una entrevista a un medio estadounidense a su regreso. “También tienen recursos de carbón que pueden utilizarse para generar energía”, añadió.
El Parlamento venezolano discute ahora una nueva ley de minería que entró en agenda este martes. La norma busca “establecer nuevas reglas para el manejo de los recursos minerales del país”. Durante la presentación, los parlamentarios señalaron que se contemplan la seguridad jurídica, la inversión extranjera y la incorporación de nuevas figuras de contratación para la administración de los recursos mineros. Son los aspectos que también centraron la reforma de la ley de hidrocarburos, pero aún falta debate para su aprobación.
Burgum ha asegurado que el Gobierno de Venezuela dio garantías de seguridad a las compañías mineras interesadas en invertir en el país. La referencia a la seguridad fue reiterada en varias oportunidades en las declaraciones del funcionario en el país. Pero las zonas ricas en minerales, ubicadas al sur del país, han estado controladas por guerrilleros, bandas criminales y otros grupos ilegales durante mucho tiempo.
Cuando Donald Trump inició el año pasado el cerco contra Nicolás Maduro, puso en evidencia su interés en los recursos del país sudamericano. El despliegue de buques militares en el Caribe fue acompañado de declaraciones en las que el mandatario republicano aseguraba que Venezuela le había robado el petróleo a Estados Unidos. La intervención militar y la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores terminaron de precipitar los planes.
Además de poseer las mayores reservas de petróleo del mundo, la nación caribeña cuenta con enormes yacimientos de gas —los sextos a escala global—; grandes reservas de oro, las más importantes de América Latina; hierro, en el puesto 12 mundial; bauxita, en el 15; y diamantes. Antes del colapso chavista, el país había logrado avances significativos en la explotación y exportación de varios de estos rubros, en particular petróleo, gas, mineral de hierro y productos transformados de aluminio y acero, pilares de la Venezuela contemporánea.
A todo ello se suma una dotación relevante de las llamadas “tierras raras”, en especial coltán y torio, elementos químicos con propiedades magnéticas y de conductividad esenciales para la tecnología moderna: teléfonos móviles, vehículos eléctricos, armamento y energías renovables. Las llamadas arenas negras —un mercado dominado ampliamente por China— emergen como un botín que el presidente de Estados Unidos aspira a quitar a su rival comercial con el restablecimiento de las relaciones en Venezuela, a través de una transición política tutelada desde Washington.
Este año se cumple una década desde que Maduro firmó el decreto para la creación del Arco Minero del Orinoco, una franja de 112.000 kilómetros que abarca casi 12% del territorio nacional, en busca de nuevos ingresos para un país que tenía a su industria petrolera en ruinas. El chavismo condicionó al oro su supervivencia, que peligró cuando en 2019 llegaron las sanciones petroleras.
El líder chavista hoy preso en Nueva York llegó a repartir minas a gobernadores, alcaldes y ministros para que cubrieran el gasto fiscal. En la comercialización del oro, el chavismo se ha asociado con Turquía y Sudáfrica. En la producción, sin embargo, opera una red de “alianzas estratégicas” con empresas cercanas a la élite gobernante, bajo la tutela de la Corporación Venezolana de Minería. Estas conviven con actores irregulares como la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y bandas criminales como el Tren de Aragua.
El balance es el de una devastación. Lejos de convertirse en un polo de desarrollo, el Arco Minero del Orinoco se ha transformado en un peligroso agujero de criminalidad, corrupción política y militar y contrabando, con el telón de fondo de un gran desastre ambiental que ha expandido la frontera de extractivismo a áreas naturales protegidas de los estados Bolívar y Amazonas. No se hace una minería de gran escala como la que aspiran a desarrollar las empresas estadounidenses interesadas en regresar al país, sino una explotación caótica y descontrolada, impulsada por el aumento global del precio de la onza de oro.
En informes de Naciones Unidas se han documentado graves violaciones de derechos humanos en este territorio que incluyen esclavitud y trata. Para algunos ambientalistas, lo extraído de las minas venezolanas puede considerarse “oro de sangre”. La organización S.O.S. Orinoco, que durante años ha denunciado la crítica situación en las zonas mineras, ha advertido que la licencia 51 otorgada por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero a Minerven “mantiene el ecocidio y blanquea la riqueza criminal”.
En un comunicado, la ONG ha criticado que “la agenda proempresarial” ignora el sur de Venezuela como zona minera devastada por el conflicto que aún existe. “Estados Unidos se está convirtiendo en copartícipe del saqueo de nuestro patrimonio natural, recompensando la estructura de un régimen que continúa violando los derechos humanos y ambientales. El gobierno estadounidense es ingenuo al pensar que estas licencias reducirán el contrabando o la minería insostenible”.
